Mossos que ayudaron a Puigdemont: Levantan suspensión de empleo y sueldo tras investigación.
La saga judicial que rodea la fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont continúa generando movimientos dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Recientemente, la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña ha revocado la suspensión de empleo y sueldo a dos agentes investigados por presuntamente facilitar la huida de Puigdemont tras su breve reaparición en agosto del año pasado. Este desarrollo, que se suma a la revocación similar de la suspensión de un tercer agente en enero, plantea interrogantes sobre el futuro del expediente interno y la resolución final del caso judicial. El levantamiento de estas medidas cautelares no implica una exoneración de los agentes, sino que permite su reincorporación a sus funciones mientras se espera la decisión judicial definitiva. La complejidad del caso, la sensibilidad política que lo rodea y las implicaciones para la integridad del cuerpo policial hacen de este un asunto de gran relevancia.
El Contexto de la Fuga y la Investigación Inicial
La fuga de Carles Puigdemont a Bélgica en octubre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña, marcó un punto de inflexión en el conflicto político catalán. Tras meses en el exilio, Puigdemont realizó una breve y sorpresiva reaparición en Cataluña en agosto del año pasado, lo que desencadenó una nueva investigación sobre las posibles ayudas recibidas para su regreso y posterior huida. La investigación se centró en la actuación de varios mossos d'Esquadra, sospechosos de haber facilitado la logística y la seguridad durante la estancia de Puigdemont en territorio catalán. Las acusaciones apuntaban a una posible colaboración en la planificación de la ruta de escape y en la provisión de información relevante para evitar la detención del expresidente. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos abrió un expediente disciplinario contra los agentes implicados, imponiendo medidas cautelares de suspensión de empleo y sueldo mientras se desarrollaba la investigación.
La investigación judicial, liderada por la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, se centró en determinar si la actuación de los mossos constituyó un delito contra la administración pública. Se analizaron comunicaciones, movimientos y testimonios para reconstruir los hechos y esclarecer el grado de participación de cada agente. La complejidad del caso radicaba en la dificultad de probar la intencionalidad de los mossos y su conocimiento previo de la intención de Puigdemont de huir. Los agentes investigados alegaron que su actuación se limitó a garantizar la seguridad del expresidente durante su estancia en Cataluña y que no contemplaron la posibilidad de que su regreso fuera con el propósito de evadir la justicia. Esta defensa se basó en la sorpresa generada por la reaparición de Puigdemont y en la falta de información clara sobre sus planes.
Levantamiento de las Suspensiones: Un Análisis Detallado
La reciente decisión de la Dirección General de la Policía de levantar las suspensiones de empleo y sueldo a dos de los mossos investigados representa un cambio significativo en el curso de la investigación. Esta medida se basa en una evaluación de las pruebas disponibles y en la consideración de que la suspensión prolongada de los agentes podría ser desproporcionada en relación con la gravedad de las acusaciones. No obstante, es crucial destacar que el levantamiento de las suspensiones no implica una exoneración de los agentes, sino simplemente su reincorporación a sus funciones mientras se espera la resolución judicial definitiva. El expediente disciplinario abierto por la DAI sigue en curso y podría derivar en sanciones si se determina que los agentes cometieron alguna falta administrativa. La decisión de levantar las suspensiones también podría interpretarse como una señal de que la Dirección General de la Policía confía en que los agentes no representen un riesgo para la investigación o para la integridad del cuerpo policial.
El caso del tercer mosso, cuya suspensión fue revocada en enero y sustituida por un cambio de destino, sienta un precedente importante. Este cambio de destino permitió al agente continuar trabajando dentro del cuerpo, aunque en una ubicación diferente, evitando así la suspensión de empleo y sueldo. La estrategia de sustituir la suspensión por un cambio de destino podría ser una solución intermedia para casos similares, permitiendo a los agentes seguir desempeñando sus funciones mientras se investigan las acusaciones en su contra. La decisión de aplicar esta medida en el caso del tercer mosso sugiere que la Dirección General de la Policía está buscando un equilibrio entre la necesidad de investigar las posibles irregularidades y la protección de los derechos de los agentes.
La Perspectiva Judicial y el Futuro del Caso
La investigación judicial, a cargo del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, sigue en curso y ha sido prorrogada por seis meses, hasta febrero de 2024. Esta prórroga indica que la jueza considera que aún existen líneas de investigación abiertas y que se necesitan más pruebas para llegar a una conclusión definitiva. La complejidad del caso y la necesidad de analizar minuciosamente las pruebas disponibles explican la prolongación del plazo de investigación. La jueza ha interrogado a los mossos investigados, quienes han defendido su inocencia y han alegado que su actuación se limitó a garantizar la seguridad de Puigdemont durante su estancia en Cataluña. Los agentes han admitido ante la jueza que no contemplaron la posibilidad de que Puigdemont regresara para huir y que su "maniobra de distracción" les confundió. Esta declaración sugiere que los agentes fueron engañados por Puigdemont y que no tenían conocimiento previo de sus planes de fuga.
El delito contra la administración pública que se investiga implica una posible obstrucción a la justicia y una colaboración con un fugitivo. Para que se pueda dictar una sentencia condenatoria, es necesario probar que los mossos actuaron con conocimiento y voluntad de facilitar la huida de Puigdemont. La defensa de los agentes se basa en la falta de pruebas que demuestren su intencionalidad y en la alegación de que su actuación se limitó a cumplir con sus funciones de seguridad. La resolución final del caso dependerá de la valoración de las pruebas por parte de la jueza y de la posible existencia de otros elementos de prueba que puedan surgir durante la investigación. La sentencia podría tener importantes implicaciones para la carrera profesional de los mossos investigados y para la imagen del cuerpo policial.
Implicaciones para los Mossos d'Esquadra y la Política Catalana
El caso de los mossos investigados por facilitar la fuga de Puigdemont ha generado tensiones internas dentro del cuerpo policial y ha reavivado el debate sobre la politización de los Mossos d'Esquadra. La acusación de que agentes de la policía catalana colaboraron con un fugitivo ha dañado la imagen del cuerpo y ha puesto en tela de juicio su neutralidad política. La Dirección General de la Policía ha intentado minimizar el impacto del caso, asegurando que se trata de hechos aislados y que la mayoría de los mossos cumplen con sus funciones de manera profesional e imparcial. Sin embargo, la persistencia de las acusaciones y la prolongación de la investigación han alimentado la desconfianza en el cuerpo policial.
En el ámbito político, el caso ha sido utilizado por los partidos independentistas para denunciar una supuesta persecución política contra los mossos y para exigir la amnistía de los agentes investigados. Los partidos no independentistas, por su parte, han reclamado una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables de cualquier irregularidad. El caso ha contribuido a polarizar aún más el debate político catalán y ha dificultado la búsqueda de soluciones consensuadas. La resolución final del caso tendrá un impacto significativo en la política catalana y podría influir en las futuras relaciones entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña.
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