Pesca: Nueva Resolución Facilita el Pago de Multas y Agiliza el Allanamiento

La reciente Resolución 212/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) representa un cambio significativo en la gestión de infracciones a la Ley Federal de Pesca N° 24.922. Esta normativa, que modifica la Resolución 194/2021, busca modernizar y simplificar el Régimen de Facilidades de Pago para multas, ofreciendo a pescadores y empresas una vía más accesible para regularizar su situación. La digitalización del proceso, la agilización de los plazos y la adaptación de los parámetros de pago a la realidad económica del sector son los pilares de esta actualización, que promete una mayor eficiencia y transparencia en la administración de los recursos pesqueros.

Índice

Digitalización y Tramitación Exclusiva a Través de la TAD

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la Resolución 212/2025 es la obligatoriedad de tramitar todas las solicitudes de allanamiento y acceso al régimen de pago en cuotas a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Esta medida implica una transición completa hacia un sistema digital, eliminando la necesidad de trámites presenciales y simplificando el proceso para los usuarios. La solicitud debe presentarse desde el momento en que se notifica la apertura del sumario administrativo y hasta cinco días hábiles posteriores a la notificación del acto que determine su conclusión. Este plazo, aunque acotado, busca agilizar la respuesta de la administración y evitar demoras innecesarias.

La definición de la notificación como perfeccionada al momento en que su contenido esté disponible en la cuenta del usuario dentro de TAD es crucial. Esto elimina ambigüedades sobre el momento exacto en que se inicia el cómputo de los plazos, brindando mayor seguridad jurídica a las partes involucradas. La claridad en este aspecto es fundamental para evitar controversias y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. La plataforma TAD se convierte así en el centro neurálgico de todo el proceso, desde la notificación inicial hasta la resolución final de la solicitud.

Plazos de Resolución y Consecuencias de la Denegación

La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera cuenta ahora con un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud, para aprobar o rechazar la adhesión al régimen de facilidades de pago. Este plazo, aunque relativamente corto, es razonable considerando la complejidad de algunos casos y la necesidad de una evaluación exhaustiva de la documentación presentada. La agilidad en la resolución es un factor clave para fomentar la confianza de los usuarios en el sistema y evitar demoras que puedan afectar su actividad económica.

En caso de denegatoria, la resolución establece un plazo perentorio de cinco días hábiles para cancelar el saldo pendiente de la multa. Esta exigencia busca evitar que los infractores se beneficien de la demora en la resolución de su solicitud y garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales. La advertencia sobre la continuación del trámite según su estado original en caso de incumplimiento del plazo es una medida disuasoria que refuerza la importancia de la cancelación oportuna de la deuda. La claridad en las consecuencias de la denegación es fundamental para evitar sorpresas desagradables y garantizar la transparencia del proceso.

Escalas Progresivas en Unidades de Pesca (UP) y Flexibilidad Económica

La incorporación del Anexo I, que establece tramos progresivos en unidades de pesca (UP) para determinar la cantidad de cuotas disponibles en los planes de facilidades de pago, es un avance significativo en la adaptación del régimen a la realidad económica del sector pesquero. Esta escala permite ajustar la cantidad de cuotas a la capacidad económica de cada infractor, evitando que aquellos con menores recursos se vean imposibilitados de regularizar su situación. La flexibilidad en los parámetros de pago es un factor clave para fomentar el cumplimiento de las obligaciones legales y evitar la exclusión de pequeños pescadores y empresas.

La facultad otorgada a la Dirección Nacional para revisar periódicamente estas escalas, atendiendo al contexto económico y operativo de la actividad pesquera, es una garantía de que el régimen se mantendrá actualizado y adaptado a las necesidades del sector. Esta capacidad de adaptación es fundamental para garantizar la eficacia del sistema a largo plazo y evitar que se convierta en una carga excesiva para los infractores. La revisión periódica de las escalas permitirá ajustar los parámetros de pago a las fluctuaciones del mercado y a los cambios en las condiciones de la actividad pesquera.

Beneficios por Allanamiento y Marco Legal Vigente

La Resolución 212/2025 reitera que el beneficio de quitas por allanamiento continúa contemplado en el Artículo 54 bis de la Ley 24.922, incorporado por la Ley 25.470 y modificado por la Ley 26.386. Este beneficio, que consiste en una reducción de la multa en caso de reconocimiento de la infracción y aceptación de las sanciones, es un incentivo importante para fomentar la colaboración de los infractores con la administración. La transparencia en la información sobre los beneficios disponibles es fundamental para garantizar que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el régimen.

El mantenimiento de este beneficio, junto con las nuevas medidas introducidas por la Resolución 212/2025, demuestra el compromiso de la SAGyP con la simplificación administrativa y la razonabilidad en la aplicación de las sanciones. La combinación de incentivos y facilidades de pago busca fomentar el cumplimiento de las obligaciones legales y evitar la generación de conflictos innecesarios. La claridad en el marco legal vigente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los usuarios y evitar interpretaciones erróneas.

Principios de Simplificación Administrativa y Razonabilidad

La medida responde a los principios de simplificación administrativa y razonabilidad establecidos por la Ley N° 27.742, en un contexto económico que exige ajustar los procedimientos sancionatorios a la realidad operativa de la flota y las empresas pesqueras. La Ley 27.742, que promueve la modernización de los trámites administrativos y la reducción de la burocracia, es el marco legal que sustenta la reforma introducida por la Resolución 212/2025. La adaptación de los procedimientos sancionatorios a la realidad económica del sector es fundamental para garantizar su sostenibilidad y evitar la generación de cargas excesivas.

La simplificación administrativa, la agilización de los plazos y la digitalización de los trámites son medidas concretas que contribuyen a la reducción de la burocracia y a la mejora de la eficiencia en la gestión pública. La razonabilidad en la aplicación de las sanciones, la flexibilidad en los parámetros de pago y la adaptación de las escalas a la capacidad económica de los infractores son principios que garantizan la justicia y la equidad en el sistema. La combinación de estos principios y medidas busca crear un entorno más favorable para el desarrollo de la actividad pesquera y el cumplimiento de las obligaciones legales.

Objetivos de la Modificación y Transparencia en la Gestión Pública

La modificación busca ofrecer herramientas más ágiles y accesibles para quienes deseen regularizar su situación ante infracciones, fortaleciendo la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. La accesibilidad a los trámites, la claridad en la información y la agilidad en la resolución de las solicitudes son factores clave para fomentar la confianza de los usuarios en el sistema. La transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son principios fundamentales que deben guiar la administración de los recursos pesqueros.

La digitalización del proceso, la publicación de los nuevos parámetros de pago y allanamiento, y la disponibilidad de información clara y concisa en la plataforma TAD son medidas concretas que contribuyen a la transparencia en la gestión pública. La mejora de la eficiencia en la gestión, la reducción de los costos administrativos y la optimización de los recursos públicos son beneficios adicionales que se derivan de la reforma introducida por la Resolución 212/2025. La modernización de los procedimientos administrativos y la adaptación a las nuevas tecnologías son elementos clave para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Entrada en Vigencia y Disponibilidad de Información

La Resolución 212/2025 entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial (30OCT25), mientras que los nuevos parámetros de pago y allanamiento ya se encuentran disponibles. La pronta entrada en vigencia de la resolución permitirá a los usuarios comenzar a utilizar los nuevos procedimientos de inmediato. La disponibilidad de información clara y concisa sobre los nuevos parámetros de pago y allanamiento es fundamental para garantizar que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el régimen.

La publicación de la resolución en el Boletín Oficial y la difusión de información relevante a través de los canales oficiales de la SAGyP son medidas importantes para garantizar la transparencia y la accesibilidad a la información. La capacitación del personal de la administración y la asistencia técnica a los usuarios son elementos clave para garantizar la correcta implementación de la reforma y el aprovechamiento de los beneficios que ofrece el nuevo régimen. La colaboración entre la administración y los usuarios es fundamental para garantizar el éxito de la reforma y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

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Fuente: https://pescare.com.ar/multas-por-infracciones-pesqueras-cambian-plazos-y-requisitos-para-acceder-a-planes-de-pago/

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