Neuquén exige fondos para rutas nacionales: reclamo provincial y proyecto de ley en marcha.

La red vial argentina, columna vertebral del desarrollo económico y social, se encuentra en una encrucijada. Mientras el gobierno nacional impulsa planes de inversión y modernización, las provincias, especialmente aquellas con una fuerte presencia de rutas nacionales, alzan la voz ante lo que consideran una distribución desigual de los fondos destinados al mantenimiento y mejora de estas arterias vitales. El reciente reclamo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), pone de manifiesto una problemática latente: la necesidad de una mayor autonomía provincial en la gestión de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Este artículo explorará en profundidad las razones detrás de este reclamo, las implicaciones de la actual distribución de fondos, las propuestas para una solución y el contexto político y económico que subyace a esta disputa.

El Impuesto a los Combustibles Líquidos: Origen, Destino y Controversias

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) es un tributo nacional que grava la venta de naftas, gasoil y otros combustibles. Su recaudación, considerable, está destinada, en teoría, a financiar obras de infraestructura vial. Sin embargo, la realidad es más compleja. Gran parte de estos fondos se canalizan a través de fideicomisos específicos, creados para financiar proyectos determinados, a menudo con un fuerte componente de obra pública a nivel nacional. Esto limita la capacidad de las provincias para utilizar estos recursos en el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios, generando un descontento creciente.

La creación de estos fideicomisos, si bien puede tener como objetivo asegurar la transparencia y la eficiencia en la ejecución de proyectos, también implica una restricción en la autonomía provincial. Las provincias argumentan que son las que mejor conocen las necesidades específicas de sus rutas, los puntos críticos y las prioridades de intervención. Al no tener control directo sobre los fondos del ICL, se ven obligadas a depender de la asignación discrecional del gobierno nacional, lo que puede generar demoras, burocracia y, en última instancia, un deterioro de la red vial provincial.

La discusión sobre el ICL no es nueva. Desde hace años, las provincias vienen reclamando una mayor participación en la gestión de estos fondos, argumentando que el mantenimiento de las rutas nacionales es una responsabilidad compartida entre la Nación y los estados provinciales. El argumento se basa en que, si bien las rutas son de jurisdicción nacional, son las provincias las que deben hacer frente a las consecuencias de su mal estado: accidentes de tránsito, costos de transporte más elevados, deterioro de la flota vehicular y, en general, un impacto negativo en la economía local.

Neuquén al Frente: El Reclamo del Gobernador Figueroa y su Respaldo Provincial

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ha tomado la iniciativa de llevar este reclamo a la agenda nacional. Su postura, contundente y directa, ha resonado en otras provincias con características similares a la neuquina: una importante red de rutas nacionales, una economía basada en la producción y el transporte de hidrocarburos y una creciente preocupación por el estado de la infraestructura vial. Figueroa ha cuestionado la falta de inversión nacional sostenida en el mantenimiento de las rutas, argumentando que la provincia asume un costo significativo en términos de seguridad vial y desarrollo económico.

La propuesta de Figueroa es clara: redirigir los fondos recaudados a través del ICL hacia el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan las provincias. Esto implicaría una modificación de la legislación vigente, que actualmente afecta estos fondos a fideicomisos específicos. El gobernador propone que Nación y las provincias asignen libremente estos recursos, permitiendo a cada provincia priorizar las obras de mantenimiento y mejora que considere más urgentes. Esta propuesta ha encontrado un amplio respaldo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde representantes de otras jurisdicciones han manifestado su apoyo a la iniciativa.

El respaldo provincial al reclamo de Neuquén es un claro indicio de la magnitud del problema. Las provincias, independientemente de su afiliación política, coinciden en la necesidad de una mayor autonomía en la gestión de los fondos destinados a la infraestructura vial. Consideran que la actual distribución de recursos es injusta y que limita su capacidad para garantizar la seguridad y la eficiencia del transporte en sus territorios. La unidad provincial en este reclamo fortalece la posición de las provincias frente al gobierno nacional y aumenta las posibilidades de que se llegue a una solución satisfactoria.

El Contexto Político y Económico: Presupuesto Nacional, Obras Públicas y Autonomía Provincial

El reclamo provincial por la distribución de los fondos del ICL se enmarca en un contexto político y económico complejo. El gobierno nacional, enfrentado a una situación económica desafiante, ha priorizado la contención del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Esto ha implicado una disminución de la inversión en infraestructura vial, lo que ha exacerbado las preocupaciones de las provincias. La restricción presupuestaria ha limitado la capacidad del gobierno nacional para responder a las demandas provinciales, generando un clima de tensión y desconfianza.

La política de obras públicas del gobierno nacional también ha sido objeto de críticas por parte de las provincias. Se argumenta que la mayoría de los proyectos de infraestructura se concentran en las grandes ciudades y en las regiones más desarrolladas, dejando de lado las necesidades de las provincias del interior. Esta situación agrava la desigualdad regional y dificulta el desarrollo económico de las provincias más alejadas de los centros urbanos. Las provincias reclaman una mayor equidad en la distribución de los recursos destinados a la infraestructura vial, argumentando que todas las regiones del país tienen derecho a un acceso adecuado a una red de transporte eficiente y segura.

La discusión sobre la autonomía provincial en la gestión de los fondos del ICL también se inscribe en un debate más amplio sobre el federalismo argentino. Las provincias reclaman una mayor participación en la toma de decisiones y una mayor autonomía financiera, argumentando que son las que mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos. El gobierno nacional, por su parte, defiende la necesidad de mantener un control centralizado sobre los recursos, argumentando que esto garantiza una distribución más equitativa y eficiente. El reclamo provincial por el ICL es, en definitiva, una expresión de la tensión entre el centralismo y el federalismo que caracteriza la política argentina.

Propuestas y Posibles Soluciones: Un Nuevo Marco Regulatorio para la Infraestructura Vial

Ante la creciente presión provincial, se han planteado diversas propuestas para solucionar el problema de la distribución de los fondos del ICL. Una de las opciones más viables es la modificación de la legislación vigente, que permita a Nación y a las provincias asignar libremente estos recursos. Esto implicaría la creación de un nuevo marco regulatorio que establezca criterios claros y transparentes para la distribución de los fondos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada provincia y la importancia estratégica de cada ruta nacional.

Otra propuesta es la creación de un fondo federal de infraestructura vial, alimentado con los recursos del ICL y otros tributos nacionales, que sea gestionado de forma conjunta por Nación y las provincias. Este fondo podría financiar proyectos de mantenimiento y mejora de la red vial en todo el país, priorizando las obras que tengan un mayor impacto en el desarrollo económico y social. La gestión conjunta del fondo garantizaría una mayor transparencia y eficiencia en la asignación de los recursos, evitando la discrecionalidad y la burocracia.

Además de estas propuestas, se ha sugerido la posibilidad de establecer un sistema de compensación para las provincias que asumen un costo significativo en términos de seguridad vial y desarrollo económico debido al mal estado de las rutas nacionales. Este sistema podría consistir en la transferencia de fondos adicionales a las provincias, o en la exención de ciertos impuestos o contribuciones. La implementación de un sistema de compensación reconocería el esfuerzo de las provincias y les permitiría invertir en la mejora de su infraestructura vial.

Fuente: https://www.construar.com.ar/2025/06/reclamo-provincial-por-distribucion-de-fondos/