Ley de memoria trans: Reparación para víctimas de represión franquista
Este artículo explora la nueva propuesta de ley en España que busca reparar las injusticias sufridas por las personas trans y LGTBI durante la dictadura franquista. La ley propone prestaciones económicas y medidas simbólicas de reparación, reconociendo el daño causado por las discriminaciones legales y sociales pasadas.
Prestaciones económicas para víctimas de la dictadura
La ley propone una reparación económica vitalicia, equivalente a la pensión mínima de la Seguridad Social, para las personas trans y LGTBI que sufrieron persecución y represión durante la dictadura franquista. Esta prestación estaría exenta de tributación para garantizar su eficacia en la mejora de las condiciones de vida de las víctimas supervivientes.
Quienes sufrieron encarcelamiento o reclusión en centros de la Junta de Protección a la Mujer por su orientación sexual podrían ver su pensión incrementada en un 50%. La ley también contempla la promoción del acceso prioritario a la vivienda pública y a programas de asistencia para las personas beneficiarias.
Medidas de reparación simbólica
Además de la reparación económica, la ley propone medidas simbólicas para recuperar la memoria histórica y reconocer los derechos de las personas trans y LGTBI. Estas medidas incluyen investigaciones, publicaciones y la creación de espacios específicos de memoria. También se propone una partida presupuestaria para preservar y recuperar el patrimonio documental y audiovisual LGTBI, así como para señalizar y visibilizar lugares históricos significativos para la memoria LGTBI.
"Tienen que hacer justicia y reparación. No nos vale un diploma para colgarlo en la casa, queremos una reparación económica que nos permita vivir con dignidad los pocos años que nos quedan por vivir", ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma por los Derechos Trans.
La ley establece un plazo de un año desde su entrada en vigor para que los interesados soliciten la ayuda. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes será el encargado de tramitar los reconocimientos de derechos.
La ley ha sido impulsada por grupos de la izquierda y cuenta con el apoyo de otras formaciones como Coalición Canaria, el PNV y el PSOE. Su objetivo es reconocer y reparar los daños sufridos por un colectivo que ha sido históricamente marginado y discriminado.
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