Milei Deroga Trámite de Importación de Bienes Usados: Impacto en Industria Naval y Acuerdos con EEUU
El reciente decreto 273/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, ha desatado una controversia significativa en la industria naval argentina. La medida, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), fue solicitada por el gobierno de Donald Trump a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, como condición para analizar una posible reducción de aranceles. Si bien el gobierno actual lo presenta como una medida de simplificación para la importación de bienes de capital, la industria naval local lo considera una amenaza directa a sus empleos y a la recuperación del sector, reviviendo viejos fantasmas de la década de 1990. Este artículo analiza en profundidad las implicaciones de este decreto, las preocupaciones de la industria naval, el contexto de las negociaciones con Estados Unidos y los posibles escenarios futuros.
- El Decreto 273/2025: Eliminación del CIBU y Simplificación de Importaciones
- La Presión de Estados Unidos y las Negociaciones Comerciales
- El Impacto en la Industria Naval Argentina: Un Regreso al Pasado
- Riesgos para la Seguridad y la Calidad de la Flota Pesquera
- El Contraste con la Gestión de Mauricio Macri y la Recuperación del Sector
- La Necesidad de una Política Industrial Estratégica
El Decreto 273/2025: Eliminación del CIBU y Simplificación de Importaciones
El Decreto 273/2025, publicado en el Boletín Oficial, elimina la exigencia del CIBU, un trámite que había estado vigente por más de tres décadas. Este certificado era necesario para importar maquinaria, equipamiento y, crucialmente, barcos usados. La justificación oficial del gobierno es la simplificación de los procesos de importación, buscando agilizar la entrada de bienes de capital que puedan contribuir al desarrollo económico. El decreto abarca una amplia gama de bienes, incluyendo vehículos automotores, aeronaves, barcos y artefactos flotantes, instrumentos de precisión y equipos médico-quirúrgicos. La medida implica que la importación de estos bienes usados se realizará con un derecho de importación incrementado en un 100% sobre el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) correspondiente.
La eliminación del CIBU, en sí misma, no es la única novedad. El decreto establece un régimen arancelario específico para los bienes usados que no estén exentos del pago de aranceles. Este régimen implica un incremento del 100% en la alícuota del D.I.E., lo que podría encarecer la importación de estos bienes, pero no la impide. La clave reside en la percepción de que esta medida es un paso previo para cumplir con las exigencias de Estados Unidos en el marco de las negociaciones comerciales.
La Presión de Estados Unidos y las Negociaciones Comerciales
La solicitud de flexibilización de las importaciones de bienes de capital usados por parte del gobierno de Donald Trump, canalizada a través de Scott Bessent, se enmarca en un contexto de negociaciones comerciales más amplias. Estados Unidos busca, entre otras cosas, una mayor apertura del mercado argentino a sus productos y servicios. La eliminación del CIBU se presenta como una señal de buena voluntad por parte del gobierno de Javier Milei, demostrando su disposición a avanzar en la liberalización del comercio. La posible reducción de aranceles por parte de Estados Unidos, a cambio de estas concesiones, es el objetivo final de estas negociaciones.
Sin embargo, la estrategia de ceder ante las demandas de Estados Unidos sin considerar las consecuencias para la industria local ha generado críticas. La industria naval argentina argumenta que la importación de barcos usados, facilitada por la eliminación del CIBU, perjudicará la construcción naval nacional y pondrá en riesgo miles de empleos. La presión de Estados Unidos, en este caso, se percibe como una imposición que amenaza la soberanía económica del país.
La industria naval argentina ha expresado su profunda preocupación por las consecuencias del Decreto 273/2025. Desde el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. SA, se advierte sobre la repetición de un escenario similar al de la década de 1990, cuando la importación de barcos usados provocó la quiebra de numerosos astilleros y la destrucción de miles de empleos. La empresa marplatense argumenta que la competencia desleal de los barcos usados, que suelen ser más baratos pero también más antiguos y menos eficientes, hace inviable la construcción de nuevos buques a nivel nacional.
La experiencia de la década de 1990, mencionada por Astilleros Contessi, es un claro ejemplo de los riesgos asociados a la importación indiscriminada de barcos usados. Durante ese período, se importaron más de 120 barcos usados, muchos de los cuales terminaron abandonados en los puertos o pertenecientes a empresas que quebraron. La industria naval pesquera, en particular, sufrió las consecuencias de esta competencia desleal, quedando con herramientas obsoletas e incapaz de competir con los buques importados.
Riesgos para la Seguridad y la Calidad de la Flota Pesquera
Además de los impactos económicos, la importación de barcos usados plantea serias preocupaciones en materia de seguridad. La empresa argentina advierte que se suelen incorporar buques de flotas pesqueras que están al final de su vida útil en otros países, lo que aumenta el riesgo de accidentes y tragedias en la navegación. La falta de mantenimiento adecuado y la obsolescencia de los equipos pueden comprometer la seguridad de las tripulaciones y del medio ambiente marino.
La experiencia pasada ha demostrado que el fomento de la importación de barcos usados puede generar inversiones cortoplacistas y una competencia injusta con quienes apuestan por la construcción de buques nuevos. El Estado, en última instancia, termina asumiendo los costos de retirar la chatarra de los puertos y de enfrentar las consecuencias de las tragedias marítimas. La industria naval argentina aboga por una política que priorice la construcción naval nacional, fomentando la inversión y el empleo en el sector.
El Contraste con la Gestión de Mauricio Macri y la Recuperación del Sector
La industria naval argentina recuerda que, durante la gestión de Mauricio Macri, se frenó la importación de barcos usados, lo que permitió la recuperación del sector. Se produjo un aumento del empleo y la inversión en los astilleros, se registraron récords de botaduras y se importaron nuevos buques. Esta experiencia demuestra que una política de protección de la industria naval nacional puede generar resultados positivos.
La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el CIBU se percibe como un retroceso en comparación con los avances logrados durante la gestión de Macri. La industria naval argentina considera que la importación de barcos usados es una forma de "dumping", es decir, una práctica comercial desleal que perjudica a la industria nacional. La empresa argentina se muestra decidida a revertir esta medida, al igual que lo hizo con el intento de licitar las cuotas de pesca.
La Necesidad de una Política Industrial Estratégica
El debate en torno al Decreto 273/2025 pone de manifiesto la necesidad de una política industrial estratégica que proteja y promueva los sectores productivos nacionales. La industria naval argentina, en particular, es un sector clave para el desarrollo económico del país, ya que genera empleo, impulsa la innovación tecnológica y contribuye a la seguridad alimentaria. Una política industrial estratégica debe considerar las particularidades de cada sector, evitando la aplicación de medidas genéricas que puedan perjudicar a las empresas locales.
La industria naval argentina aboga por una política que fomente la construcción naval nacional, que incentive la inversión en tecnología y capacitación, y que proteja a las empresas locales de la competencia desleal. La eliminación del CIBU, en este contexto, se percibe como una medida que va en contra de estos objetivos, poniendo en riesgo el futuro del sector.
Artículos relacionados