Maltratador en Sevilla: Detenido tras cambio de género y evadir prisión por años.
La reciente detención en Sevilla de una persona que cambió de género tras ser condenada por maltrato a su expareja ha reabierto un debate complejo sobre la identidad de género, la justicia y la protección de las víctimas de violencia machista. El caso, que ha saltado a la prensa nacional, plantea interrogantes sobre cómo el sistema legal debe abordar situaciones donde la identidad de género de un condenado evoluciona después de la comisión del delito y la emisión de una sentencia firme. La detención, tras años de búsqueda y con órdenes pendientes, subraya la importancia de la persistencia en la aplicación de la ley y la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas.
El Caso: De Cándido a Candy y la Evasión de la Justicia
El individuo, inicialmente conocido como Cándido, fue condenado en noviembre de 2020 por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. La sentencia original, dictada en septiembre de 2019, le impuso una pena de 15 meses de prisión, además de medidas cautelares como la prohibición de acercarse a su víctima. Tras la sentencia, Cándido inició un proceso de transición de género, cambiando legalmente su nombre a Candy. Sin embargo, este cambio no impidió que se emitieran cuatro órdenes de busca y captura en su contra, ya que la condena seguía vigente. Durante este tiempo, Candy alegó encontrarse en Marruecos, excusándose de presentarse a juicios por nuevas agresiones a su expareja, por las que la Fiscalía solicitó cuatro años de cárcel. La jueza rechazó la prescripción de la pena, argumentando que la sentencia no fue firme hasta noviembre de 2020, lo que retrasó el inicio del cómputo del plazo de prescripción.
La detención, llevada a cabo por la Policía Local de Espartinas, se produjo el pasado viernes y fue posteriormente derivada a la Guardia Civil y al juzgado de guardia de Sanlúcar la Mayor, que ordenó su ingreso inmediato en prisión. Actualmente, Candy se encuentra en el módulo de ingresos de la prisión Sevilla 1, a la espera de ser asignada a una celda. La víctima ha expresado su "satisfacción y tranquilidad" ante la detención, un sentimiento comprensible tras años de incertidumbre y temor. El abogado de Candy, Juan de Dios Ramírez, ha declarado que espera visitarle en los próximos días y que siempre le aconsejó entregarse a la justicia para cumplir su pena.
La Prescripción de la Pena y la Decisión Judicial
Uno de los puntos clave del caso reside en la cuestión de la prescripción de la pena. Candy argumentó que el tiempo transcurrido desde la sentencia original había extinguido su responsabilidad penal. Sin embargo, la jueza del Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla rechazó esta alegación, basándose en que la sentencia no adquirió firmeza hasta noviembre de 2020. Esto significa que el plazo para que la pena prescribiera no comenzó a correr hasta esa fecha, lo que permitió que la detención y el ingreso en prisión fueran posibles. La decisión judicial es crucial, ya que establece un precedente importante sobre cómo se debe calcular el plazo de prescripción en casos donde la sentencia no es firme de inmediato debido a recursos o apelaciones.
El auto de la jueza enfatiza que el tiempo de la prescripción se computa "desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse". En este caso, al no haberse iniciado el cumplimiento de la pena hasta la detención, el plazo de prescripción se calculó desde la fecha de la sentencia firme. Esta interpretación legal fue respaldada por el abogado de la víctima, José Antonio Sires, quien solicitó la agilización de la detención para evitar que la condena prescribiera en noviembre próximo.
Implicaciones de Género y el Sistema Penitenciario
El caso de Candy plantea interrogantes sobre cómo el sistema penitenciario debe abordar la situación de personas trans condenadas por delitos. La legislación penitenciaria española establece que las personas trans tienen derecho a recibir atención médica adecuada, incluyendo tratamientos hormonales y quirúrgicos, si lo requieren. Sin embargo, la asignación de celdas y la gestión de la convivencia en prisión pueden ser complejas, especialmente en casos donde la persona condenada ha cometido delitos de violencia de género. La seguridad de las demás internas y la protección de la propia persona trans son consideraciones fundamentales que deben tenerse en cuenta.
La detención de Candy ha generado debate sobre si el cambio de género debería influir en la ejecución de la pena. Algunos argumentan que la identidad de género de una persona no debe ser un factor determinante en la aplicación de la ley, mientras que otros sostienen que la historia de violencia de género del individuo debe ser considerada al evaluar el riesgo de reincidencia. La complejidad del caso radica en la intersección entre la identidad de género, la justicia y la protección de las víctimas. Es fundamental que el sistema legal y el sistema penitenciario trabajen en conjunto para garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.
Nuevas Acusaciones y el Futuro Judicial de Candy
Además de la condena original, Candy se enfrenta a un juicio por nuevas agresiones a su expareja. La Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel por estos nuevos delitos, pero el juicio ha sido suspendido en dos ocasiones debido a la ausencia de Candy, quien alegó encontrarse en Marruecos. La persistencia en la evasión de la justicia por parte del acusado ha sido un factor determinante en la decisión judicial de ordenar su ingreso en prisión para cumplir la condena original. La celebración del juicio por las nuevas agresiones dependerá de la resolución de la situación penitenciaria de Candy y de su disposición a comparecer ante el tribunal.
El caso de Candy es un recordatorio de la importancia de la aplicación efectiva de la ley y de la necesidad de proteger a las víctimas de violencia de género. La detención, tras años de búsqueda, demuestra que la justicia puede llegar, incluso en casos complejos y prolongados en el tiempo. La resolución judicial sobre la prescripción de la pena establece un precedente importante sobre cómo se debe calcular el plazo de prescripción en casos donde la sentencia no es firme de inmediato. El futuro judicial de Candy dependerá de la resolución del juicio por las nuevas agresiones y de su comportamiento durante el cumplimiento de la condena original.
El caso de Candy se enmarca en un contexto social marcado por la persistencia de la violencia de género en España. A pesar de los avances legislativos y de las campañas de sensibilización, la violencia machista sigue siendo un problema grave que afecta a miles de mujeres cada año. Según datos oficiales, decenas de mujeres son asesinadas cada año en España a manos de sus parejas o exparejas. La violencia de género no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en agresiones psicológicas, sexuales y económicas. Es fundamental que la sociedad en su conjunto se involucre en la prevención y la erradicación de la violencia de género.
La detención de Candy y la atención mediática que ha recibido el caso pueden contribuir a visibilizar el problema de la violencia de género y a concienciar a la población sobre la importancia de denunciar cualquier forma de maltrato. Es fundamental que las víctimas de violencia de género sepan que no están solas y que existen recursos disponibles para ayudarles. Las instituciones públicas y las organizaciones sociales deben trabajar en conjunto para ofrecer apoyo integral a las víctimas, incluyendo asistencia legal, psicológica y social. La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de todos.
Fuente: https://www.huffingtonpost.es//politica/detenido-sevilla-maltratador-cambio-genero-condena.html
Artículos relacionados