El debate sobre la justicia fiscal es tan antiguo como la propia existencia de los impuestos. Sin embargo, en España, se ha visto recientemente revitalizado por propuestas que desafían los principios tradicionales de la redistribución de la riqueza. La idea de la “ordinalidad individualizada”, popularizada en ciertos círculos, plantea una ruptura radical con el concepto de la igualdad ante el fisco, proponiendo que la asignación de recursos públicos se base no en la necesidad o en la capacidad contributiva, sino en la posición de cada individuo en un ranking de contribuyentes. Este artículo explora en profundidad esta controvertida propuesta, analizando sus fundamentos teóricos, sus posibles implicaciones prácticas y las críticas que ha suscitado, desentrañando si se trata de una innovadora solución a la desigualdad o de un retroceso hacia un sistema fiscal profundamente injusto.
El Origen y la Filosofía de la Ordinalidad Individualizada
La ordinalidad individualizada, tal como se ha presentado, se inspira en una lectura particular de la función de los impuestos en un Estado democrático. Se argumenta que el objetivo primordial de la fiscalidad no es simplemente financiar los servicios públicos, sino redistribuir la riqueza de manera que aquellos que menos han contribuido reciban más, y aquellos que más han contribuido reciban menos. Esta idea, presentada como un principio de “justicia distributiva”, se basa en la premisa de que la contribución al fisco es un indicador de la capacidad económica, y que, por lo tanto, aquellos que han pagado menos impuestos son los que más necesitan la ayuda del Estado. La analogía con Epi y Blas de Barrio Sésamo, aunque llamativa, busca simplificar un concepto complejo y presentar la ordinalidad como una verdad de cajón, un principio básico de sentido común. Sin embargo, esta simplificación ignora las múltiples dimensiones de la justicia fiscal y las complejidades de la realidad económica.
La propuesta se fundamenta en una crítica a la idea de la igualdad ante el fisco, argumentando que esta igualdad formal puede resultar en una desigualdad material. Se sostiene que si todos los ciudadanos reciben los mismos servicios públicos, independientemente de su capacidad económica, se perpetúa la desigualdad, ya que aquellos que tienen más recursos pueden complementar los servicios públicos con recursos privados, mientras que aquellos que tienen menos recursos dependen exclusivamente de los servicios públicos. La ordinalidad individualizada busca corregir esta desigualdad, asignando más recursos a aquellos que menos tienen y menos recursos a aquellos que más tienen, creando así un sistema fiscal que, según sus defensores, sea verdaderamente progresivo.
Implicaciones Prácticas de la Implementación
La implementación de la ordinalidad individualizada requeriría la creación de un ranking de todos los contribuyentes, basado en la cantidad de impuestos que han pagado a lo largo de un período determinado. Este ranking se utilizaría para determinar la cantidad de recursos públicos que cada individuo recibiría. Los defensores de la propuesta sugieren que se podrían establecer mecanismos para que aquellos que se encuentran en los puestos más bajos del ranking reciban una mayor cantidad de servicios públicos, mientras que aquellos que se encuentran en los puestos más altos del ranking reciban una menor cantidad. Esto podría implicar, por ejemplo, que las personas con menores ingresos tengan acceso a una atención médica más completa, a una educación de mayor calidad o a una vivienda más asequible, mientras que las personas con mayores ingresos tendrían que pagar más por estos servicios o incluso renunciar a algunos de ellos.
La logística de un sistema de este tipo sería enormemente compleja. Sería necesario un sistema de seguimiento exhaustivo de las contribuciones fiscales de cada individuo, así como un mecanismo para determinar la cantidad de servicios públicos que cada uno recibe. Además, se plantearían problemas de privacidad y seguridad de los datos, ya que la información fiscal de cada individuo estaría disponible para las autoridades. La propuesta también podría generar incentivos perversos, como la evasión fiscal o la búsqueda de formas de reducir la contribución al fisco, lo que podría socavar la sostenibilidad del sistema.
Críticas y Objeciones a la Ordinalidad Individualizada
La ordinalidad individualizada ha sido objeto de numerosas críticas por parte de economistas, juristas y políticos. Una de las principales objeciones es que viola el principio de igualdad ante la ley, al establecer un trato diferente para los ciudadanos en función de su capacidad económica. Se argumenta que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos, independientemente de su nivel de ingresos o de su contribución al fisco. Otra crítica es que la propuesta es inherentemente injusta, ya que castiga a aquellos que han trabajado duro y han contribuido más al fisco, mientras que recompensa a aquellos que han contribuido menos. Se sostiene que esto desincentiva el esfuerzo y la productividad, y que podría tener un impacto negativo en la economía.
Además, se argumenta que la ordinalidad individualizada es incompatible con el principio de proporcionalidad, que establece que los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad económica de cada individuo. La propuesta, al asignar más recursos a aquellos que menos han contribuido, viola este principio, ya que no tiene en cuenta la capacidad económica de cada individuo para recibir los servicios públicos. También se ha señalado que la propuesta podría generar conflictos sociales y políticos, ya que podría ser percibida como una forma de discriminación por parte de aquellos que se encuentran en los puestos más altos del ranking. La comparación con figuras autoritarias como Trump, Maduro y Jamenei, utilizada por los proponentes, no hace sino exacerbar estas preocupaciones, sugiriendo una falta de respeto por los principios democráticos y los derechos humanos.
La Dimensión Territorial y la Individualización Extrema
La extensión de la ordinalidad individualizada al ámbito territorial, como se sugiere en el epílogo, plantea aún más problemas. La idea de que La Moraleja (un barrio de alto standing en Madrid) deba recibir menos servicios públicos que Vallecas (un barrio de bajos ingresos) es profundamente controvertida. Se argumenta que los servicios públicos deben estar disponibles para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. Además, la asignación de recursos públicos en función de la riqueza de un barrio podría generar desigualdades territoriales y conflictos entre diferentes comunidades. La propuesta de que la baronesa Thyssen reciba los mismos servicios públicos que una madre soltera con dos hijos también es problemática. Si bien es cierto que la baronesa Thyssen tiene más recursos económicos, también es cierto que contribuye al fisco a través de sus impuestos. La asignación de recursos públicos no debe basarse únicamente en la capacidad económica, sino también en las necesidades individuales.
La individualización extrema propuesta, que implica un ranking de todos los contribuyentes y una asignación de recursos públicos en función de su posición en ese ranking, podría tener consecuencias devastadoras para la cohesión social. Se argumenta que un sistema de este tipo podría generar una sociedad fragmentada, en la que los ciudadanos se ven obligados a competir entre sí por los recursos públicos. Además, la propuesta podría socavar la solidaridad social, al desincentivar la cooperación y la ayuda mutua. La idea de que el Estado sea una “mera federación de asociaciones cinegéticas” es una visión pesimista y deshumanizada de la sociedad, que ignora la importancia de la comunidad y la solidaridad.
Alternativas a la Ordinalidad Individualizada
Existen alternativas más justas y eficientes para abordar la desigualdad y mejorar la redistribución de la riqueza. Una de ellas es fortalecer el sistema fiscal progresivo, aumentando los impuestos a las rentas más altas y a las grandes fortunas. Esto permitiría recaudar más recursos para financiar los servicios públicos y reducir la desigualdad. Otra alternativa es mejorar la eficiencia del gasto público, eliminando los despilfarros y priorizando las inversiones en áreas clave como la educación, la salud y la vivienda. Esto permitiría maximizar el impacto de los recursos públicos y garantizar que lleguen a quienes más los necesitan.
Además, se podrían implementar políticas de apoyo a los grupos más vulnerables, como las familias con bajos ingresos, los desempleados y las personas con discapacidad. Estas políticas podrían incluir ayudas económicas, programas de formación y acceso a servicios sociales. También es importante promover la igualdad de oportunidades, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad, a una atención médica adecuada y a un empleo digno. Estas medidas, combinadas, podrían contribuir a crear una sociedad más justa, equitativa y solidaria, sin necesidad de recurrir a propuestas tan radicales y controvertidas como la ordinalidad individualizada.
Fuente: https://www.huffingtonpost.es//opinion/ordinalidad-individualizada-f202601.html
