Ley Sosa: Fiscalía y Defensa Alertan por Riesgo a la Justicia en Santa Cruz
En la antesala del tratamiento del proyecto de Ley 561, que propone la restitución de la figura del Procurador General en el Poder Judicial de Santa Cruz tras tres décadas, el fiscal general Lisandro De La Torre y la defensora general Romina Saúl ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron su rechazo a la iniciativa. Los funcionarios advirtieron que la denominada “Ley Sosa” implica una modificación estructural profunda y cuestionaron la falta de debate público sobre sus implicancias institucionales.
Rechazo a la Iniciativa
Romina Saúl sostuvo que el proyecto altera el funcionamiento de dos organismos esenciales del sistema judicial provincial: “Este proyecto de ley realmente implica modificar sustancialmente y generar cambios significativos y graves para dos instituciones muy importantes en la provincia: el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal”.
Según explicó, la iniciativa “amenaza la autonomía funcional y financiera reconocida por la reforma constitucional de 1994 y avalada por fallos judiciales e instituciones internacionales”.
Concentración de Facultades
Lisandro De La Torre advirtió que el proyecto concentra facultades incompatibles con el principio republicano de división de poderes: “La concentración de facultades dentro de una misma figura genera un retroceso institucional casi sin precedentes. Es complejo explicar cómo una persona puede ser juez, acusar y defender al mismo tiempo”.
Según el fiscal, la reforma propuesta “no trae celeridad ni transparencia, sino que configura una estructura que puede subrogar al Tribunal Superior de Justicia y controlar simultáneamente a fiscales y defensores”.
Fortalecimiento de la Independencia
Ambos funcionarios insistieron en que el sistema judicial santacruceño requiere fortalecer la independencia de los ministerios públicos, no su subordinación. Saúl remarcó: “El proyecto abandona la denominación de defensores públicos oficiales, afecta la ley de órganos de revisión y revive un modelo pupilar que está derogado. Esto es un retroceso grave para la defensa de derechos humanos y para el acceso a la justicia en Santa Cruz”.
Reclamo de Discusión Institucional
Los representantes judiciales reclamaron la apertura de un espacio de discusión institucional. “Hemos enviado notas a la Legislatura y a la Gobernación para que nos reciban y podamos aplicar nuestros fundamentos. No se trata de una cuestión política, sino de garantizar la transparencia, la celeridad y el acceso a la justicia para todos los santacruceños”, señaló Saúl.
De La Torre cuestionó la rapidez del trámite legislativo: “Nos llama poderosamente la atención la celeridad con la cual se está manejando este tema, porque se trata de una reforma estructural que repercute directamente en los justiciables y no se ha convocado al debate a los especialistas ni a la ciudadanía”.
Contradicción con Tendencias Modernas
El fiscal agregó que el proyecto contradice las tendencias modernas del derecho procesal: “Nuestra Constitución prevé el juicio oral y público, propio de los sistemas acusatorios. Hoy hay provincias donde una persona es juzgada en 24 o 48 horas, mientras que aquí se impulsa un esquema que va en sentido contrario. Esto no tiene precedentes en sistemas democráticos”.
Señaló que “los ministerios públicos fiscal y de la defensa, el Consejo de Procuradores Nacionales y el Consejo de Política Criminal ya se han pronunciado en contra de esta iniciativa, porque genera un retroceso institucional y jurídico a nivel nacional”.
Crítica a la Concentración de Poder
De La Torre profundizó su crítica: “La concentración de facultades en una sola persona, ser juez, fiscal y parte, es una figura sin precedentes. Puede subrogar al Tribunal Superior de Justicia y comandar a fiscales y defensores de toda la provincia. Desde el sentido común es inentendible cómo una persona puede defender una posición, acusar y al mismo tiempo jugar sobre esa posición”.
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