Mapuches Ocupan Oficina en Neuquén Exigiendo Cumplimiento de Acuerdo Territorial Vaca Muerta
La escalada de tensiones en la provincia de Neuquén ha alcanzado un punto crítico con la toma de una oficina gubernamental en Casa de Gobierno por parte de referentes mapuches. Este acto de protesta, lejos de ser un evento aislado, es la manifestación más reciente de un conflicto latente que se remonta a promesas incumplidas y una disputa por el reconocimiento de derechos territoriales ancestrales. La ocupación, llevada a cabo por representantes de cuatro comunidades – Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas – pone de manifiesto la frustración acumulada tras casi 300 días de espera por el cumplimiento de un acuerdo firmado en septiembre de 2023. Este artículo profundiza en las raíces del conflicto, las demandas específicas de las comunidades mapuches, la respuesta del gobierno provincial y las complejidades internas que dificultan una resolución pacífica.
- El Contexto Histórico: Reclamos Territoriales y el Registro Especial de Comunidades
- Las Demandas Específicas: Personerías Jurídicas y el Cumplimiento del Acta de Septiembre de 2023
- La Respuesta del Gobierno Provincial: Diálogo Infructuoso y Calificación de "Intransigencia"
- Las Tensiones Internas: Disputas entre Comunidades y el Caso de la Comunidad Paynemil
- El Impacto de la Actividad Extractiva y la Priorización de Intereses Económicos
El Contexto Histórico: Reclamos Territoriales y el Registro Especial de Comunidades
El conflicto actual no surge de la nada. Se inscribe en una larga historia de despojo territorial que las comunidades mapuches han experimentado desde la conquista del desierto a fines del siglo XIX. La pérdida de sus tierras ancestrales no solo implicó una afectación económica, sino también la desestructuración de su cultura, su sistema de organización social y su cosmovisión. En las últimas décadas, las comunidades mapuches han intensificado su lucha por el reconocimiento de sus derechos territoriales, buscando la restitución de tierras y la protección de sus recursos naturales. La creación del Registro Especial de Comunidades, impulsada por la administración anterior de Omar Gutiérrez, representó un avance significativo en este sentido.
El Registro Especial de Comunidades, junto con la implementación del procedimiento de consulta previa, libre e informada, se planteó como una herramienta para garantizar la participación de las comunidades mapuches en las decisiones que afectan sus territorios. Sin embargo, la falta de formalización del registro antes del cambio de gobierno dejó un vacío legal que ha sido aprovechado por la actual administración para dilatar el cumplimiento de los acuerdos. La promesa de regularizar la situación de las comunidades a través de la entrega de personerías jurídicas se ha convertido en un espejismo, generando desconfianza y frustración entre los referentes indígenas.
Las Demandas Específicas: Personerías Jurídicas y el Cumplimiento del Acta de Septiembre de 2023
La ocupación de la oficina gubernamental es una respuesta directa al incumplimiento del acta firmada el 17 de septiembre de 2023, en el contexto de los bloqueos a las áreas de explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta. En ese momento, el gobierno provincial se comprometió a entregar las personerías jurídicas a las cuatro comunidades en un plazo máximo de 15 días. La falta de cumplimiento de este plazo ha sido interpretada por las comunidades como una falta de respeto y una demostración de la falta de voluntad política para resolver el conflicto. Las personerías jurídicas son fundamentales para que las comunidades puedan acceder a derechos y beneficios, como la participación en licitaciones, la gestión de recursos naturales y la representación legal en instancias judiciales.
La exigencia de las personerías jurídicas no es un capricho, sino una necesidad para garantizar la supervivencia cultural y económica de las comunidades mapuches. Sin el reconocimiento legal de su existencia, se ven relegadas a una situación de vulnerabilidad y exclusión, incapaces de defender sus derechos y de participar plenamente en la vida social y política de la provincia. La ocupación de la oficina gubernamental es una forma de visibilizar esta situación y de presionar al gobierno para que cumpla con sus compromisos.
La Respuesta del Gobierno Provincial: Diálogo Infructuoso y Calificación de "Intransigencia"
La respuesta del gobierno provincial a la ocupación ha sido ambivalente. Por un lado, se ha informado que los referentes mapuches fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi. Por otro lado, se ha calificado su posición como “intransigente” y se ha lamentado la decisión de ocupar la oficina gubernamental. La falta de una respuesta satisfactoria a las demandas de las comunidades ha llevado a estas a radicalizar sus medidas de protesta, reafirmando su determinación de permanecer en la oficina hasta obtener una solución. La calificación de “intransigencia” por parte del gobierno provincial es cuestionable, ya que las comunidades aseguran haber agotado todas las instancias de diálogo sin obtener resultados concretos.
La estrategia del gobierno provincial parece estar basada en la espera, esperando que las comunidades se cansen y abandonen la ocupación. Sin embargo, los referentes mapuches han demostrado una gran determinación y han dejado claro que no se moverán hasta que se cumplan sus demandas. La ocupación de la oficina gubernamental es una forma de mantener la presión sobre el gobierno y de evitar que el conflicto caiga en el olvido. La falta de una respuesta clara y contundente por parte del gobierno provincial solo agrava la situación y aumenta el riesgo de que el conflicto se prolongue en el tiempo.
Las Tensiones Internas: Disputas entre Comunidades y el Caso de la Comunidad Paynemil
El conflicto no solo se limita a la relación entre las comunidades mapuches y el gobierno provincial. También existen tensiones internas entre las propias comunidades, lo que complica aún más la búsqueda de una solución. El reconocimiento de las personerías jurídicas a ciertas comunidades podría generar disputas con otras, como la comunidad Paynemil, que advierte que la comunidad Fvta Xayen es un desprendimiento suyo. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de la estructura social mapuche y la necesidad de establecer criterios claros y transparentes para el reconocimiento de las comunidades.
La comunidad Paynemil argumenta que la comunidad Fvta Xayen no tiene una existencia independiente y que sus miembros son parte de su estructura organizativa. El reconocimiento de la personería jurídica a Fvta Xayen, según su criterio, podría debilitar su autoridad y afectar sus derechos territoriales. Esta disputa pone de manifiesto la importancia de realizar una investigación exhaustiva sobre la historia y la estructura de cada comunidad antes de tomar una decisión sobre el reconocimiento de sus personerías jurídicas. El gobierno provincial debe actuar con cautela y evitar tomar decisiones que puedan agravar las tensiones internas entre las comunidades.
El Impacto de la Actividad Extractiva y la Priorización de Intereses Económicos
Más allá de las cuestiones legales y administrativas, el conflicto tiene una dimensión política y económica subyacente. Las comunidades mapuches denuncian que el Estado prioriza la actividad extractiva por sobre los derechos territoriales indígenas. La explotación de los recursos naturales en Vaca Muerta, uno de los principales motores de la economía provincial, genera un impacto significativo en los territorios mapuches, afectando sus fuentes de agua, sus tierras de cultivo y su forma de vida. La falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades antes de iniciar proyectos extractivos es una violación de sus derechos fundamentales.
La actividad extractiva no solo genera un impacto ambiental, sino también un impacto social y cultural. La llegada de trabajadores y empresas a los territorios mapuches altera el equilibrio social y cultural de las comunidades, generando conflictos y tensiones. La falta de participación de las comunidades en los beneficios económicos de la actividad extractiva agrava la situación, generando un sentimiento de injusticia y exclusión. El gobierno provincial debe adoptar una política más equitativa y sostenible, que tenga en cuenta los derechos y las necesidades de las comunidades mapuches.
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