Recortes Drásticos en Presupuesto 2026: Violencia de Género y Salud Sexual en Riesgo
El año 2026 se perfila como un punto de inflexión crítico para las políticas de género en Argentina, con un recorte presupuestario devastador que amenaza con desmantelar los avances logrados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Un análisis exhaustivo del proyecto de Presupuesto 2026 revela una reducción alarmante del 89% en los fondos destinados a programas clave, lo que plantea serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Este artículo profundiza en los detalles de estos recortes, examinando su impacto en programas específicos y analizando las implicaciones para la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral y la asistencia a víctimas de violencia.
El Desmantelamiento de Programas Clave de Prevención y Atención
El Programa Acompañar, una iniciativa fundamental para brindar apoyo psicosocial y legal a mujeres en situación de violencia, ha sido particularmente afectado. Tras una reducción del 90% en su presupuesto en 2024, el programa ha desaparecido virtualmente del presupuesto nacional en 2025 y 2026. La cobertura, que en 2023 alcanzaba a más de 100.000 personas, se desplomó a apenas 434 en 2024, y la falta de una partida presupuestaria identificable impide conocer el alcance actual de la asistencia. Esta eliminación de fondos no solo limita el acceso a servicios esenciales para las víctimas, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de los equipos de profesionales que trabajaban en el programa.
La Línea 144, un servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género, también ha sufrido recortes significativos. Si bien se mantiene una meta asociada a esta línea en el programa Afianzamiento de la Justicia, la cantidad de personas asistidas se reduce a 60.000 en 2026, un tercio de las atendidas en 2023. Esta disminución en la capacidad de respuesta podría tener consecuencias graves, especialmente en un contexto de aumento de la violencia de género. La falta de recursos podría traducirse en tiempos de espera más largos, menor disponibilidad de operadores y una atención menos personalizada.
La actividad Protección de Víctimas de Violencia muestra un aumento nominal en el presupuesto, pero este incremento se diluye en un alcance más amplio que incluye delitos contra la integridad sexual y violencia familiar. Esta ampliación de la definición de víctimas dificulta la estimación de la proporción de recursos destinados específicamente a la violencia de género, lo que genera opacidad y dificulta la evaluación de la efectividad de las políticas.
Recortes Drásticos en Salud Sexual y Reproductiva
El Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, perteneciente al Ministerio de Salud, ha experimentado un desfinanciamiento casi total en los últimos años. El gasto del programa cayó a mínimos históricos en 2024, representando solo el 20% de lo invertido en 2023 y apenas el 8% de la cifra de 2021. Si bien se observa una recuperación parcial en 2025, los niveles de inversión aún se encuentran lejos de los de años anteriores. Esta reducción en los fondos afecta la capacidad del sistema de salud para brindar servicios de salud sexual y reproductiva de calidad a la población.
Además del desfinanciamiento general, se ha producido un cambio de enfoque en el programa, con un desplazamiento del presupuesto hacia la actividad Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable en detrimento del Plan ENIA (Prevención del Embarazo Adolescente). En 2026, se ejecutaría menos del 3% de lo invertido en 2023 en el Plan ENIA, lo que pone en riesgo los avances logrados en la prevención del embarazo adolescente. Este cambio de prioridades sugiere una menor preocupación por la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y jóvenes.
El programa ha abandonado el asesoramiento, la capacitación docente en Educación Sexual Integral (ESI) y el apoyo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), centrándose casi exclusivamente en la distribución de métodos anticonceptivos físicos. Si bien el aumento en la distribución de preservativos, DIU e implantes es positivo, la meta de cobertura general con métodos anticonceptivos se reduce significativamente (de 54% a 34% de la población), lo que indica que menos personas en total accederán a los tratamientos del programa. Esta reducción en la cobertura podría tener consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva de la población, especialmente para los grupos más vulnerables.
La Erosión de la Educación Sexual Integral
La Educación Sexual Integral (ESI), una herramienta fundamental para promover la igualdad de género y prevenir la violencia sexual, también ha sido objeto de recortes presupuestarios. El Presupuesto 2026 asigna apenas $30 millones a las actividades de ESI, lo que representa solo el 2% de lo ejecutado en 2023. Esta reducción drástica en los fondos limita la capacidad de las escuelas para implementar programas de ESI de calidad.
En 2025, no se planificó capacitar a ningún docente ni brindar asistencia en ninguna provincia, y en 2026 directamente desaparecen del presupuesto como metas informadas. Esta falta de capacitación docente y asistencia técnica dificulta la implementación efectiva de la ESI en las escuelas, lo que pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de los estudiantes y su capacidad para prevenir la violencia de género. La eliminación de metas informadas en el presupuesto sugiere una falta de compromiso con la ESI por parte del gobierno.
La ESI es esencial para promover relaciones saludables, prevenir el embarazo adolescente y la violencia sexual, y garantizar el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva. Los recortes presupuestarios en este ámbito representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de los estudiantes y en la promoción de la igualdad de género.
Impacto Diferencial en Grupos Vulnerables
Los recortes presupuestarios en las políticas de género tienen un impacto desproporcionado en los grupos más vulnerables, como las mujeres en situación de violencia, las adolescentes, las mujeres indígenas y las mujeres de bajos recursos. La reducción en la cobertura del Programa Acompañar afecta especialmente a las mujeres que no tienen acceso a otros recursos de apoyo. La disminución en los fondos para el Plan ENIA pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o en situación de pobreza.
La falta de capacitación docente en ESI afecta a todos los estudiantes, pero especialmente a aquellos que provienen de familias conservadoras o que no tienen acceso a información sobre salud sexual y reproductiva en sus hogares. La reducción en los fondos para la IVE dificulta el acceso a este servicio esencial para las mujeres que desean interrumpir su embarazo.
Las transferencias a hogares con niñas, niños y adolescentes, y en particular a hogares monomarentales, se mantienen, pero su poder adquisitivo se ve amenazado por la inflación. Si bien estas transferencias son importantes para aliviar la pobreza, no son suficientes para compensar los efectos de los recortes en las políticas de género. La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y asistencia a víctimas de violencia puede perpetuar la desigualdad de género y la vulnerabilidad de estos grupos.
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