Ley de Glaciares: Gobierno busca flexibilizar la protección para impulsar la minería y atraer inversiones.
El gobierno que encabeza Javier Milei incluyó como último punto del temario de las Sesiones Extraordinarias convocadas hasta el 30 de diciembre, al Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial – Ley Nº 26.639. El mismo será girado al Congreso este miércoles por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Objetivo de la Reforma
La reforma impulsa una redefinición de la noción de “ambiente periglacial” y trasladar su regulación desde el Estado nacional hacia las provincias. Los promotores del cambio argumentan que la definición vigente de “periglaciar” es demasiado amplia e imprecisa.
Esa vaguedad, según sostienen, permite que demandas judiciales o ambientales frenen proyectos productivos aun cuando no haya glaciares propiamente dichas. El Gobierno nacional comparte este concepto.
La reforma plantea devolver a las provincias la capacidad de definir qué áreas, en función de sus estudios técnicos locales, deben seguir protegidas. El objetivo explícito es destrabar inversiones mineras e hidrocarburíferas estratégicas, especialmente en zonas cordilleranas ricas en minerales como cobre, litio u otros.
Definiciones y Prohibiciones Actuales
La Ley 26.639 define glaciares como “toda masa de hielo perenne, estable o en lento desplazamiento” y considera periglaciar a zonas de media y alta montaña donde suelos congelados o saturados de hielo actúan como reservas de agua dulce.
Bajo esta norma, están prohibidas en esas zonas actividades mineras, hidrocarburíferas, construcción de infraestructura, tratamiento de sustancias tóxicas, etc.
Argumentos a Favor y en Contra
Quienes defienden la modificación sostienen que la actual extensión de la protección abarca zonas donde no hay hielo real ni reservas hídricas relevantes, y que por ello muchas provincias siguen sin poder desarrollar su potencial minero.
En cambio, especialistas ambientales alertan que el “ambiente periglacial” incluye formaciones con suelos congelados o glaciares de escombros que sí regulan caudales y recargas de cuencas. Recortar esa protección implica poner en riesgo fuentes clave de agua dulce, biodiversidad y sostenibilidad hídrica.
Posiciones Provinciales
Gobiernos provinciales de zonas mineras, en particular los vinculados a la llamada Mesa del Cobre —como las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy— respaldan la reforma.
Según funcionarios y gobernadores, garantizar que cada provincia determine sus áreas periglaciares representa un acto de “federalismo ambiental” y una forma de impulsar desarrollo e inversiones.
Desde algunas legislaturas provinciales, el cambio es visto como una oportunidad para atraer capital, generar empleo y dinamizar economías locales, tras años de trabas vinculadas a la normativa actual.
No todas las provincias han expresado complacencia con los cambios. En particular el caso de Santa Cruz han existido expresiones de preocupación pero la jurisdicción tiene su propia protección.
Reacciones y Normativa en Santa Cruz
Los diputados de Unión por la Patria alertaron que modificar la ley “representa una amenaza directa a la democracia, al equilibrio ecológico y a los derechos de las futuras generaciones”.
En Santa Cruz existe ya una normativa provincial —Ley 3123— que protege glaciares y periglaciares como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades extractivas en esas zonas.
Si la ley nacional cambia, se abre un escenario de redefinición de mapas, permisos y criterios, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de cuencas, usos del suelo y conservación ambiental.
Más del 40 % de esa superficie se encuentra en Santa Cruz. Santa Cruz alberga una proporción mayoritaria de glaciares del país cumplen funciones esenciales.
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