Milei silencia a la prensa: Censura y persecución por el escándalo de coimas.

La reciente escalada de tensiones entre el gobierno de Javier Milei y la prensa argentina ha desatado una controversia de gran magnitud, marcada por acusaciones de censura previa y persecución a periodistas. En el centro del debate se encuentra el escándalo de las coimas en el programa Procrear para personas con discapacidad, un asunto que ha expuesto fisuras internas dentro del propio espacio libertario. La respuesta del gobierno, lejos de ser una investigación transparente, ha consistido en acciones legales que buscan silenciar las voces críticas y obstaculizar la difusión de información clave. Este artículo analiza en detalle las denuncias presentadas, los mecanismos de censura implementados y el contexto político que subyace a esta crisis, revelando un intento preocupante de controlar la narrativa pública.

El Escándalo de las Coimas y su Impacto Político

El origen de la crisis se remonta a la revelación de audios que sugieren un esquema de corrupción en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad. Las grabaciones, que involucran a funcionarios cercanos al gobierno y a figuras del partido La Libertad Avanza (LLA), apuntan a la exigencia de coimas a cambio de la aprobación de créditos para la compra de viviendas. La mención específica de un “3 por ciento para Karina” –en referencia a Karina Milei, hermana del presidente– ha añadido un elemento explosivo al escándalo, generando interrogantes sobre el alcance de la corrupción y la posible implicación de la primera dama. La filtración de estos audios ha provocado una fuerte reacción en la opinión pública y ha puesto en jaque la imagen de transparencia y honestidad que el gobierno de Milei había intentado proyectar.

El impacto político del escándalo se ha manifestado en una caída en las encuestas y en un mal desempeño de LLA en las elecciones recientes en Corrientes, donde el partido quedó en cuarto lugar. Estos resultados han encendido las alarmas en el gobierno, que ve amenazada su capacidad para consolidar su poder y avanzar con su agenda de reformas. La denuncia penal y civil presentada contra periodistas y abogados, en este contexto, se interpreta como un intento desesperado por controlar los daños y silenciar las voces que denuncian la corrupción. La elección en la Provincia de Buenos Aires, considerada una prueba de fuego para el gobierno, se acerca rápidamente, y la necesidad de revertir la tendencia negativa se ha convertido en una prioridad.

La Censura Previa: Denuncias, Allanamientos y Cautelares

La respuesta del gobierno de Milei al escándalo de las coimas ha sido contundente y, para muchos, autoritaria. A través de dos denuncias, una penal y otra civil, se solicitó allanamientos a domicilios de comunicadores y abogados involucrados en la difusión de los audios. La denuncia penal, de 20 páginas, se caracteriza por su omisión deliberada de términos clave como “coimas” o “medicamentos para discapacitados”, así como por la ausencia de mención a los responsables de las grabaciones. Esta estrategia sugiere un intento de desviar la atención de los hechos y de criminalizar a quienes investigan y denuncian la corrupción. La denuncia fue firmada por Fernando Soto, pero cuenta con el respaldo explícito de la Casa Rosada, evidenciado por el retuit de Javier Milei.

La denuncia civil, por su parte, buscó obtener una cautelar para prohibir la difusión de los audios. El juez Alejandro Maraniello, quien está acusado en el Consejo de la Magistratura y enfrenta un expediente judicial, accedió rápidamente a la solicitud, imponiendo un cepo a la información y silenciando a los medios de comunicación. Esta decisión ha sido criticada por organizaciones de defensa de la libertad de prensa, que la consideran una violación al derecho a la información y un ataque a la independencia judicial. La rapidez con la que el juez Maraniello respondió a la solicitud del gobierno ha generado sospechas sobre su imparcialidad y su posible intención de congraciarse con el poder ejecutivo.

El Entramado Macrista en Comodoro Py y la Politización de la Justicia

El expediente judicial recayó en el juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía de Carlos Stornelli, dos figuras clave del entramado macrista en Comodoro Py. Esta designación ha levantado interrogantes sobre la independencia de la investigación y la posibilidad de que se utilice la justicia con fines políticos. Ercolini y Stornelli son conocidos por su participación en causas judiciales contra líderes kirchneristas, y su vinculación con el gobierno anterior ha generado desconfianza en su capacidad para llevar a cabo una investigación imparcial y objetiva. La elección de estos jueces y fiscales sugiere un intento de politizar la justicia y de utilizarla como herramienta para perseguir a los opositores y silenciar las voces críticas.

La concentración de poder en manos de figuras afines al gobierno anterior y la falta de transparencia en la selección de jueces y fiscales son síntomas de una crisis institucional que amenaza la independencia del poder judicial. La politización de la justicia socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y dificulta la búsqueda de la verdad y la justicia. En el caso del escándalo de las coimas, la intervención de Ercolini y Stornelli plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación y la posibilidad de que se llegue a establecer la verdad sobre los hechos.

La Estrategia de Desvío de Atención y la Persecución a Periodistas

La estrategia del gobierno de Milei para enfrentar el escándalo de las coimas se ha basado en el desvío de atención y la persecución a periodistas. La denuncia penal y civil contra los comunicadores y abogados involucrados en la difusión de los audios es un claro ejemplo de esta táctica. Al criminalizar a quienes investigan y denuncian la corrupción, el gobierno busca intimidar a la prensa y disuadirla de informar sobre el escándalo. Esta estrategia es similar a la utilizada por otros gobiernos autoritarios en todo el mundo, que buscan controlar la narrativa pública y silenciar las voces críticas.

La omisión deliberada de términos clave en la denuncia penal, como “coimas” o “medicamentos para discapacitados”, y la ausencia de mención a los responsables de las grabaciones son también parte de esta estrategia de desvío de atención. Al evitar mencionar los hechos concretos y a los involucrados, el gobierno busca confundir a la opinión pública y dificultar la comprensión del escándalo. Esta táctica es especialmente preocupante porque socava el derecho a la información y dificulta la rendición de cuentas.

El Contexto de Crisis Política y la Caída en las Encuestas

El escándalo de las coimas se produce en un contexto de crisis política y económica en Argentina. El gobierno de Milei enfrenta una fuerte oposición de los sindicatos, los movimientos sociales y los partidos políticos de la oposición, que critican sus políticas de ajuste y sus reformas laborales. La inflación galopante, la devaluación del peso y el aumento de la pobreza han generado un clima de malestar social y han erosionado la confianza de los ciudadanos en el gobierno. La caída en las encuestas y el mal desempeño de LLA en las elecciones recientes en Corrientes son una señal de alerta para el gobierno, que ve amenazada su capacidad para consolidar su poder.

La elección en la Provincia de Buenos Aires, la más importante del país, se presenta como un desafío crucial para el gobierno de Milei. Una derrota en esta elección podría significar un punto de inflexión en su gestión y podría abrir la puerta a una crisis política de mayor envergadura. En este contexto, el escándalo de las coimas y la respuesta del gobierno han exacerbado las tensiones políticas y han profundizado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. La necesidad de revertir la tendencia negativa y de recuperar la confianza de la opinión pública se ha convertido en una prioridad para el gobierno, que está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para lograrlo.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/854266-censura-y-allanamientos-la-arremetida-desesperada-de-los-mil