Presupuesto 2026: Milei recorta Zona Fría y gastos de capital pese a aumento nominal.

El Presupuesto 2026, presentado por el gobierno de Javier Milei, ha generado un debate intenso en torno a sus prioridades y el impacto real de los ajustes propuestos. Si bien el oficialismo destaca un aumento significativo en las partidas de gastos de capital por encima de la inflación proyectada, la magnitud global del gasto público en relación al Producto Bruto Interno (PBI) plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia económica y su efecto en el desarrollo a largo plazo. La eliminación del “Régimen de Zona Fría”, un beneficio fiscal para ciertas regiones del país, añade otra capa de complejidad a la discusión, generando preocupación en las provincias afectadas y alimentando el debate sobre la distribución de la carga del ajuste.

Análisis del Presupuesto 2026: Un Aumento Nominal con Implicaciones Limitadas

El Presupuesto 2026 proyecta un incremento del 50% en los gastos de capital de la Administración Nacional, superando ampliamente la inflación estimada del 10,1%. A primera vista, esto podría interpretarse como una señal positiva, indicando una mayor inversión en infraestructura y proyectos productivos. Sin embargo, al analizar el gasto total en relación al PBI, la imagen se torna menos alentadora. El presupuesto representa apenas un 0,3% del PBI, una cifra incluso inferior a la de 2024, año caracterizado por el “ajuste más grande de la historia”, según las propias palabras del presidente Milei. Esta contradicción entre el aumento nominal y la baja proporción del gasto público en relación al PBI sugiere que el impacto real de la inversión en el crecimiento económico podría ser limitado.

La composición de los gastos de capital también merece un análisis detallado. Las transferencias de capital, que representan el 49,7% del total, experimentan un aumento significativo del 81,4%. Si bien estas transferencias pueden ser necesarias para financiar proyectos específicos en las provincias, su alta proporción sugiere una dependencia continua de la distribución de recursos desde el gobierno central. La inversión real directa, por su parte, crece un 26,1%, mientras que la inversión financiera asciende un 41%. Esta distribución indica una preferencia por inversiones financieras, que pueden generar retornos más rápidos pero que no necesariamente se traducen en un aumento de la capacidad productiva a largo plazo.

El total a gastar para el próximo año se estima en $3,286 billones, lo que representa un incremento del 50,3% respecto a 2025. Este aumento nominal se explica en gran medida por la inflación proyectada, lo que significa que, en términos reales, el incremento del gasto público podría ser mucho menor. Además, es importante considerar que este presupuesto se basa en una serie de supuestos macroeconómicos que podrían no cumplirse, como la evolución de la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento económico global. Cualquier desviación de estos supuestos podría afectar significativamente la ejecución del presupuesto y sus resultados.

La Eliminación del Régimen de Zona Fría: Impacto Regional y Debate Fiscal

La insistencia del gobierno en eliminar el “Régimen de Zona Fría” ha generado una fuerte oposición por parte de las provincias beneficiadas. Este régimen, creado en la década de 1990, otorgaba beneficios fiscales a las empresas que se instalaran en regiones geográficas con condiciones climáticas adversas, como la Patagonia y Tierra del Fuego. El objetivo era fomentar la inversión y el desarrollo económico en estas zonas, compensando los mayores costos asociados a la actividad productiva en climas fríos. La eliminación de estos beneficios fiscales, argumenta el gobierno, es necesaria para simplificar el sistema tributario y reducir la carga fiscal sobre las empresas.

Sin embargo, las provincias afectadas advierten que la eliminación del Régimen de Zona Fría tendrá un impacto negativo en la actividad económica y el empleo. Argumentan que las empresas que se benefician de este régimen son fundamentales para la economía local y que la pérdida de estos incentivos podría llevar al cierre de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo. Además, señalan que la eliminación del régimen podría afectar la competitividad de las empresas locales en el mercado internacional, ya que se verán obligadas a competir con empresas de otras regiones que sí cuentan con beneficios fiscales.

El debate en torno a la eliminación del Régimen de Zona Fría se enmarca en un contexto más amplio de discusión sobre la política fiscal y la distribución de la carga del ajuste. El gobierno de Milei ha adoptado una política de austeridad fiscal, buscando reducir el déficit público y controlar la inflación. Para lograr este objetivo, ha implementado una serie de medidas de ajuste, como la reducción del gasto público, el aumento de impuestos y la eliminación de subsidios. La eliminación del Régimen de Zona Fría se inscribe en esta línea de ajuste, buscando reducir los beneficios fiscales y aumentar la recaudación impositiva.

Gastos de Capital Desagregados: ¿Prioridades Claramente Definidas?

El desglose de los gastos de capital revela una distribución que plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno. Como se mencionó anteriormente, las transferencias de capital absorben casi la mitad del total, lo que sugiere una fuerte dependencia de la asignación centralizada de recursos. Si bien estas transferencias pueden ser necesarias para financiar proyectos específicos en las provincias, su alta proporción podría limitar la autonomía de los gobiernos locales y dificultar la implementación de políticas de desarrollo adaptadas a las necesidades específicas de cada región. La inversión real directa, que incluye la construcción de infraestructura y la adquisición de bienes de capital, representa una proporción menor del total, lo que podría indicar una falta de compromiso con la inversión a largo plazo en la capacidad productiva del país.

La inversión financiera, por su parte, experimenta un aumento significativo, lo que sugiere una preferencia por inversiones que pueden generar retornos más rápidos pero que no necesariamente se traducen en un aumento de la productividad a largo plazo. Es importante analizar en qué tipo de activos financieros se está invirtiendo y cuál es el impacto esperado de estas inversiones en la economía. Si las inversiones financieras se destinan a activos de bajo riesgo y bajo rendimiento, podrían no ser suficientes para compensar la pérdida de inversión real en infraestructura y proyectos productivos.

Además, es fundamental evaluar la eficiencia de la asignación de los gastos de capital. ¿Se están financiando proyectos que realmente contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo social? ¿Se están utilizando criterios técnicos y transparentes para la selección de proyectos? ¿Se está realizando un seguimiento adecuado de la ejecución de los proyectos para garantizar que se cumplan los objetivos previstos? La falta de transparencia y eficiencia en la asignación de los gastos de capital podría llevar a la pérdida de recursos y a la implementación de proyectos que no generan los beneficios esperados.

El Contexto Macroeconómico y los Riesgos para la Ejecución del Presupuesto

La ejecución del Presupuesto 2026 estará condicionada por la evolución del contexto macroeconómico. La inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico global y la confianza de los inversores son factores clave que podrían afectar la capacidad del gobierno para cumplir con sus objetivos fiscales. Si la inflación se mantiene alta, el gobierno podría verse obligado a aumentar el gasto público para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las transferencias sociales. Esto podría poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit fiscal.

Un tipo de cambio volátil también podría afectar la ejecución del presupuesto. Una depreciación brusca del peso podría aumentar el costo de las importaciones y generar presiones inflacionarias. Además, podría afectar la capacidad del gobierno para pagar su deuda externa. Un crecimiento económico global más lento de lo esperado podría reducir la demanda de las exportaciones argentinas y afectar el crecimiento del PBI. Esto podría reducir la recaudación impositiva y dificultar el cumplimiento del objetivo de déficit fiscal.

La confianza de los inversores también es un factor clave. Si los inversores pierden la confianza en la economía argentina, podrían reducir sus inversiones y aumentar la fuga de capitales. Esto podría afectar el crecimiento económico y dificultar el acceso al financiamiento externo. Es fundamental que el gobierno implemente políticas económicas consistentes y creíbles para recuperar la confianza de los inversores y atraer inversiones a largo plazo.

Fuente: https://revistacodigos.com/recursos-obra-publica-presupuesto-2026-nacion/