Pesca en Crisis: Gremios y Gobierno Buscan Alivio Fiscal con Salarios No Remunerativos

La crisis del sector pesquero argentino, particularmente la que afecta a los barcos congeladores tangoneros, ha escalado a una situación de alerta. La inminente inmovilización de la flota, con el consecuente impacto en el empleo y la producción, ha impulsado a gremios, gobernadores e intendentes a buscar soluciones urgentes. La propuesta que ha ganado terreno, aunque controversial, se centra en la aplicación de regímenes diferenciales fiscales, específicamente el Decreto 633/2018, que permitiría transformar una parte del salario de los tripulantes en conceptos “no remunerativos”. Esta medida, presentada como un alivio fiscal para las empresas, levanta interrogantes sobre sus implicaciones reales y su potencial para encubrir prácticas laborales irregulares. Este artículo analiza en profundidad la propuesta, el marco legal que la sustenta, las posibles consecuencias y los debates que genera en el sector.

El Conflicto Pesquero: Un Panorama General

La situación actual del sector pesquero argentino es el resultado de una combinación de factores económicos, regulatorios y biológicos. La disminución de las capturas, el aumento de los costos operativos (combustible, mantenimiento, seguros) y la presión de la competencia internacional han erosionado la rentabilidad de las empresas. A esto se suma la incertidumbre generada por las políticas pesqueras, la falta de inversiones en infraestructura y la necesidad de una gestión más sostenible de los recursos marinos. Los barcos congeladores tangoneros, que operan en la captura y procesamiento del calamar, son particularmente vulnerables debido a la volatilidad de los precios internacionales y la alta dependencia de un solo producto. La inmovilización de la flota, amenazada por las empresas, tendría un impacto devastador en las comunidades costeras, generando despidos masivos y una crisis social de gran magnitud.

La búsqueda de soluciones ha involucrado a diversos actores, incluyendo los sindicatos (SOMU), los gobiernos provinciales y nacionales, y las cámaras empresarias. La reunión en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde se planteó la posibilidad de aplicar regímenes diferenciales, representa un intento por encontrar un punto de equilibrio entre las demandas de las empresas y la protección de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas por parte de algunos sectores, que la consideran una medida regresiva que precariza las condiciones laborales y fomenta la informalidad.

El Decreto 633/2018: El Marco Legal de la Propuesta

El Decreto 633/2018, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, establece un esquema de “Regímenes Diferenciales” que permite a las empresas reducir progresivamente sus contribuciones a la seguridad social. El objetivo declarado del decreto es promover el empleo y la inversión, incentivando a las empresas a contratar personal y a realizar mejoras en sus procesos productivos. Sin embargo, la aplicación del decreto ha sido objeto de controversia, ya que algunos sectores argumentan que beneficia principalmente a las grandes empresas y que no genera un impacto significativo en el empleo. El artículo 4° del decreto habilita la instrumentación y homologación de acuerdos que establezcan conceptos salariales de carácter “no remunerativo”, permitiendo a las empresas reducir su carga fiscal.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, en sus artículos 103 bis y 223 bis, define y regula los beneficios sociales y las prestaciones no remunerativas. El artículo 103 bis establece que los beneficios sociales son prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que tienen por objeto mejorar la calidad de vida del trabajador. El artículo 223 bis, por su parte, considera como prestaciones no remunerativas las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o la existencia de fuerza mayor debidamente comprobada.

La Transformación del Salario en Conceptos “No Remunerativos”: ¿Un Alivio Fiscal o una Forma de Pago en Negro?

La propuesta de incorporar a las tripulaciones de los barcos congeladores tangoneros al régimen diferencial del Decreto 633/2018 implica transformar una parte del salario en conceptos “no remunerativos”. Esto significa que esa porción del salario no estará sujeta a las contribuciones a la seguridad social, lo que representaría un alivio fiscal para las empresas. Sin embargo, esta medida también plantea serias preocupaciones sobre sus implicaciones para los trabajadores. En la práctica, los pagos “no remunerativos” pueden convertirse en una forma de pago en negro, ya que no quedan registrados en las liquidaciones salariales y no generan derechos laborales (aguinaldo, vacaciones, indemnización por despido).

La falta de transparencia en la aplicación de este esquema podría facilitar la evasión fiscal y la precarización laboral. Los trabajadores podrían verse obligados a aceptar esta modalidad de pago para conservar sus empleos, lo que los dejaría en una situación de vulnerabilidad y sin protección social. Además, la reducción de las contribuciones a la seguridad social podría afectar la sostenibilidad del sistema previsional y la calidad de los servicios de salud. Es fundamental que se establezcan mecanismos de control y fiscalización para garantizar que la aplicación del régimen diferencial se realice de manera transparente y que se respeten los derechos de los trabajadores.

Los Argumentos a Favor y en Contra de la Propuesta

Las empresas argumentan que la aplicación del régimen diferencial es necesaria para garantizar la viabilidad del sector pesquero. Sostienen que la alta carga fiscal y la falta de competitividad están poniendo en riesgo la supervivencia de las empresas y la pérdida de miles de empleos. Según su perspectiva, la transformación de una parte del salario en conceptos “no remunerativos” permitiría reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad, lo que a su vez incentivaría la inversión y la creación de empleo. Además, argumentan que esta medida es similar a las que se aplican en otros sectores de la economía, como el agro.

Por otro lado, los sindicatos y algunos sectores de la oposición advierten que la propuesta es una medida regresiva que precariza las condiciones laborales y fomenta la informalidad. Argumentan que la reducción de las contribuciones a la seguridad social afectará la calidad de los servicios de salud y la sostenibilidad del sistema previsional. Además, señalan que la transformación del salario en conceptos “no remunerativos” puede convertirse en una forma de pago en negro, dejando a los trabajadores sin protección social. Consideran que la solución a la crisis del sector pesquero pasa por una política integral que promueva la inversión en infraestructura, la gestión sostenible de los recursos marinos y la defensa de los intereses nacionales.

El Rol de los Gobernadores e Intendentes

La participación de los gobernadores e intendentes en la búsqueda de soluciones para la crisis del sector pesquero refleja la importancia de este sector para las economías regionales. Las provincias costeras dependen en gran medida de la actividad pesquera para generar empleo, ingresos y divisas. La inmovilización de la flota tendría un impacto devastador en estas comunidades, generando una crisis social de gran magnitud. Los gobernadores e intendentes han presionado al gobierno nacional para que se adopten medidas urgentes para aliviar la situación de las empresas y proteger los empleos.

La propuesta de aplicar el régimen diferencial del Decreto 633/2018 ha sido impulsada por algunos gobernadores como una solución pragmática para evitar la inmovilización de la flota. Sin embargo, otros gobernadores han expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida para los trabajadores y han abogado por una política integral que promueva el desarrollo sostenible del sector pesquero. La negociación entre el gobierno nacional, los sindicatos, las cámaras empresarias y los gobiernos provinciales será clave para encontrar una solución que equilibre los intereses de todos los actores involucrados.

Próximos Pasos: La Reunión con las Cámaras Empresarias

La reunión prevista para el martes con las cámaras empresarias será crucial para determinar si la propuesta de aplicar el régimen diferencial del Decreto 633/2018 tiene un impacto real en la estructura de costos de los barcos. Las empresas deberán demostrar que la reducción de la carga fiscal se traduce en una mejora de la rentabilidad y que están dispuestas a invertir en la modernización de la flota y la creación de empleo. Si las empresas no muestran un compromiso claro con estos objetivos, la propuesta podría ser rechazada por los sindicatos y los gobiernos provinciales.

La transparencia y la participación de todos los actores involucrados serán fundamentales para garantizar que la solución que se adopte sea justa y sostenible. Es necesario establecer mecanismos de control y fiscalización para evitar la evasión fiscal y la precarización laboral. Además, es importante promover una política integral que promueva la inversión en infraestructura, la gestión sostenible de los recursos marinos y la defensa de los intereses nacionales. El futuro del sector pesquero argentino está en juego, y es fundamental que se tomen decisiones responsables y que tengan en cuenta los intereses de todos los actores involucrados.

Fuente: https://partedepesca.com.ar/d/el-somu-alienta-pagos-en-negro-a-los-marineros-de-la-flota-tangonera/