Persona Jurídica en la Posmodernidad: Desafíos, Nuevas Realidades y el Futuro del Derecho Empresarial.
La noción de persona jurídica, pilar fundamental del derecho privado y mercantil, se encuentra en un punto de inflexión. Las palabras de Vítolo y el Inspector General resuenan con fuerza en un contexto de profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos. La posmodernidad, con su deconstrucción de las grandes narrativas y su énfasis en la fluidez y la individualidad, desafía la tradicional concepción de la persona jurídica como una entidad autónoma y delimitada. Este artículo explorará las tensiones actuales en torno a este instituto, analizando la necesidad de repensar sus alcances a la luz de los nuevos fenómenos que emergen en el mercado y en el ámbito tecnológico, y la importancia de adaptar el marco jurídico para ordenar los sistemas patrimoniales y garantizar la transparencia en las relaciones jurídicas.
El Desafío Posmoderno a la Persona Jurídica Tradicional
La persona jurídica clásica, concebida como una ficción legal creada para facilitar la actividad económica y social, se basaba en principios de unidad, autonomía y responsabilidad. Su patrimonio se consideraba separado del de sus miembros, y su identidad se definía por su objeto social y su estructura organizativa. Sin embargo, la posmodernidad cuestiona estos principios fundamentales. La fluidez de las fronteras entre lo público y lo privado, la proliferación de entidades híbridas y la creciente importancia de las redes y las plataformas digitales erosionan la idea de una persona jurídica con una identidad fija y un patrimonio claramente delimitado.
La desmaterialización de la actividad económica, impulsada por la tecnología, también contribuye a este desafío. Las empresas operan cada vez más en el ciberespacio, trascendiendo las fronteras geográficas y utilizando estructuras organizativas complejas y descentralizadas. La aparición de criptomonedas, organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y otras formas de entidades virtuales plantea interrogantes sobre la aplicabilidad de las normas tradicionales de derecho societario y la necesidad de crear nuevos marcos regulatorios.
Además, la posmodernidad promueve una visión más relativista y contextual de la verdad y la justicia. Esto se traduce en una mayor atención a los intereses de los diferentes stakeholders y en una crítica a la primacía de los derechos de los accionistas. La responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y la ética empresarial se convierten en elementos cada vez más relevantes en la evaluación del desempeño de las personas jurídicas.
Nuevos Centros de Imputación de Conductas: La Necesidad de Adaptación
Ante este panorama, el Inspector General señala la necesidad de “repensar” los alcances del instituto de la personalidad jurídica y admitir la creación de nuevos centros diferenciados de imputación de conductas. Esta propuesta implica una revisión de los criterios tradicionales para determinar quién es responsable de las acciones y omisiones de una entidad. La idea central es que la responsabilidad no debe limitarse a la persona jurídica como entidad abstracta, sino que debe extenderse a las personas físicas que controlan y dirigen la entidad, así como a los sistemas y procesos que permiten su funcionamiento.
Esta adaptación requiere una mayor atención a la teoría de la atribución de responsabilidad, que busca determinar cómo se pueden imputar las acciones de una persona a otra. En el contexto de las personas jurídicas, esto implica analizar la relación entre la entidad y sus órganos de administración, sus empleados, sus proveedores y sus clientes. También es importante considerar el papel de la tecnología en la comisión de ilícitos, y la necesidad de establecer mecanismos para identificar y sancionar a los responsables de los daños causados por sistemas automatizados o algoritmos.
La creación de nuevos centros de imputación de conductas también puede implicar la adopción de modelos de responsabilidad objetiva, en los que la persona jurídica es responsable de los daños causados por su actividad, independientemente de su culpa o negligencia. Este enfoque, que ya se aplica en algunos ámbitos del derecho ambiental y del derecho del consumidor, podría ser útil para abordar los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y a las actividades económicas de alto impacto.
Fenómenos Tecnológicos y Realidades del Mercado: Casos Concretos
Los fenómenos tecnológicos y las diversas realidades del mercado presentan desafíos específicos a la persona jurídica tradicional. Las plataformas digitales, por ejemplo, operan como intermediarios entre diferentes actores, creando complejas relaciones jurídicas y generando nuevos riesgos. La responsabilidad de estas plataformas por el contenido generado por sus usuarios, la protección de datos personales y la competencia desleal son algunos de los temas que requieren una regulación específica.
Las criptomonedas y las DAO plantean interrogantes sobre la naturaleza jurídica de estas entidades y la aplicabilidad de las normas tradicionales de derecho societario. ¿Cómo se puede determinar la responsabilidad de los miembros de una DAO en caso de fraude o incumplimiento de contrato? ¿Cómo se puede proteger a los inversores en criptomonedas de los riesgos asociados a la volatilidad y la falta de regulación?
La economía colaborativa, con sus modelos de negocio basados en el intercambio de bienes y servicios entre particulares, también desafía la concepción tradicional de la persona jurídica. ¿Cómo se puede regular la actividad de las plataformas de economía colaborativa para garantizar la protección de los consumidores y la competencia leal? ¿Cómo se puede determinar la responsabilidad de los usuarios de estas plataformas por los daños causados a terceros?
La inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT) plantean nuevos desafíos en materia de responsabilidad civil y penal. ¿Cómo se puede determinar la responsabilidad de un fabricante por los daños causados por un producto defectuoso que utiliza inteligencia artificial? ¿Cómo se puede proteger la privacidad de los datos personales recopilados por dispositivos IoT?
Ordenar los Sistemas Patrimoniales y Transparentar las Obligaciones
La adaptación del instituto de la personalidad jurídica a los nuevos desafíos tecnológicos y económicos debe tener como objetivo ordenar los sistemas patrimoniales y transparentar el desenvolvimiento de los derechos y las obligaciones. Esto implica fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las personas jurídicas, así como promover la adopción de estándares de transparencia y rendición de cuentas.
La implementación de registros públicos de beneficiarios finales, que permitan identificar a las personas físicas que controlan las personas jurídicas, es una medida importante para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La obligación de las empresas de publicar información sobre su estructura organizativa, sus actividades y sus resultados financieros también contribuye a la transparencia.
La adopción de tecnologías blockchain y contratos inteligentes puede facilitar la automatización de los procesos contractuales y la verificación del cumplimiento de las obligaciones. Estas tecnologías también pueden mejorar la seguridad y la transparencia de las transacciones comerciales.
La promoción de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad puede incentivar a las empresas a adoptar prácticas empresariales más éticas y responsables. La divulgación de información no financiera, como el impacto ambiental y social de las actividades de la empresa, puede ayudar a los inversores y a los consumidores a tomar decisiones informadas.
Artículos relacionados