Municipio de Río Gallegos acusado de desfinanciamiento a la obra social
Retención indebida de aportes a la obra social: un grave delito que afecta a los empleados municipales
La obra social es un derecho fundamental de los trabajadores y sus familias, y es responsabilidad de los municipios garantizar su funcionamiento aportando los aportes correspondientes.
Cada mes, a los empleados municipales se les descuenta un porcentaje de su salario para financiar la obra social. Estos aportes deben ser transferidos a la caja de salud por parte de los municipios.
Sin embargo, algunas localidades incumplen esta obligación, reteniendo indebidamente los aportes y perjudicando a los empleados y al sistema de salud.
El caso de Río Gallegos: un desfinanciamiento deliberado
El municipio de Río Gallegos, gobernado por Pablo Grasso, ha sido denunciado reiteradamente por retener los aportes a la obra social.
A pesar de contar con un presupuesto diez veces superior al de muchos otros municipios, Río Gallegos no realiza los aportes correspondientes, dejando a miles de empleados municipales sin cobertura de salud.
Este accionar irresponsable ha generado un grave desfinanciamiento de la obra social, poniendo en riesgo la atención de los trabajadores y sus familias.
Consecuencias de la retención indebida de aportes
Afectación a los derechos de los trabajadores
Los empleados municipales que sufren la retención indebida de aportes se ven privados de su derecho a la salud. No pueden acceder a consultas médicas, tratamientos ni medicamentos, lo que pone en riesgo su bienestar.
Perjuicio al sistema de salud
La retención indebida de aportes desfinancia la obra social, lo que limita su capacidad para brindar atención a los afiliados. Esto se traduce en mayores tiempos de espera, menos disponibilidad de recursos y una atención de menor calidad.
Un delito tributario
La retención indebida de aportes es un delito tributario que puede ser penado por la ley. En la actividad privada, esta práctica es severamente castigada.
Responsabilidad ética y social
Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad ética y social de velar por el bienestar de los empleados y la comunidad. Retener los aportes a la obra social es una violación a esta responsabilidad.
Críticas al intendente Pablo Grasso
Declaraciones de la intendenta Analía Farías
Nosotros estamos viendo cómo hacemos las cosas organizadas administrativamente, y es necesario que todos los municipios actúen con la misma responsabilidad.
Analía Farías, intendenta de Piedra Buena
Pedido del ministro de Gobierno, Pedro Luxen
No hay excusas, el municipio debe pagar lo que le descuenta a los trabajadores. Estamos hablando de cientos de empleados municipales que no tienen obra social porque esos fondos no se transfieren.
Pedro Luxen, ministro de Gobierno
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