Marimán: Nueve años de lucha por justicia tras perder un ojo en represión policial en Santa Cruz
El caso de Ramón Marimán, un trabajador municipal de Santa Cruz que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma durante una protesta en 2015, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la impunidad en Argentina. A pesar de haber ganado dos fallos judiciales favorables, el Estado provincial continúa apelando la condena, prolongando la agonía de Marimán y su familia. La particularidad de este caso radica en que la última instancia de apelación recae ahora en el Tribunal Superior de Justicia, integrado por Fernando Basanta, quien era ministro de Gobierno cuando se ordenó la represión policial que dejó a Marimán con una lesión irreversible. Este artículo explora en profundidad la cronología de los hechos, el desarrollo del proceso judicial, las implicaciones políticas y sociales del caso, y la angustiante espera de justicia de un hombre que perdió parte de su vida en defensa de sus derechos.
En junio de 2015, la provincia de Santa Cruz atravesaba una profunda crisis económica y social. El gobierno de Alicia Kirchner, recién asumido, se enfrentaba a la necesidad de cubrir un déficit presupuestario creciente. Para ello, propuso la toma de un empréstito de 10.000 millones de pesos, una medida que generó una fuerte oposición por parte de los legisladores de la oposición, quienes denunciaban la falta de transparencia y el riesgo de endeudamiento. La situación se tornó aún más tensa cuando los trabajadores estatales, preocupados por los posibles recortes y la precarización laboral, decidieron realizar una protesta frente a la legislatura provincial. El gobierno, en lugar de buscar el diálogo y la negociación, optó por la represión policial, desatando la violencia y dejando varios heridos, entre ellos a Ramón Marimán.
La decisión de recurrir a la fuerza policial fue tomada por Fernando Basanta, entonces ministro de Gobierno, quien tenía a su cargo la responsabilidad de mantener el orden público. La oposición denunció que la represión fue desproporcionada y que se violaron los derechos de los manifestantes. Se cuestionó el uso de balas de goma, un arma no letal que, sin embargo, puede causar lesiones graves e incluso la muerte. La represión también generó críticas por la forma en que se desalojó a los diputados de la oposición del recinto legislativo, impidiendo que pudieran participar en el debate sobre el empréstito. La aprobación de la deuda, en medio de la confusión y la violencia, fue vista como un acto autoritario y antidemocrático.
La Lesión de Ramón Marimán: Un Impacto Irreversible
Ramón Marimán, un trabajador municipal de Río Gallegos con 35 años de servicio en la recolección de residuos, se encontraba participando en la protesta de los trabajadores estatales cuando fue alcanzado en el ojo derecho por una bala de goma disparada por la policía. La lesión fue de extrema gravedad, provocando la pérdida irreversible de la visión en ese ojo. Marimán relató en entrevistas que la bala de goma se alojó detrás del ojo, cortando un nervio muy sensible y destruyendo la retina. A pesar de ser derivado a Buenos Aires y someterse a múltiples tratamientos, nunca pudo recuperar la visión.
La pérdida del ojo no solo significó una discapacidad física para Marimán, sino también un profundo impacto emocional y económico. Se vio obligado a abandonar su trabajo, perdiendo su fuente de ingresos y su capacidad para mantener a su familia. Además, sufrió un gran sufrimiento psicológico, sintiéndose frustrado, impotente y abandonado por las autoridades. Marimán denunció que en reuniones con representantes del gobierno provincial, estos intentaron minimizar su lesión, sugiriendo que “él se había puesto delante de la bala de goma”, una afirmación que él considera una falta de respeto y una negación de la responsabilidad del Estado.
El Largo Camino Judicial en Busca de Justicia
En 2018, Ramón Marimán inició una demanda contra el Estado provincial por abandono de persona, buscando una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. La causa judicial se desarrolló lentamente, enfrentando múltiples obstáculos y demoras. Sin embargo, Marimán perseveró en su lucha, convencido de que tenía derecho a una reparación justa por la lesión que le había causado la represión policial. En agosto de 2023, el juez Francisco Marincovich dictó un fallo favorable a Marimán, condenando al Estado provincial a indemnizarlo. El fallo fue ratificado en noviembre de 2024 por la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Enrique Arenillas y Jorge Yance.
A pesar de estos fallos judiciales favorables, el Estado provincial, a través del Fiscal de Estado Ramiro Castillo, apeló nuevamente la condena, prolongando la incertidumbre y la angustia de Marimán. La apelación fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia, la máxima instancia judicial de la provincia. Lo que hace este caso particularmente delicado es la presencia de Fernando Basanta, el exministro de Gobierno que ordenó la represión, como uno de los cinco jueces que integran el TSJ. Basanta se encuentra ahora en una posición conflictiva, debiendo decidir si interviene en la causa o se excusa, dada su participación directa en los hechos que la originaron.
La Implicancia de Fernando Basanta y el Conflicto de Intereses
La presencia de Fernando Basanta en el Tribunal Superior de Justicia genera un grave conflicto de intereses en el caso Marimán. Como ministro de Gobierno en 2015, Basanta fue el responsable de ordenar la represión policial que dejó a Marimán con una lesión irreversible. Ahora, como juez del TSJ, tiene la potestad de decidir si confirma o revoca los fallos judiciales que condenan al Estado provincial por ese mismo hecho. Su participación en la causa podría comprometer la imparcialidad y la objetividad del proceso judicial.
La obligación ética y legal de Basanta es excusarse de intervenir en el caso Marimán, para evitar cualquier sospecha de parcialidad. Sin embargo, no está claro si lo hará. Su decisión podría tener un impacto significativo en el resultado del caso y en la percepción de la justicia en la provincia. Si Basanta decide intervenir y votar en contra de los fallos favorables a Marimán, podría ser acusado de proteger a sus antiguos compañeros de gobierno y de encubrir la represión policial. Si se excusa, el caso será resuelto por los otros cuatro jueces del TSJ, lo que podría aumentar las posibilidades de que Marimán obtenga una reparación justa.
Más Allá de Marimán: Un Símbolo de Impunidad y la Herida Abierta
El caso de Ramón Marimán no es un hecho aislado. Durante la represión de 2015, otros manifestantes también resultaron heridos, entre ellos un jubilado de Servicios Públicos y el periodista Andrés Pombo, quien cubría los incidentes para la CTA. La represión dejó una profunda herida en la memoria colectiva de Santa Cruz, evidenciando la falta de respeto por los derechos humanos y la impunidad de las fuerzas de seguridad. La lentitud de la justicia y la apelación constante del Estado provincial en el caso Marimán son un reflejo de esta impunidad.
La historia de Marimán se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la reparación de las víctimas de la represión policial. Su caso ha sido visibilizado por organizaciones de derechos humanos, sindicatos y medios de comunicación, generando un debate público sobre la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y de prevenir la violencia estatal. La espera de justicia de Marimán se prolonga durante nueve años, un tiempo demasiado largo para un hombre que ha perdido parte de su vida en defensa de sus derechos. Su caso sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Santa Cruz, recordándonos la importancia de luchar contra la impunidad y de construir una sociedad más justa y equitativa.
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