Obra Pública en Argentina: Descentralización, Barreras y Estrategias para Constructoras

La reciente Disposición 24/2025, que elimina el Registro Nacional de Constructores, se presenta como un paso hacia la modernización y la apertura del sector de la obra pública en Argentina. Sin embargo, esta medida, aunque bienintencionada, corre el riesgo de exacerbar una tendencia ya arraigada: la creciente fragmentación del sistema, impulsada por la provincialización y municipalización de las obras. Este artículo analiza en profundidad las implicaciones de esta reforma, explorando cómo la descentralización normativa y la dinámica política local amenazan con convertir la obra pública en un mosaico de reglas y criterios, dificultando la competencia y perpetuando prácticas poco transparentes.

El Desmantelamiento del Registro Nacional: Un Intento de Simplificación con Consecuencias Imprevistas

La eliminación del Registro Nacional de Constructores se justifica con el argumento de que simplificará los procesos de inscripción y permitirá a más empresas participar en las licitaciones públicas. El gobierno nacional busca desmantelar una estructura burocrática percibida como un obstáculo para la entrada de nuevos oferentes y, con ello, fomentar una mayor competencia. Se espera que esta medida reduzca la cartelización, un problema histórico en el sector de la obra pública, donde un grupo reducido de empresas ha controlado una parte significativa de los contratos.

Sin embargo, esta simplificación a nivel nacional se produce en un contexto de creciente complejidad a nivel subnacional. Mientras el Registro Nacional desaparece, proliferan los registros provinciales y las normativas municipales, creando un laberinto de requisitos y procedimientos que las empresas deben sortear para poder participar en las licitaciones. Esta fragmentación normativa no solo aumenta los costos administrativos, sino que también dificulta la expansión de las empresas que operan en múltiples jurisdicciones.

La Ley Nacional de Obras Públicas N.º 13.064, que establecía un único registro a nivel nacional, ha quedado obsoleta ante la realidad actual. Hoy, más de 20 registros provinciales y cerca de 2.000 normas municipales rigen las condiciones de contratación y ejecución de las obras públicas. Esta dispersión normativa convierte la participación en licitaciones en un proceso costoso y complejo, que requiere adaptaciones impositivas, previsionales, habilitaciones locales y matrícula profesional en cada provincia.

La Provincialización y Municipalización de la Obra Pública: Un Fenómeno en Ascenso

La creciente provincialización y municipalización de la obra pública es una tendencia que se ha acentuado en los últimos años, impulsada por la restricción presupuestaria a nivel nacional. Con la disminución de los fondos disponibles para las grandes obras, las provincias y los municipios han asumido cada vez más la ejecución de proyectos viales, hidráulicos, educativos y urbanos. Este fenómeno refleja una transferencia de poder y recursos desde el gobierno central hacia las jurisdicciones subnacionales.

Ejemplos concretos, como el puente entre Santo Tomé y Santa Fe, que históricamente era un proyecto nacional pero que ahora es ejecutado por la provincia, ilustran esta realidad fragmentada. La obra pública en Argentina ya no se concibe como un sistema integrado y coordinado a nivel nacional, sino como un conjunto de proyectos dispersos y gestionados por diferentes jurisdicciones, cada una con sus propias reglas y prioridades.

Esta descentralización, si bien puede tener beneficios en términos de adaptación a las necesidades locales, también plantea desafíos importantes. La falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones puede generar duplicaciones, ineficiencias y retrasos en la ejecución de las obras. Además, la provincialización y municipalización de la obra pública pueden favorecer la corrupción y el clientelismo, al concentrar el poder de decisión en manos de funcionarios locales.

Los Costos de la Fragmentación: Un Mercado Fraccionado y la Perpetuación de la Cartelización

La fragmentación del sistema de obra pública impone altos costos a las empresas constructoras. Para participar en licitaciones en diferentes jurisdicciones, deben cumplir con requisitos específicos en cada provincia y municipio, lo que implica adaptaciones impositivas, previsionales, habilitaciones locales y matrícula profesional. Este esquema genera un mercado fraccionado, donde las empresas con vínculos locales o regionales tienen una ventaja competitiva sobre las firmas que operan en múltiples distritos.

La necesidad de adaptarse a las diferentes normativas y procedimientos también dificulta la expansión de las empresas constructoras, limitando su capacidad para aprovechar las oportunidades que se presentan en otras jurisdicciones. Además, la fragmentación del sistema favorece la cartelización, al permitir que un grupo reducido de empresas controle el mercado en cada provincia o municipio.

La cartelización de la obra pública no responde exclusivamente al régimen de inscripción, sino también a prácticas poco transparentes por parte de los gobiernos contratantes, como el incumplimiento en los pagos o la asignación arbitraria de adjudicaciones. La asociación entre constructoras y, en algunos casos, con sectores de la política, ha respondido a lógicas de supervivencia económica y de intercambio espurio de favores, más que a reglas impuestas por los registros.

Más Allá de la Inscripción: La Necesidad de Abordar las Prácticas Poco Transparentes

La Disposición 24/2025, al resolver un aspecto formal en el plano nacional, no aborda la raíz del problema: la dispersión normativa y la dinámica política que convierte a la obra pública en un instrumento de poder territorial. La eliminación del Registro Nacional de Constructores no garantiza por sí sola una mayor transparencia y competencia en el sector.

Es fundamental abordar las prácticas poco transparentes por parte de los gobiernos contratantes, como el incumplimiento en los pagos, la asignación arbitraria de adjudicaciones y la falta de control en la ejecución de las obras. Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, promover la participación ciudadana y garantizar la independencia de los organismos encargados de la contratación pública.

Asimismo, es importante avanzar hacia una mayor armonización normativa a nivel nacional, estableciendo estándares mínimos de calidad y transparencia que deben cumplir todas las jurisdicciones. Esto permitiría reducir los costos administrativos para las empresas constructoras y facilitar la competencia en el mercado.

El Futuro de la Obra Pública en Argentina: Hacia un Sistema "Feudalizado"

Según se anticipa, en el corto plazo las provincias profundizarán sus propios regímenes de contratación, privilegiando a empresas y trabajadores locales como forma de estimular sus economías y reducir el desempleo. Esta tendencia, si bien puede tener efectos positivos en el ámbito local, incrementará la fragmentación del sistema y dificultará la integración del mercado nacional.

La obra pública en Argentina tenderá a "feudalizarse", operando bajo reglas, criterios y prioridades distintas en cada provincia o municipio. Esto exigirá a las empresas un esfuerzo creciente de adaptación e inversión para mantenerse competitivas en este nuevo mapa descentralizado. La capacidad de adaptación y la construcción de alianzas estratégicas con actores locales serán clave para el éxito en este nuevo escenario.

En este contexto, las empresas constructoras deberán apuntar su sistema comercial hacia las provincias y contar en cada una de ellas con un potencial asociado de manera de participar en unión transitoria con una empresa local con poder político. Esta estrategia permitirá sortear las barreras de entrada y acceder a las oportunidades que se presentan en cada jurisdicción. La obra pública en Argentina se ha convertido en un juego de poder territorial, donde la influencia política y los vínculos locales son tan importantes como la capacidad técnica y financiera.

Fuente: https://www.construar.com.ar/2025/06/la-eliminacion-del-registro-de-constructores/