Pesca Argentina en Crisis: Trazabilidad, Burocracia y Amenaza al Sector Productivo
La actividad pesquera argentina se encuentra en una encrucijada. Años de políticas reactivas, disputas internas y una creciente presión regulatoria amenazan su supervivencia y su capacidad para competir en un mercado global cada vez más exigente. Este artículo analiza la situación actual del sector, centrándose en la controversia en torno a la Ley de Trazabilidad, y explora las implicaciones de esta normativa para el futuro de la pesca en Argentina.
- El Estado Defensivo de la Pesca Argentina: Un Sector en Reacción Constante
- La Ley de Trazabilidad: Un Modelo Burocrático y Desconectado de la Realidad Productiva
- El Fracaso en el Senado y la Reactivación de los Impulsores
- SiFIPA: Un Sistema Existente y Funcional
- ¿Trazabilidad o Herramienta de Presión Política?
- El Rol de las ONG, el SENASA y los Senadores Provinciales
- Las Implicaciones para el Futuro de la Pesca Argentina
El Estado Defensivo de la Pesca Argentina: Un Sector en Reacción Constante
Durante al menos dos años, la pesca argentina ha estado en un modo de supervivencia, desviando recursos que deberían destinarse al desarrollo y la innovación. La energía se ha consumido en disputas por cuotas de merluza, negociaciones infructuosas y la defensa de derechos adquiridos. Esta situación ha impedido que el sector se enfoque en la competitividad, la optimización de procesos o la expansión a nuevos mercados. Mientras tanto, reformas impositivas desfavorables y el aumento de los derechos de extracción han agravado la situación, sumándose a una estructura de costos ya de por sí asfixiante, incluso antes de la actual crisis macroeconómica.
El resultado es palpable: balances ajustados, márgenes de ganancia mínimos y una creciente preocupación por la sostenibilidad económica de las flotas merluceras y langostineras. Un breve período de buenos rendimientos en la pesca de calamar ha proporcionado un respiro temporal, pero no ha desviado la atención de las discusiones estratégicas. La reinstalación en el Congreso de un proyecto de Ley de Trazabilidad, presentado bajo el pretexto de la transparencia y la trazabilidad internacional, representa una nueva amenaza para el sector.
La Ley de Trazabilidad: Un Modelo Burocrático y Desconectado de la Realidad Productiva
El proyecto de Ley de Trazabilidad, impulsado desde la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, genera preocupación debido a la falta de experiencia de sus dirigentes en la pesca marítima. Se busca imponer un sistema centralizado, costoso y duplicador de controles, ignorando la existencia de herramientas ya operativas como el SiFIPA (Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura). Este intento de regimentar la trazabilidad no solo entorpecería la operación diaria, sino que también socavaría el modelo productivo, marginando al sector privado en la formulación de políticas que lo afectan.
La paradoja reside en que, mientras el gobierno nacional promueve la desregulación y la simplificación administrativa, la pesca se enfrenta a una ola de regulaciones más estrictas, impulsada por sectores subnacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas. Estas fuerzas buscan reinstalar lógicas de control estatal rígido y verticalista, ignorando las particularidades y necesidades del sector pesquero.
El Fracaso en el Senado y la Reactivación de los Impulsores
El reciente fracaso del proyecto de trazabilidad en el Senado, debido a la falta de quórum, representó una pausa momentánea. Sin embargo, los impulsores de la ley ya se han reactivado, utilizando la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca como plataforma para presionar por su aprobación. Legisladores con intereses provinciales, especialmente de Chubut, buscan imponer nuevos niveles de control bajo la excusa de alinearse con las exigencias internacionales.
El espíritu de un nuevo embate contra el sector pesquero se percibió en el video oficial de la renovación de autoridades. Se busca duplicar los métodos de trazabilidad, control y fiscalización, con el objetivo de despojar a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera (DNCyFP) de su autoridad y permitir una mayor participación de las ONG ambientalistas en la gestión del sector. Esta situación evoca la experiencia de España, donde la pesca se ha convertido en un acto casi revolucionario frente al poder de intereses externos.
SiFIPA: Un Sistema Existente y Funcional
El Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura (SiFIPA), implementado por la Subsecretaría de Pesca de la Nación, ya garantiza la trazabilidad desde el primer eslabón productivo. Si bien es cierto que podrían fortalecerse los controles en muelle, el enfoque de los nuevos proyectos es la creación de una estructura normativa paralela, con superposición de autoridades, duplicación de registros y una burocracia innecesaria que podría obstaculizar el dinamismo de la actividad pesquera.
La propuesta de una ley nacional única con un sistema centralizado de trazabilidad ignora las capacidades ya desplegadas por el SiFIPA y responde más a una estrategia de posicionamiento político y territorial, especialmente desde Chubut, que a una necesidad técnica real. El riesgo es que lo que se presenta como un avance hacia la transparencia se convierta en un laberinto de actos administrativos, validaciones cruzadas y fiscalizaciones redundantes, afectando directamente la productividad y competitividad del sector.
¿Trazabilidad o Herramienta de Presión Política?
Bajo el pretexto de cumplir con recomendaciones multilaterales de organizaciones como la FAO y otras ONG, se promueve una normativa que busca centralizar decisiones, ampliar el margen de intervención de organismos como el SENASA y otorgar a las provincias un rol extendido en aguas nacionales. Esto rompe con el principio de unidad jurisdiccional en zonas donde ya existen marcos operativos.
La iniciativa busca, en esencia, modificar el equilibrio de poder dentro del sector pesquero, otorgando mayor control a actores que tradicionalmente han tenido una influencia limitada. La preocupación radica en que esta nueva normativa no responda a una necesidad real de mejorar la trazabilidad, sino a una estrategia para ejercer presión política y económica sobre el sector.
El Rol de las ONG, el SENASA y los Senadores Provinciales
La reactivación del proyecto de Ley de Trazabilidad cuenta con el impulso de ONG ambientalistas, sectores del SENASA y senadores con fuertes vínculos con la actividad pesquera de sus provincias. Estos actores buscan reinstalar una normativa que, más que ordenar, amenaza con duplicar funciones, burocratizar procesos y entorpecer la operación de la flota nacional.
La influencia de los intereses provinciales, especialmente de Chubut, es evidente en la presión ejercida sobre los legisladores. Bajo la excusa de alinearse con las exigencias internacionales, se busca imponer nuevos niveles de control sobre una industria que ya cuenta con herramientas eficaces como el sistema SiFIPA. Esta situación plantea interrogantes sobre la verdadera motivación detrás de la promoción de la ley.
Las Implicaciones para el Futuro de la Pesca Argentina
La aprobación de la Ley de Trazabilidad, en su forma actual, podría tener consecuencias devastadoras para el futuro de la pesca argentina. La duplicación de controles, la burocracia excesiva y la falta de consideración por las particularidades del sector podrían llevar a una disminución de la productividad, una pérdida de competitividad y una mayor incertidumbre para las empresas pesqueras.
Es fundamental que el sector privado participe activamente en el diseño de las políticas que lo afectan, y que se tomen en cuenta las herramientas ya existentes, como el SiFIPA, antes de implementar nuevas regulaciones. La pesca argentina necesita políticas que fomenten el desarrollo, la innovación y la competitividad, en lugar de imponer cargas burocráticas y restricciones innecesarias.
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