Ley de Emergencia propuesta por el Gobierno: ¿Qué dicen los Diputados?
El proyecto de Ley de Emergencia en Santa Cruz, al que TiempoSur tuvo acceso, establece medidas para enfrentar la crisis económica y financiera en la provincia. El artículo 1 declara el estado de emergencia en la Administración Central y sus organismos, así como en empresas y sociedades estatales, por un año a partir de la promulgación de la ley. Esta declaración también abarca la prestación de servicios públicos y la ejecución de contratos a cargo del sector público. El estado de emergencia puede ser prorrogado una vez por el mismo período.
El artículo 2 permite al Ejecutivo intervenir en todos los entes, empresas y sociedades. El artículo 3 faculta al Poder Ejecutivo para transformar la estructura legal de estos entes, empresas y sociedades, dentro de las formas jurídicas establecidas por la legislación vigente. Además, se le otorga la facultad de crear nuevas empresas o sociedades a través de la escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes, reorganizando y reestructurando sus funciones y objetivos, sin alterar los montos presupuestarios autorizados ni comprometer avales o garantías oficiales.
Durante la vigencia de la emergencia, el artículo 4 suspende los subsidios y subvenciones que afecten los recursos del Tesoro Provincial. Por otro lado, el artículo 5 suspende la pauta publicitaria, con excepciones. En cuanto a las remuneraciones del Poder Ejecutivo, el artículo 6 establece que no podrán superar el 95% de la remuneración total del Gobernador de la Provincia.
El proyecto de ley también incluye disposiciones sobre la planta de personal, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras, así como las sentencias en contra del Estado Provincial. Además, se detallan las formas en que la Provincia puede brindar asistencia a los municipios.
Este proyecto de ley busca tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis económica y financiera en Santa Cruz, con el objetivo de estabilizar la situación y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
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