Milei busca anular por DNU leyes universitarias y de discapacidad tras fallo judicial.
La reciente decisión judicial que frenó el Decreto 759/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha reavivado el debate sobre el financiamiento universitario y los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. El fallo del juez Martín Cormick, que ordena el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (ley 27.795), representa un duro golpe a los planes de ajuste del gobierno y plantea interrogantes sobre los límites de la potestad del Poder Ejecutivo para modificar leyes sancionadas por el Congreso. La posibilidad de que Milei recurra a un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intentar sortear la decisión judicial añade incertidumbre a un panorama ya de por sí complejo. Este artículo analizará en profundidad los antecedentes del conflicto, los argumentos del fallo judicial, las posibles consecuencias de un nuevo DNU y el impacto de estas medidas en la educación superior y en la vida de las personas con discapacidad.
- El Contexto del Conflicto: Ajuste Fiscal y Reformas Estructurales
- El Fallo de Cormick: Arbitrariedad e Ilegalidad Manifiesta
- La Posibilidad de un Nuevo DNU: ¿Un Desafío a la Justicia?
- Impacto en la Educación Superior: Becas, Salarios y Calidad Académica
- Derechos de las Personas con Discapacidad: Riesgos de Retroceso
El Contexto del Conflicto: Ajuste Fiscal y Reformas Estructurales
Desde su asunción, el gobierno de Javier Milei ha implementado una política de ajuste fiscal radical, con el objetivo de reducir el déficit público y estabilizar la economía. Esta política se ha traducido en recortes presupuestarios en diversas áreas, incluyendo la educación y los programas sociales. La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, sancionada en 2018, establecía un régimen de actualización gradual de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales, con el fin de garantizar la calidad educativa y la autonomía universitaria. El gobierno de Milei argumentó que esta ley era insostenible fiscalmente y que generaba un gasto público excesivo. Por ello, a través del Decreto 759/2025, suspendió la aplicación de la ley y propuso una nueva fórmula de financiamiento, que implicaba una reducción significativa de los fondos destinados a las universidades.
Paralelamente, el gobierno también avanzó en la revisión de los programas de asistencia social, incluyendo aquellos destinados a las personas con discapacidad. Se argumentó que muchos de estos programas eran ineficientes y que generaban un efecto desincentivador en el trabajo. La intención era racionalizar el gasto público y focalizar los recursos en aquellos que realmente los necesitaban. Sin embargo, las medidas implementadas generaron fuertes críticas por parte de organizaciones sociales y de la oposición, que denunciaron que afectaban los derechos de las personas más vulnerables.
El Fallo de Cormick: Arbitrariedad e Ilegalidad Manifiesta
El juez Martín Cormick, al hacer lugar al amparo presentado por diversas entidades universitarias y organizaciones de la sociedad civil, consideró que el Decreto 759/2025 presentaba “rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. En su fallo, el juez argumentó que el gobierno no había justificado adecuadamente la necesidad de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y que la nueva fórmula de financiamiento propuesta no garantizaba la sostenibilidad del sistema universitario. Además, Cormick señaló que el decreto vulneraba el principio de legalidad, ya que modificaba una ley sancionada por el Congreso sin contar con la aprobación del Poder Legislativo.
El fallo judicial también puso de manifiesto la importancia de la autonomía universitaria, un principio consagrado en la Constitución Nacional. El juez Cormick recordó que las universidades nacionales tienen derecho a administrar sus propios recursos y a definir sus planes de estudio y políticas académicas, sin injerencias indebidas por parte del Poder Ejecutivo. La suspensión de la Ley de Financiamiento, según el fallo, ponía en riesgo la autonomía universitaria y la calidad de la educación superior.
La decisión de Cormick no solo se limitó a la Ley de Financiamiento. El juez también ordenó al gobierno cumplir con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles, tal como lo establecía la ley. Esto implica que el gobierno deberá destinar una mayor cantidad de recursos a las universidades, lo que podría generar tensiones adicionales en el contexto de ajuste fiscal.
La Posibilidad de un Nuevo DNU: ¿Un Desafío a la Justicia?
Ante el fallo adverso, el gobierno de Javier Milei ha insinuado la posibilidad de emitir un nuevo DNU para intentar sortear la decisión judicial. Esta estrategia generaría un nuevo conflicto de poderes y podría ser cuestionada nuevamente ante la justicia. Los DNU son instrumentos legales que permiten al Poder Ejecutivo dictar normas con fuerza de ley en situaciones de necesidad y urgencia. Sin embargo, su uso debe ser excepcional y estar debidamente justificado. La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han denunciado que el gobierno de Milei está abusando de los DNU para implementar reformas estructurales sin contar con el debate y la aprobación del Congreso.
Un nuevo DNU que intente modificar la Ley de Financiamiento o los programas de asistencia social podría ser considerado inconstitucional por la justicia. La Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencia en relación con los DNU, estableciendo límites claros a su utilización. En particular, la Corte ha señalado que los DNU no pueden ser utilizados para modificar leyes que regulan derechos fundamentales o que establecen principios esenciales del sistema constitucional.
La emisión de un nuevo DNU también podría generar una mayor polarización política y social. La oposición ya ha anunciado que se opondrá a cualquier intento del gobierno de eludir la decisión judicial y que buscará mecanismos legales para defender la autonomía universitaria y los derechos de las personas con discapacidad.
Impacto en la Educación Superior: Becas, Salarios y Calidad Académica
La suspensión de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la reducción de los fondos destinados a las universidades han tenido un impacto negativo en la educación superior. Las universidades se han visto obligadas a recortar gastos, a postergar inversiones y a reducir la oferta de becas estudiantiles. Esto ha afectado especialmente a los estudiantes de bajos recursos, que dependen de las becas para poder acceder a la educación superior.
Además, la falta de actualización de los salarios docentes ha generado descontento entre los profesores y ha afectado la calidad de la enseñanza. Muchos docentes se han visto obligados a buscar otras fuentes de ingresos para complementar sus salarios, lo que ha afectado su dedicación a la docencia y a la investigación. La fuga de cerebros, un fenómeno que ya era preocupante, podría agravarse si no se garantiza una remuneración adecuada para los docentes universitarios.
La calidad académica de las universidades también se ha visto afectada por la falta de recursos. Las universidades han tenido dificultades para mantener sus laboratorios, bibliotecas y equipos de investigación en condiciones óptimas. Esto ha limitado la capacidad de las universidades para desarrollar investigaciones de vanguardia y para formar profesionales altamente calificados.
Derechos de las Personas con Discapacidad: Riesgos de Retroceso
Las medidas implementadas por el gobierno en relación con los programas de asistencia social también han generado preocupación entre las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Se ha denunciado que algunos programas han sido recortados o modificados de manera que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y beneficios que necesitan.
La reducción de los fondos destinados a los programas de inclusión laboral, por ejemplo, podría dificultar la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral. La falta de apoyo para la adquisición de tecnologías de asistencia, como sillas de ruedas o audífonos, podría limitar la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad. La eliminación de becas y ayudas económicas podría afectar la capacidad de las personas con discapacidad para acceder a la educación y a la formación profesional.
Las organizaciones de la sociedad civil han advertido que estas medidas podrían generar un retroceso en los avances logrados en materia de inclusión y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Han instado al gobierno a reconsiderar sus políticas y a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población.
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