Milei Veta Ley Universitaria: Impacto en el Financiamiento y la Educación Superior
El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley de financiamiento universitario, remitiendo la iniciativa al Congreso para su análisis. La oposición evalúa si intentará revertir el veto en una sesión especial prevista para el próximo miércoles.
Aprobación y Veto Presidencial
La ley, aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos a favor, no alcanzó la mayoría especial de dos tercios necesaria para evitar un veto presidencial. Ahora, la oposición deberá reunir ese quórum si desea insistir con el proyecto original.
En la misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría —por la crisis en el Hospital Garrahan— y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. Estos dos proyectos también serán vetados por la Casa Rosada, aunque aún no se han remitido al Congreso y el plazo vence este jueves.
Objetivos de la Ley Vetada
La ley vetada, impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), buscaba actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación.
Además, establecía la convocatoria a paritarias dentro de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, así como el aumento de becas.
Argumentos de la Casa Rosada
La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento, argumentando que su costo fiscal era demasiado alto y podría poner en riesgo el superávit fiscal, piedra angular del plan económico del Gobierno.
En el veto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto detalle claramente las fuentes de financiamiento.
Según el Gobierno, las fuentes indicadas —como mayores ingresos por recaudación y reasignación de partidas— son “genéricas” y no garantizan la disponibilidad de recursos para cubrir los gastos previstos.
Impacto Fiscal y Riesgos Económicos
El Ejecutivo también advirtió que la implementación de la ley generaría un aumento significativo del gasto público sin respaldo, con un costo estimado para 2025 superior a un billón de pesos, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y la sostenibilidad macroeconómica.
Según la Casa Rosada, este gasto solo podría financiarse mediante emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y afectaría a los sectores más vulnerables de la población.
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