Privatizan mantenimiento de rutas nacionales para mayor eficiencia y ahorro
El Gobierno nacional se adentra en un proceso de privatización de las rutas nacionales, transfiriendo su mantenimiento y gestión a manos del sector privado. Esta medida busca optimizar la eficiencia y ahorrar recursos, según las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni.
Privatización de rutas nacionales: una oportunidad para la eficiencia
Actualmente, Corredores Viales S.A., una empresa estatal, se encarga de la operación y mantenimiento de la mayoría de las rutas nacionales concesionadas. Sin embargo, la empresa registra un déficit operacional de US$ 30 millones, cubierto por fondos del Tesoro Nacional hasta diciembre de 2023.
El Gobierno considera que la privatización permitirá una mayor eficiencia y un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares. Las empresas concesionarias se encargarán de financiar las obras y recibirán la tarifa de adjudicación una vez que las rutas estén en condiciones óptimas.
Esta medida se presenta como una "apertura inédita hacia la transparencia", en contraste con la "vieja política" que asociaba las obras públicas con la corrupción y el "delirio populista".
El proceso de licitación: dos etapas cruciales
La licitación se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, se concederán dos tramos del Corredor 18, actualmente operado por Crusa, cuya concesión expira en 2025. Este corredor incluye las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria.
La segunda etapa abarcará 5.513 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales S.A., así como otras rutas no concesionadas anteriormente, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba.
Cualquier empresa nacional o internacional que cumpla con los requisitos de seguro podrá participar en la licitación.
Las responsabilidades de las empresas concesionarias
Las empresas que resulten concesionarias asumirán la responsabilidad de financiar las obras y mejoras necesarias para garantizar el óptimo estado de las rutas.
Solo recibirán el pago de la tarifa de adjudicación una vez que las rutas alcancen las condiciones establecidas en el contrato.
Esta disposición pretende garantizar que las empresas prioricen la calidad del servicio y el mantenimiento de las rutas.
Beneficios esperados de la privatización
El Gobierno anticipa que la privatización de las rutas nacionales conducirá a los siguientes beneficios:
Mayor eficiencia en la operación y mantenimiento de las rutas.
Ahorro de recursos públicos estimado en 5.600 millones de dólares.
Mejora en la calidad y seguridad de las rutas nacionales.
Atracción de inversión privada en infraestructura vial.
Preocupaciones y desafíos
Si bien la privatización de las rutas nacionales promete beneficios, también suscita algunas preocupaciones:
El impacto en las tarifas de peaje para los usuarios.
La posible reducción de la mano de obra en el sector público.
La necesidad de una regulación eficaz para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Un paso hacia la modernización de la infraestructura vial
La privatización de las rutas nacionales representa un paso significativo hacia la modernización de la infraestructura vial en el país.
El Gobierno confía en que esta medida conducirá a una mayor eficiencia, ahorro de recursos y mejoras en la calidad de las rutas.
Sin embargo, es esencial que se implementen medidas de salvaguardia para mitigar las posibles preocupaciones y garantizar que la privatización beneficie tanto al sector público como a los usuarios.
Esta privatización es una oportunidad para mejorar la eficiencia y la calidad de nuestras rutas nacionales, siempre y cuando se garantice la transparencia y la rendición de cuentas.
Manuel Adorni, Vocero presidencial
Artículos relacionados