Milei y Bullrich: Caída de Homicidios Femeninos y Fin de Políticas de Género K.
El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la disminución de los homicidios de mujeres y otros delitos relacionados, respaldado por datos de la Defensoría del Pueblo, ha desatado un intenso debate en torno a la efectividad de las políticas de género implementadas en los últimos años. La administración de Javier Milei atribuye esta reducción a un cambio de enfoque, priorizando la aplicación de la ley y el castigo a los perpetradores, en detrimento de lo que consideran “simbolismo y gasto público” de las gestiones anteriores. Este artículo analiza en profundidad las cifras presentadas, las estrategias implementadas, la controversia generada por la eliminación de programas y ministerios relacionados con la igualdad de género, y las implicaciones de este nuevo paradigma en la lucha contra la violencia machista.
- El Declive de la Violencia: Datos y Contrastes
- La Estrategia de "Tolerancia Cero" y el Enfoque en la Aplicación de la Ley
- La Eliminación del Ministerio de las Mujeres y la Reducción del Gasto en Políticas de Género
- Críticas y Controversias: El Debate sobre la Efectividad de las Políticas de Género
- El Impacto en la Perspectiva de Género y la Lucha por la Igualdad
El Declive de la Violencia: Datos y Contrastes
Según los datos oficiales citados por el Gobierno, durante 2024 se ha registrado una reducción del 14,3% en los homicidios de mujeres, del 12,8% en los delitos sexuales y de un significativo 35,9% en los delitos de trata. Además, se destaca una caída interanual del 20% en los homicidios de mujeres en comparación con los picos alcanzados en años anteriores. Estas cifras son presentadas como una prueba tangible del éxito de la política de “tolerancia cero” impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la aplicación de una justicia más severa con los agresores. El Gobierno enfatiza que este cambio se ha producido a pesar de la drástica reducción del gasto estatal en políticas de género, lo que, según su perspectiva, demuestra que la verdadera solución no reside en la ideología o el gasto público, sino en la aplicación efectiva de la ley.
El contraste con el pasado inmediato es un elemento central de la narrativa oficial. Se argumenta que, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el Ministerio de las Mujeres, a pesar de contar con un presupuesto considerable y un amplio aparato político, no logró reducir la violencia contra las mujeres. El video difundido por Presidencia critica las políticas “feministas” de las administraciones anteriores, calificándolas de “simbólicas” y “vacías de contenido”, y afirma que, en lugar de disminuir, los delitos contra las mujeres aumentaron, llegando a registrarse un récord de homicidios.
La Estrategia de "Tolerancia Cero" y el Enfoque en la Aplicación de la Ley
La estrategia de “tolerancia cero”, impulsada por Patricia Bullrich, se basa en el endurecimiento de las penas para los agresores, la agilización de los procesos judiciales y el aumento de la presencia policial en las calles. El Gobierno argumenta que esta política envía un mensaje claro a los potenciales agresores: que sus actos serán castigados con severidad. La frase “el Estado nacional ahora adopta una política del que las hace, las paga” resume esta nueva filosofía, que prioriza la responsabilidad individual y la aplicación de la ley sobre las políticas de prevención y asistencia a las víctimas. Se busca, en esencia, disuadir la comisión de delitos a través del miedo al castigo.
Esta estrategia se complementa con una revisión de los protocolos de actuación policial y judicial en casos de violencia de género, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida y eficaz. Se promueve la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de género y la creación de unidades especializadas en la atención de víctimas. Además, se impulsa la implementación de tecnologías para el seguimiento de agresores y la protección de las víctimas. El objetivo final es crear un sistema de justicia más eficiente y sensible a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia.
La Eliminación del Ministerio de las Mujeres y la Reducción del Gasto en Políticas de Género
Una de las medidas más controvertidas de la administración Milei ha sido la supresión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, formalizada mediante el Decreto 8/2023, que redujo la cantidad de ministerios de 18 a 9. Esta decisión fue ampliamente criticada por organizaciones feministas y sectores del progresismo, quienes la consideran un retroceso en la lucha por la igualdad de género. El Gobierno justifica esta medida argumentando que el ministerio era innecesario y que sus funciones pueden ser asumidas por otras áreas del Estado. Además, se argumenta que el ministerio era un símbolo de la “ideología woke” y que su eliminación es parte de un plan para reducir el gasto público y simplificar la estructura estatal.
Junto con la supresión del ministerio, se han cerrado 13 programas heredados de la gestión anterior, calificados como “ideológicos” y “sin evidencia de impacto real” por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Entre estos programas se encuentra MenstruAR, una iniciativa que distribuía productos de gestión menstrual en municipios del país. La eliminación de estos programas ha generado un ahorro fiscal superior a los $6.000 millones anuales, según el Gobierno. Esta reducción del gasto en políticas de género es vista por la administración Milei como una forma de optimizar los recursos públicos y destinarlos a áreas prioritarias, como la seguridad y la economía.
Críticas y Controversias: El Debate sobre la Efectividad de las Políticas de Género
La postura del Gobierno ha generado un intenso debate en torno a la efectividad de las políticas de género. Las organizaciones feministas argumentan que la reducción del gasto en políticas de género y la eliminación del Ministerio de las Mujeres debilitan la protección de los derechos de las mujeres y dificultan la lucha contra la violencia machista. Se sostiene que las políticas de prevención, asistencia a las víctimas y promoción de la igualdad de género son fundamentales para abordar las causas estructurales de la violencia y garantizar una sociedad más justa e igualitaria. Además, se critica la focalización exclusiva en la aplicación de la ley, argumentando que esta no es suficiente para erradicar la violencia de género, que requiere un abordaje integral que incluya la educación, la sensibilización y el cambio cultural.
Los críticos también cuestionan la validez de los datos presentados por el Gobierno, argumentando que la reducción de los delitos puede estar relacionada con factores externos, como la disminución de la denuncia o la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Se señala que la violencia de género es un fenómeno complejo y multifactorial, y que es difícil atribuir una reducción de los delitos a una única política o estrategia. Además, se advierte que la eliminación de programas de asistencia a las víctimas puede tener consecuencias negativas a largo plazo, al dejar a las mujeres en situación de vulnerabilidad sin el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.
El Impacto en la Perspectiva de Género y la Lucha por la Igualdad
La desarticulación del Ministerio de las Mujeres y la reducción del gasto en políticas de género representan un cambio significativo en la perspectiva de género del Estado. Se abandona el enfoque de la igualdad de género como un derecho fundamental y se prioriza la aplicación de la ley y el castigo a los agresores. Esta nueva perspectiva es vista por las organizaciones feministas como un retroceso en la lucha por la igualdad y una negación de los avances logrados en los últimos años. Se teme que esta política contribuya a reforzar los estereotipos de género y a perpetuar la violencia machista.
La eliminación de programas como MenstruAR, que buscaban garantizar el acceso a productos de higiene menstrual, es vista como un ejemplo de la falta de sensibilidad del Gobierno hacia las necesidades específicas de las mujeres. Se argumenta que estos programas son fundamentales para garantizar la dignidad y la salud de las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La decisión de cerrar estos programas es interpretada como una señal de que el Gobierno no considera la salud menstrual como una prioridad. En definitiva, la política del Gobierno en materia de género ha generado una profunda preocupación entre las organizaciones feministas y los defensores de los derechos de las mujeres, quienes temen que esta política tenga consecuencias negativas a largo plazo en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia machista.
Fuente: https://derechadiario.com.ar/politica/10-anos-ni-menos-milei-redujo-los-homicidios-mujeres-mas-14
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