Ley de Glaciares: ¿Riesgo para el agua o freno al desarrollo minero en Argentina?
El debate sobre la Ley de Glaciares en Argentina ha resurgido con fuerza, impulsado por el gobierno actual que busca una “adecuación” de la normativa. En el centro de la controversia se encuentra la definición de “ambiente periglacial”, un concepto que, según los defensores de la modificación, es demasiado amplio y genera obstáculos para el desarrollo de proyectos productivos, especialmente en la región del Cobre. Este artículo explora en profundidad la Ley de Glaciares, el significado del ambiente periglacial, los argumentos a favor y en contra de su modificación, y las implicaciones que esta podría tener para el futuro de los recursos hídricos del país.
- La Ley de Glaciares: Orígenes y Alcance
- Entendiendo el Ambiente Periglacial: Más Allá del Hielo
- Los Argumentos a Favor de la Modificación: Desarrollo Económico vs. Protección Ambiental
- La Defensa de la Ley de Glaciares: Un Legado a Proteger
- El Inventario Nacional de Glaciares: Un Instrumento en Evolución
La Ley de Glaciares: Orígenes y Alcance
Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares (Ley 26.639) representó un hito en la protección de los recursos hídricos argentinos. Su promulgación fue el resultado de años de debate y movilización social, impulsada por la creciente preocupación por el impacto del cambio climático en los glaciares y la disponibilidad de agua dulce. La ley define un glaciar como una masa de hielo, estable o en movimiento, con o sin agua en su interior, y establece una serie de restricciones a las actividades que puedan afectar su dinámica y calidad del agua asociada.
El objetivo principal de la ley es garantizar la preservación de las reservas de agua dulce contenidas en los glaciares y en los ambientes periglaciales, reconociendo su importancia fundamental para el abastecimiento de agua, la agricultura, la generación de energía y el mantenimiento de los ecosistemas. Para lograr este objetivo, la ley prohíbe la exploración y explotación de recursos minerales e hidrocarburíferos, la instalación de industrias y la construcción de obras de infraestructura que puedan alterar el régimen natural del hielo o la calidad del agua en áreas protegidas.
Un componente crucial de la ley es la creación del Inventario Nacional de Glaciares (ING), a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). El ING tiene como función identificar, delimitar y monitorear los glaciares y ambientes periglaciales del país, actualizando sus datos cada cinco años. Este inventario es una herramienta esencial para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la evaluación de los impactos del cambio climático.
Entendiendo el Ambiente Periglacial: Más Allá del Hielo
El concepto de “ambiente periglacial” es central en el debate actual sobre la Ley de Glaciares. A menudo malinterpretado, este término se refiere a las áreas donde el suelo permanece congelado durante largos períodos de tiempo, aunque no necesariamente haya presencia de hielo glacial propiamente dicho. Estos ambientes se caracterizan por ciclos de congelación y descongelación del terreno, que dan lugar a procesos geomorfológicos particulares, como la formación de suelos gelifluctos, patrones de hielo segregado y deslizamientos de tierra.
En la alta montaña, el ambiente periglacial actúa como un regulador del recurso hídrico, almacenando agua en forma de hielo y liberándola gradualmente durante los períodos de deshielo. En la media y baja montaña, las zonas con suelos saturados en hielo también cumplen funciones de reserva de agua, contribuyendo a mantener el caudal de los ríos y arroyos durante las estaciones secas. La protección de estos ambientes es crucial para garantizar la disponibilidad de agua a largo plazo, especialmente en regiones áridas y semiáridas.
La ley define el ambiente periglacial en alta montaña como áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña como zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua. Esta definición, considerada por algunos como demasiado amplia, abarca una gran variedad de terrenos y ecosistemas, lo que ha generado controversia y críticas por parte de quienes buscan flexibilizar la normativa.
Los Argumentos a Favor de la Modificación: Desarrollo Económico vs. Protección Ambiental
Los defensores de la modificación de la Ley de Glaciares, liderados por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y respaldados por otros gobernadores de la región del Cobre, argumentan que la actual definición de ambiente periglacial es demasiado amplia e imprecisa, lo que genera incertidumbre jurídica y obstaculiza el desarrollo de proyectos productivos, especialmente en el sector minero. Sostienen que la protección excesiva de áreas que no contienen glaciares propiamente dichos limita el aprovechamiento de recursos naturales valiosos y frena el crecimiento económico de las provincias.
Según estos argumentos, la ley ha dificultado la realización de estudios de impacto ambiental y la obtención de permisos para proyectos mineros, hidroeléctricos y de infraestructura, lo que ha afectado la inversión y la generación de empleo. Además, señalan que la definición de ambiente periglacial es susceptible de interpretaciones subjetivas, lo que ha dado lugar a litigios y demoras en la aprobación de proyectos. Proponen una revisión de la ley para delimitar con mayor precisión el concepto de ambiente periglacial, excluyendo aquellas áreas que no cumplen funciones de regulación hídrica o que no presentan características periglaciales significativas.
Bernardo Parizek, biólogo y experto en evaluación de impacto ambiental, coincide en que la ley ha generado obstáculos para el desarrollo de proyectos, pero advierte que cualquier modificación debe ser cuidadosamente analizada para evitar comprometer la protección de los recursos hídricos. Sugiere que se establezcan criterios técnicos y científicos claros para definir el ambiente periglacial, basados en la evaluación de su función regulatoria y su vulnerabilidad al cambio climático.
La Defensa de la Ley de Glaciares: Un Legado a Proteger
Las organizaciones ambientales y sociales que se oponen a la modificación de la Ley de Glaciares advierten que cualquier retroceso en la protección de los glaciares y ambientes periglaciales podría tener consecuencias devastadoras para el futuro de los recursos hídricos del país. Argumentan que la ley es una herramienta fundamental para garantizar el acceso al agua, proteger los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio climático.
Estas organizaciones sostienen que la definición de ambiente periglacial es adecuada y necesaria para proteger las áreas que cumplen funciones de regulación hídrica, incluso si no contienen glaciares propiamente dichos. Señalan que los suelos congelados y saturados en hielo son esenciales para mantener el caudal de los ríos y arroyos durante las estaciones secas, y que su alteración podría provocar escasez de agua y afectar la agricultura, la ganadería y el consumo humano.
Además, advierten que la modificación de la ley podría abrir la puerta a la explotación indiscriminada de recursos minerales e hidrocarburíferos en áreas sensibles, lo que podría generar contaminación del agua, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad. En su comunicado, las 25 organizaciones enfatizan que “cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.
El Inventario Nacional de Glaciares: Un Instrumento en Evolución
El Inventario Nacional de Glaciares (ING) es una herramienta clave para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la evaluación de los impactos del cambio climático. El primer informe del ING, presentado en 2018, reveló la existencia de 16.968 cuerpos de hielo en Argentina, con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados. La inmensa mayoría de estos glaciares se encuentra en la Cordillera de los Andes, mientras que solo 890 se ubican en las Islas del Atlántico Sur.
La primera actualización del inventario, presentada en 2024, se centró en la región Andes Desérticos y reveló cambios significativos en el tamaño y la distribución de los glaciares. Se espera que en el corto plazo se publiquen los datos de la región Andes Central, lo que permitirá tener una visión más completa de la evolución de los glaciares en el país. El ING relevó solo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros, debido a que son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo.
La actualización continua del ING es fundamental para monitorear los efectos del cambio climático en los glaciares y ambientes periglaciales, y para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, el Ianigla enfrenta desafíos importantes para mantener el inventario actualizado, como la falta de recursos financieros y humanos, y la dificultad de acceder a algunas áreas remotas y de difícil acceso.
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