PRO en la mira: Concejal porteño cobrando dos sueldos y candidatos sin voto en CABA

La política argentina, a menudo envuelta en debates sobre ética y representación, se ve sacudida por casos que cuestionan el compromiso territorial de sus figuras. La reciente exposición de situaciones que involucran a concejales y candidatos del partido Propuesta Republicana (PRO) ha reavivado la discusión sobre la autenticidad del servicio público y la conveniencia como motor de las decisiones políticas. Desde un concejal que reside en otra ciudad mientras percibe un salario público, hasta candidatos que aspiran a representar a un distrito sin siquiera estar registrados como votantes en él, estos casos revelan una desconexión preocupante entre los representantes y los representados. Este artículo analiza en profundidad estas situaciones, explorando las implicaciones para la democracia y la confianza ciudadana.

El Caso de Joaquín Sánchez Charró: Doble Sueldo y Residencia Distante

Joaquín Sánchez Charró, concejal del PRO en General Alvarado (Miramar), se encuentra en el centro de una controversia que pone en tela de juicio su dedicación a la comunidad que eligió. A pesar de su rol como representante local, Sánchez Charró reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y, además de su dieta como concejal, percibe un salario del Gobierno porteño, liderado por Jorge Macri, también del PRO. Esta situación ha generado un fuerte malestar entre los vecinos de General Alvarado, quienes cuestionan la transparencia en el uso de los recursos públicos y el compromiso real del concejal con las problemáticas cotidianas del municipio.

La campaña de Sánchez Charró en 2021 se basó en la promesa de renovación política y desarrollo local. Sin embargo, su decisión de mantener su domicilio en CABA contradice ese discurso, sugiriendo una falta de arraigo con la comunidad que representa. La percepción de que el concejal está más enfocado en sus intereses personales que en las necesidades de sus electores erosiona la confianza en las instituciones y alimenta el escepticismo hacia la clase política. La doble remuneración, proveniente tanto del municipio como del gobierno porteño, agrava aún más la situación, generando la sensación de que Sánchez Charró se beneficia de dos cargos públicos simultáneamente.

La defensa de Sánchez Charró, si la hubiera, podría argumentar que su residencia en CABA no impide el cumplimiento de sus funciones como concejal, y que su trabajo en el Gobierno porteño es compatible con su rol político en General Alvarado. Sin embargo, esta justificación no aborda la cuestión central: la falta de proximidad con la comunidad y la posible influencia de sus intereses personales en la toma de decisiones. La residencia en CABA implica una menor disponibilidad para atender las demandas de los vecinos, participar en actividades locales y comprender en profundidad las problemáticas del municipio.

Lospennato y Lombardi: Candidatos sin Padrón Electoral en CABA

El PRO enfrenta un escenario peculiar de cara a las elecciones legislativas en CABA en 2025. Silvia Lospennato, jefa de la lista de candidatos a legisladores porteños, y Hernán Lombardi, segundo en la nómina, no podrán votarse a sí mismos, ya que ambos tienen su domicilio registrado en la provincia de Buenos Aires. Esta situación, que podría parecer una simple anécdota electoral, revela una práctica común en la política argentina: la flexibilidad en la elección de distritos según la conveniencia, sin un compromiso territorial genuino.

A pesar de estar solicitando el voto a los ciudadanos porteños, ni Lospennato ni Lombardi han realizado el cambio de domicilio correspondiente para integrarse formalmente al distrito que ahora aspiran a representar. Esto significa que sus nombres no figuran en el padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires, lo que plantea interrogantes sobre su conexión real con la comunidad local. La falta de un domicilio registrado en CABA sugiere que su interés en representar al distrito es más estratégico que arraigado.

La estrategia de presentar candidatos con domicilio fuera del distrito al que aspiran puede ser vista como una forma de ampliar las posibilidades electorales del partido, aprovechando la popularidad de figuras conocidas en diferentes jurisdicciones. Sin embargo, esta práctica también puede ser interpretada como una falta de respeto hacia los votantes, quienes podrían sentirse engañados al ver que sus representantes no comparten su misma realidad cotidiana. La ausencia en el padrón electoral de CABA es un símbolo de esa desconexión y un recordatorio de que la política, a menudo, se mueve por cálculos de conveniencia más que por vocación de servicio.

La Raíz del Problema: Conveniencia vs. Compromiso Territorial

Los casos de Sánchez Charró, Lospennato y Lombardi no son incidentes aislados, sino síntomas de un problema más profundo que afecta a la política argentina: la primacía de la conveniencia sobre el compromiso territorial. La búsqueda de cargos públicos, la acumulación de beneficios y la movilidad entre distritos según las oportunidades son prácticas que se han normalizado en el sistema político, erosionando la confianza ciudadana y debilitando la democracia.

La falta de arraigo territorial de los representantes políticos dificulta la comprensión de las necesidades y problemáticas locales, lo que se traduce en políticas públicas ineficaces y desconectadas de la realidad. Cuando los representantes no viven en la comunidad que eligen, es más difícil para ellos establecer un vínculo genuino con los vecinos, conocer sus preocupaciones y defender sus intereses. Esta distancia genera un círculo vicioso de desconfianza y desinterés, que alimenta el abstencionismo y la apatía política.

La cultura política argentina, históricamente marcada por el clientelismo y el personalismo, ha contribuido a la normalización de estas prácticas. La lealtad a los líderes y la búsqueda de favores personales a menudo prevalecen sobre el compromiso con el bien común y la defensa de los intereses de la comunidad. Esta dinámica perpetúa un sistema en el que la política se percibe como un juego de poder y una fuente de beneficios para unos pocos, en lugar de un instrumento para el progreso social y el desarrollo económico.

Implicaciones para la Democracia y la Confianza Ciudadana

La proliferación de casos como los mencionados tiene consecuencias negativas para la democracia y la confianza ciudadana. La percepción de que los representantes políticos están más interesados en sus propios beneficios que en el servicio público erosiona la legitimidad de las instituciones y alimenta el desencanto con la política. Esta situación puede conducir a un aumento del abstencionismo, la radicalización del discurso político y la desconfianza en el sistema democrático.

La falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y la ausencia de mecanismos de control efectivos contribuyen a la impunidad y la corrupción. Cuando los representantes políticos no rinden cuentas por sus acciones y no están sujetos a un escrutinio público riguroso, es más fácil que abusen de su poder y se aprovechen de su posición para beneficio propio. Esta situación socava el estado de derecho y debilita la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

Restaurar la confianza ciudadana en la política requiere un cambio profundo en la cultura política y en las prácticas de los representantes. Es necesario promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el compromiso territorial. Los partidos políticos deben seleccionar a sus candidatos con criterios más rigurosos, priorizando la experiencia, la ética y el arraigo con la comunidad. Los ciudadanos, por su parte, deben exigir a sus representantes un comportamiento ético y responsable, y participar activamente en la vida política para defender sus intereses y construir una sociedad más justa y equitativa.

Fuente: https://derechadiario.com.ar/politica/joaquin-charro-concejal-del-pro-miramar-que-vive-y-cobra-caba