PROMESA: Nueva Mediación en Salud para Descongestionar la Justicia y Mejorar el Acceso a la Atención
El sistema de salud, pilar fundamental del bienestar social, se enfrenta a un desafío creciente: la judicialización masiva de reclamos por parte de los usuarios. Esta tendencia, que ha experimentado un aumento exponencial en los últimos años, amenaza con colapsar el sistema judicial y obstaculizar el acceso oportuno a las prestaciones sanitarias. Ante este panorama, el Gobierno Nacional ha implementado una innovadora herramienta: el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), un mecanismo alternativo de resolución de conflictos diseñado para descongestionar los tribunales y garantizar una solución ágil y efectiva para los ciudadanos.
- El Ascenso de la Judicialización en Salud: Causas y Consecuencias
- PROMESA: Un Nuevo Marco para la Resolución de Conflictos en Salud
- El Rol Crucial de los Mediadores y la Capacitación Especializada
- El Registro Nacional de Mediación: Incorporando la Especialización en Salud
- La Expansión del PROMESA a Nivel Nacional: Un Desafío para las Jurisdicciones
- Beneficios Tangibles del PROMESA para Usuarios y Prestadores de Salud
El Ascenso de la Judicialización en Salud: Causas y Consecuencias
El incremento del 471,79% en el número de amparos en 2024, en comparación con el año anterior, no es un fenómeno aislado. Esta escalada se ha mantenido desde 2021, evidenciando una creciente desconfianza en los mecanismos administrativos de resolución de conflictos y una mayor predisposición de los usuarios a recurrir a la vía judicial. Diversos factores contribuyen a esta tendencia. La complejidad del sistema de salud, la falta de información clara sobre los derechos de los pacientes, las demoras en la atención, las negativas de cobertura y las dificultades para acceder a medicamentos e insumos son algunas de las causas principales.
La judicialización, si bien garantiza el acceso a la justicia, conlleva una serie de consecuencias negativas. Los procesos judiciales son largos, costosos y generan incertidumbre para ambas partes. Además, desvían recursos del sistema de salud, que podrían destinarse a mejorar la calidad de la atención. La sobrecarga de los tribunales dificulta la resolución oportuna de otros casos y genera un círculo vicioso que perpetúa el problema. La mediación, en este contexto, se presenta como una alternativa viable y eficiente para evitar la judicialización y promover la resolución pacífica de los conflictos.
PROMESA: Un Nuevo Marco para la Resolución de Conflictos en Salud
El Decreto de Necesidad de Urgencia 379/2025 establece las bases del PROMESA, un procedimiento optativo y confidencial que busca acercar a las partes en conflicto y facilitar la negociación. A diferencia de un juicio, donde un juez impone una solución, la mediación se basa en el diálogo y la búsqueda de un acuerdo mutuamente satisfactorio. El Ministerio de Justicia de la Nación es el organismo encargado de supervisar el funcionamiento del procedimiento, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
La confidencialidad es un pilar fundamental del PROMESA. La información compartida durante el proceso no podrá ser utilizada en un futuro litigio judicial, lo que garantiza un espacio seguro para la negociación. Los plazos breves establecidos para las actuaciones del mediador y la realización de las audiencias (entre 5 y 7 días) buscan asegurar una resolución oportuna. La participación en las audiencias requerirá patrocinio o representación letrada, y se prevé asistencia jurídica gratuita para aquellos que no cuenten con recursos suficientes, garantizando el acceso a la mediación para todos los ciudadanos.
El Rol Crucial de los Mediadores y la Capacitación Especializada
La idoneidad de los mediadores es esencial para el éxito del PROMESA. Los mediadores serán designados por sorteo y deberán haber completado una capacitación obligatoria, impartida en colaboración entre los ministerios de Justicia y de Salud de la Nación. Esta capacitación abarcará aspectos legales, médicos y habilidades de negociación, asegurando que los mediadores cuenten con los conocimientos necesarios para comprender las problemáticas vinculadas a la salud y facilitar la comunicación entre las partes.
El Ministerio de Salud de la Nación desempeñará un papel fundamental en la capacitación de los mediadores, aportando su experiencia y conocimiento técnico. Su intervención en el proceso de mediación será limitada a casos en los que sea convocada por las partes, con el objetivo de ayudar a alcanzar un acuerdo satisfactorio. Esta colaboración interministerial garantiza una perspectiva integral y multidisciplinaria en la resolución de los conflictos.
El Registro Nacional de Mediación: Incorporando la Especialización en Salud
Para garantizar la calidad y el control del servicio, el marco legal del PROMESA contempla la modificación del Registro Nacional de Mediación existente. Se incorporará a los mediadores especializados en salud dentro de su estructura, creando un registro específico que garantice su idoneidad y desempeño. El registro estará dividido en cuatro secciones: Mediadores, Centros de Mediación, Profesionales Asistentes y Entidades Formadoras, abarcando todos los aspectos relacionados con la mediación en materia de salud.
La autorización, habilitación y control del desempeño de los mediadores estarán a cargo de este registro, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos y que brinden un servicio de calidad. Esta estructura organizativa permitirá una gestión eficiente y transparente del sistema de mediación, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en esta herramienta alternativa de resolución de conflictos.
La Expansión del PROMESA a Nivel Nacional: Un Desafío para las Jurisdicciones
Ante el éxito potencial del PROMESA a nivel nacional, el Gobierno Nacional ha convocado a las jurisdicciones a crear procedimientos similares en sus respectivos territorios. El objetivo es implementar una red de mediación en salud que cubra todo el país, garantizando un acceso ágil, dinámico y eficiente a la resolución de conflictos. Esta iniciativa requiere de la colaboración y el compromiso de las provincias y municipios, que deberán adaptar sus legislaciones y recursos para implementar el procedimiento.
La implementación del PROMESA a nivel nacional representa un desafío importante, pero también una oportunidad para transformar el sistema de salud y mejorar la calidad de la atención. Al descongestionar el sistema judicial y promover la resolución pacífica de los conflictos, se liberarán recursos que podrán destinarse a fortalecer la infraestructura sanitaria, capacitar al personal de salud y garantizar el acceso a las prestaciones para todos los ciudadanos.
Beneficios Tangibles del PROMESA para Usuarios y Prestadores de Salud
El PROMESA ofrece beneficios significativos tanto para los usuarios como para los prestadores de salud. Para los usuarios, representa una alternativa más rápida, económica y menos estresante que un juicio. Permite resolver los conflictos de manera confidencial y personalizada, evitando la exposición pública y la incertidumbre de un proceso judicial. Además, la asistencia jurídica gratuita garantiza el acceso a la mediación para aquellos que no cuentan con recursos suficientes.
Para los prestadores de salud, el PROMESA ofrece la oportunidad de evitar los costos y la complejidad de un juicio. Permite resolver los conflictos de manera colaborativa, preservando la relación con los pacientes y evitando daños a su reputación. Además, la mediación puede ayudar a identificar y corregir errores en la atención, mejorando la calidad de los servicios y previniendo futuros conflictos. La implementación exitosa del PROMESA contribuirá a un sistema de salud más justo, eficiente y centrado en el paciente.
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