Pueblo Awajún denuncia iniciativas del Congreso que impulsan deforestación y minería ilegal
**El clamor del pueblo Awajún: indignación contra un Congreso depredador**
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La Ley "Antiforestal" y la deforestación rampante
Los líderes indígenas Awajún denuncian con vehemencia la Ley N° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Argumentan que esta ley facilita las actividades ilícitas y la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales. La llaman "Ley Antiforestal" porque creen que legaliza la destrucción de sus bosques.
Organismos internacionales, ambientalistas y el propio Gobierno Regional de San Martín han criticado la ley. Sostienen que debilita las normas contra la tala ilegal y permite que las empresas acusadas de deforestación formalicen su propiedad sobre las tierras, lo que impide la investigación y el enjuiciamiento de los responsables.
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Comités de Autodefensa: militarización y vulneración de la autonomía
La Ley N° 31494 reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD), otorgándoles atribuciones para recibir donaciones y comprar armas. Los Awajún rechazan esta ley, alegando que vulnera su autonomía organizativa y jurisdicción.
La ley promueve la militarización de sus territorios y mina la paz social. Los Awajún temen que los CAD se conviertan en grupos armados que amenacen su seguridad y revivan conflictos internos.
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La Ley contra el Crimen Organizado facilita la minería ilegal
La Ley N° 31989 modifica la Ley contra el Crimen Organizado, lo que, según los Awajún, permite la continuación de actividades mineras informales contaminantes en su territorio. Revoca disposiciones que permitían a la Policía detener a mineros infractores, lo que fomenta la impunidad en el sector minero.
Esta ley allana el camino para la formación de nuevas organizaciones dedicadas a la minería ilegal, amenazando los ecosistemas y la salud de las comunidades.
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La APCI y la criminalización del activismo
Un reciente dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso busca modificar la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Los Awajún condenan estas modificaciones, ya que estigmatizan el activismo y criminalizan a las organizaciones de derechos humanos.
La ley otorga a la APCI el poder de cancelar el registro de las organizaciones sin causa justa o debido proceso, además de imponer sanciones desproporcionadas. Esto silenciaría las voces críticas y socavaría la democracia en el país.
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El abandono de los pueblos en aislamiento
El Congreso también ha intentado modificar el estatus de las reservas indígenas establecidas para pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Esta medida pone en grave peligro la vida y el entorno de estos pueblos vulnerables, cuya supervivencia depende de los recursos naturales de sus territorios.
Los Awajún acusan al Congreso de ignorar el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado peruano a consultar cualquier medida legislativa que afecte a los pueblos indígenas.
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