Ley Bases y Paquete Fiscal: Miles logra "instrumentos" para gobernar

**El ambicioso plan de Milei: un vistazo a la Ley Bases y el paquete fiscal**

Índice

Cambios profundos en la administración pública

La Ley Bases introduce un nuevo esquema en la interacción entre los ciudadanos y el Estado. Su objetivo es garantizar ciertos derechos a las personas y simplificar los trámites.

La administración pública ya no podrá solicitar documentos o informes previamente presentados, como en el caso del Certificado Único de Discapacidad.
Además, si la administración pública no responde a una solicitud específica en el tiempo estipulado, se activará el silencio positivo, otorgándose lo solicitado automáticamente. Esto excluye áreas sensibles como salud pública, medio ambiente y servicios públicos.
Incluso se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas.

Modificaciones en la relación con el Estado

La Ley Bases también propone modificaciones en la relación con el Estado. Bajo el título "Simplificación Administrativa", busca agilizar los trámites:

Los empleados públicos de organismos sujetos a reestructuración podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados.

Una vez vencida la licencia, podrían ser puestos en disponibilidad. Además, se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas.

Además, los empleados que cumplan con los requisitos de jubilación podrían ser exhortados a iniciar los trámites previsionales.
Estos cambios pretenden mejorar la eficiencia y transparencia en la función pública.
Incluso se permite que los organismos públicos contraten personal temporario para cubrir tareas específicas por un período máximo de 12 meses, renovables por única vez.

Delegación de poderes al Ejecutivo mediante declaración de emergencia

El artículo 1° de la Ley Bases declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un (1) año. Esta declaración habilita la delegación de poderes al Poder Ejecutivo Nacional para adoptar medidas extraordinarias.

La delegación de facultades se enmarca en el artículo 76 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.
Esta medida busca otorgar al gobierno la flexibilidad necesaria para enfrentar la situación de crisis.

Javier Milei, Presidente de la Nación "Estas leyes son fundamentales para llevar adelante nuestra visión de país. Nos permitirán simplificar la administración pública, agilizar los trámites y mejorar la eficiencia del Estado."

Impacto en la situación de los empleados públicos

La Ley Bases contempla medidas que afectan la situación de los empleados públicos. Los empleados de organismos sujetos a reestructuración podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año.

Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad.

No serán afectados los empleados que sean delegados sindicales con mandato vigente o que estén de licencia por motivos como enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio.

Reformas tributarias y paquete fiscal

Junto con la Ley Bases, el Gobierno promulgó un paquete fiscal que incluye reformas al Impuesto a las Ganancias y al de Bienes Personales.

El paquete fiscal busca reducir la presión tributaria, simplificar el sistema impositivo y promover la inversión y el crecimiento económico.
Entre las medidas más destacadas, se introduce un nuevo mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias y se reducen las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales.

Declaración de emergencia

En el marco de la Ley Bases, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Esta declaración habilita al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la situación de crisis. Entre ellas, se encuentra la facultad de reasignar partidas presupuestarias y suspender o modificar contratos.

La declaración de emergencia busca otorgar al gobierno la flexibilidad necesaria para tomar medidas urgentes y necesarias para superar la crisis.

Medidas extraordinarias en materia económica

Las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la declaración de emergencia pública incluyen la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias en materia económica.

Entre estas medidas, se destaca la facultad de reasignar partidas presupuestarias, suspender o modificar contratos y establecer nuevos impuestos o modificar los existentes.

El objetivo de estas medidas es brindar al gobierno las herramientas necesarias para enfrentar la crisis económica y promover la recuperación.

Ajuste del gasto público

En el marco de la declaración de emergencia pública, el Poder Ejecutivo Nacional también podrá implementar medidas de ajuste del gasto público.

Estas medidas pueden incluir la reducción de partidas presupuestarias, la suspensión de proyectos y la eliminación de programas y servicios no esenciales.

El objetivo de estas medidas es reducir el déficit fiscal y mejorar la situación financiera del Estado.

Renegociación de la deuda pública

El Poder Ejecutivo Nacional también podrá negociar con los acreedores la reestructuración o refinanciación de la deuda pública.

El objetivo de estas negociaciones es reducir la carga de la deuda y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La renegociación de la deuda puede implicar la extensión de plazos, la reducción de intereses o la quita de capital.

Medidas de estímulo a la inversión

Además de las medidas de ajuste y renegociación de la deuda, el Poder Ejecutivo Nacional también podrá implementar medidas de estímulo a la inversión.

Estas medidas pueden incluir exenciones impositivas, subsidios y líneas de crédito a bajo interés.

El objetivo de estas medidas es promover la inversión privada y generar empleo.

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