Paro y movilización en universidades: docentes reclaman por financiamiento y salarios
Los docentes universitarios se encuentran en pie de guerra contra el gobierno nacional y han convocado a un paro de 48 horas para esta semana, del 21 al 22 de octubre, en todas las facultades del país. Esta medida de fuerza se produce en el marco de una semana de alerta y movilización, que incluirá diversas actividades de visibilización.
Paro docente por el veto a la ley de financiamiento universitario
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó la necesidad de sostener y fortalecer la unidad de los distintos sectores que componen la comunidad universitaria para enfrentar el plan de ajuste y destrucción de la Universidad Pública que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, convocaron a una semana de alerta y movilización a partir de este lunes, que incluirá el paro de 48 horas anunciado anteriormente.
El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, afirmó que "no existen negociaciones de ningún tipo con el gobierno" y que "esa falta de diálogo implica un problema muy grave, porque tiene que ver con el quiebre de un pacto democrático en la Argentina".
Según CONADU, el paro se realizará en defensa de la universidad pública y en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Esta ley, aprobada por el Congreso Nacional, preveía un aumento del presupuesto universitario del 20% para el año 2019, lo que permitiría mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los docentes e investigadores.
Auditorías en universidades
En medio de la disputa con las universidades públicas nacionales, el Gobierno avanzará con su auditoría. El director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló que el proceso comenzará la semana próxima y que el orden de las casas de altos estudios a controlar se determinará "en función de volúmenes de fondos y calidad de convenios".
El proceso comenzará por la Universidad de La Matanza (UNLaM). Si en alguna de las auditorías apareciera alguna sospecha de corrupción, el caso será derivado a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, explicó Blanco.
El objetivo de las auditorías es "verificar la correcta utilización de los fondos públicos asignados a las universidades y el cumplimiento de las normas vigentes", según explicó Miguel Blanco, director de la SIGEN.
Miguel Blanco, director de la SIGEN
Antecedentes del conflicto
Las tensiones entre el gobierno nacional y las universidades públicas vienen de larga data. En 2018, el gobierno anunció un recorte del 1,5% del presupuesto universitario, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad universitaria. En ese momento, CONADU convocó a un paro de 48 horas en todas las facultades del país.
En el mes de abril de 2019, el gobierno vetó la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso Nacional. Este veto generó una nueva ola de protestas por parte de los docentes universitarios, que denunciaron un "ataque a la universidad pública".
En respuesta a las protestas, el gobierno anunció que realizaría auditorías en las universidades públicas nacionales. Esta medida fue rechazada por CONADU, que la calificó de "injerencia en la autonomía universitaria".
Impacto del paro docente
El paro docente de 48 horas convocado por CONADU tendrá un impacto significativo en el normal funcionamiento de las universidades públicas nacionales. Las clases se suspenderán en todas las facultades del país, y se verán afectadas todas las actividades académicas y administrativas.
El paro también tendrá un impacto económico para las universidades, ya que no se cobrarán aranceles durante los días de huelga. Además, los docentes que adhieran al paro perderán dos días de salario.
El paro docente es una medida de fuerza extrema, pero que los docentes universitarios consideran necesaria para defender la universidad pública y sus condiciones de trabajo y salariales.
Perspectivas de futuro
El conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas nacionales no parece tener una pronta solución. El gobierno insiste en realizar auditorías y en reducir el presupuesto universitario, mientras que los docentes se resisten a estas medidas y exigen un mayor financiamiento.
Las perspectivas de futuro son inciertas. Es posible que el conflicto se prolongue por varios meses más, con nuevas medidas de fuerza por parte de los docentes universitarios y nuevas represalias por parte del gobierno.
El desenlace del conflicto dependerá de la voluntad de diálogo y negociación de ambas partes. Si el gobierno está dispuesto a escuchar las demandas de los docentes universitarios y a aumentar el financiamiento universitario, es posible llegar a una solución que satisfaga a ambas partes.
Artículos relacionados