Proveedores Mineros San Juan: Debate por Nueva Ley y Prioridad a Empresas Locales
La minería en San Juan, provincia argentina rica en recursos, se encuentra en una encrucijada. El gobierno provincial planea presentar un proyecto de ley de Proveedores Mineros, buscando definir un marco legal que, según sus declaraciones, no está adecuadamente contemplado en el Régimen de Inversiones Mineras (RIGI). Esta iniciativa ha generado debate y controversia, especialmente entre las cámaras de proveedores locales. La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) ha expresado su preocupación, argumentando que una nueva ley podría ser innecesaria e incluso contraproducente, afectando la inversión y la seguridad jurídica. Este artículo explora en profundidad la postura de CAPRIMSA, los argumentos a favor y en contra de la ley, y las posibles implicaciones para el futuro de la minería en San Juan.
El Contexto: RIGI y la Necesidad Percibida de una Ley de Proveedores
El Régimen de Inversiones Mineras (RIGI) es un marco legal nacional que regula la actividad minera en Argentina. Establece condiciones para la inversión, la exploración y la explotación de recursos minerales, buscando atraer capitales y fomentar el desarrollo del sector. Dentro del RIGI, ya existe una definición de proveedor local y se promueve la contratación de bienes y servicios de empresas argentinas, otorgando igualdad de oportunidades en precio y calidad. El gobierno de San Juan considera que esta definición es insuficiente y que una ley provincial específica permitiría fortalecer la participación de las empresas sanjuaninas en la cadena de valor minera.
La percepción de la necesidad de una ley de proveedores radica en la idea de que, a pesar de las disposiciones del RIGI, las empresas locales no están logrando una participación equitativa en los contratos mineros. Se argumenta que las empresas más grandes, a menudo con sede en otras provincias o incluso en el extranjero, tienen una ventaja competitiva debido a su mayor capacidad técnica, financiera y logística. Una ley provincial, según sus defensores, podría establecer mecanismos para favorecer a las empresas sanjuaninas, como cuotas de contratación, incentivos fiscales o requisitos de calificación específicos.
La Postura de CAPRIMSA: Un Llamado al Diálogo y la Prudencia
CAPRIMSA, que representa a un importante número de proveedores mineros en San Juan, se ha mostrado abiertamente crítica con la iniciativa del gobierno provincial. Fernando Godoy, presidente de la cámara, ha enfatizado que no han sido convocados a participar en la elaboración del proyecto de ley y que desconocen su contenido específico. Esta falta de consulta es una de las principales preocupaciones de CAPRIMSA, que considera que una ley efectiva debe ser el resultado de un diálogo amplio y constructivo con todos los actores involucrados.
La cámara argumenta que el RIGI ya establece un marco adecuado para la promoción de proveedores locales, otorgando igualdad de oportunidades en precio y calidad. Además, señalan que cualquier legislación provincial que se oponga a las disposiciones del RIGI podría ser declarada nula, generando inseguridad jurídica y desalentando la inversión. CAPRIMSA teme que la sanción de una ley provincial mal diseñada pueda desencadenar una serie de desafíos legales y conflictos entre las provincias, ya que cada una podría intentar favorecer a sus propios proveedores.
El Riesgo de una "Guerra de Proveedores Locales"
Uno de los argumentos más contundentes de CAPRIMSA es el riesgo de desencadenar una "guerra de proveedores locales" entre las diferentes provincias mineras. Si cada provincia establece requisitos de contratación preferencial para sus propias empresas, se podría generar una barrera al comercio interprovincial y dificultar la participación de proveedores de otras regiones. Esto sería especialmente perjudicial para las empresas sanjuaninas que buscan expandir sus operaciones a otras provincias, como Salta, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, Neuquén o Vaca Muerta.
CAPRIMSA, como cofundadora de la Cámara Federal de Proveedores, promueve el movimiento comercial en todas las provincias mineras. Consideran que la clave para el desarrollo del sector no es la protección arancelaria o las restricciones a la competencia, sino la creación de un entorno favorable para la innovación, la eficiencia y la colaboración. Una "guerra de proveedores locales" iría en contra de este principio fundamental y podría perjudicar a todos los actores involucrados.
Alternativas Superadoras: Economía Circular y Cadenas de Valor
En lugar de una ley de proveedores que establezca cuotas de contratación o requisitos preferenciales, CAPRIMSA propone una alternativa basada en la economía circular y el fortalecimiento de las cadenas de valor. La cámara ha estado trabajando durante años en el desarrollo de proyectos que promueven la colaboración entre empresas locales y no locales, buscando crear sinergias y aprovechar las fortalezas de cada uno.
La economía circular implica la reutilización, la reparación y el reciclaje de materiales y productos, reduciendo la dependencia de los recursos naturales y minimizando el impacto ambiental. En el contexto de la minería, esto podría significar la creación de empresas locales especializadas en el tratamiento de residuos mineros, la fabricación de componentes para equipos mineros o la prestación de servicios de mantenimiento y reparación. El fortalecimiento de las cadenas de valor implica la identificación de oportunidades para que las empresas locales se integren en la cadena de suministro de las empresas mineras, ofreciendo bienes y servicios de mayor valor agregado.
Formatos Legales para la Colaboración: Consorcios, Alianzas y Sociedades
CAPRIMSA ha identificado varios formatos legales que pueden facilitar la colaboración entre empresas locales y no locales, como consorcios de empresas, alianzas estratégicas y sociedades comerciales. Estos formatos permiten a las empresas compartir recursos, conocimientos y riesgos, aumentando su capacidad competitiva y facilitando su acceso a nuevos mercados. La cámara ha implementado con éxito varios proyectos basados en estos formatos, demostrando que son una alternativa viable y efectiva para promover el desarrollo de las empresas locales.
Por ejemplo, un consorcio de empresas locales podría unirse para ofrecer un servicio integral a una empresa minera, combinando sus diferentes especialidades y recursos. Una alianza estratégica podría permitir a una empresa local acceder a la tecnología y el conocimiento de una empresa no local, mientras que una sociedad comercial podría permitir a ambas empresas compartir los beneficios y los riesgos de un proyecto conjunto. Estos formatos legales ofrecen flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo a las empresas encontrar la solución más adecuada para sus necesidades específicas.
El Diálogo como Camino a Seguir: La Minería como Recurso de Toda la Sociedad
CAPRIMSA insiste en que el diálogo es el camino a seguir para abordar los desafíos y las oportunidades que presenta la minería en San Juan. La cámara considera que la minería es un recurso de la provincia, de toda la sociedad sanjuanina y de toda la República Argentina, y que cualquier decisión que se tome al respecto debe ser el resultado de un proceso participativo y transparente.
La cámara solicita al gobierno provincial que los convoque para informar sobre el proyecto de ley antes de presentarlo a la Legislatura. Consideran que es fundamental que todos los actores involucrados tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones, y que se busquen soluciones que beneficien a todos. CAPRIMSA está dispuesta a colaborar con el gobierno provincial en la elaboración de una política minera que sea sostenible, equitativa y beneficiosa para todos.
“Creemos oportuno que el gobierno nos convoque para informar sobre el proyecto antes de presentarlo. Por ahí es muy bueno, pero no lo conocemos y consideramos que sea cual fuere la ley debe contar con todos los apoyos. Si no lo hace, seguramente reclamaremos que los legisladores nos escuchen.”
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