Ruta K: Corte Suprema recibe más de 238 mil dólares de Lázaro Báez por lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez, además de algo más de 4 millones de pesos provenientes de la subasta de dos aeronaves. La transferencia fue concretada por el Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4), presidido por el juez Néstor Costabel, como parte del avance del decomiso de bienes ordenado en la causa de la “Ruta del dinero K”.
Cumplimiento de la Orden Judicial
De manera oficial se precisó que el procedimiento se encuadra en el cumplimiento de la orden judicial que dispuso la recuperación de activos hasta superar los 60 millones de dólares, en línea con la condena dictada contra Báez por lavado de dinero. A comienzos de este mes, el máximo tribunal puso en marcha el operativo destinado a restituir al Estado los fondos y bienes incautados al empresario condenado.
En ese marco, resolvió que los activos fueran inscriptos registralmente a nombre de la Corte, conforme lo establecido en los artículos 23 y 305 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal.
Monto Total Sujeto a Decomiso
Según la sentencia dictada en abril de 2021 por el TOF 4, el monto total sujeto a decomiso ronda los 61,13 millones de dólares, distribuidos en distintas partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A ese total se agregan cerca de 4,17 millones de pesos, actualizados por inflación de acuerdo con el índice del Indec.
El fallo dispuso que, una vez firme la condena, debía ejecutarse el decomiso sobre la totalidad de los bienes embargados. Esa resolución fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y quedó definitivamente firme en mayo de 2025, cuando la Corte Suprema —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó los recursos presentados por las defensas.
Cruces Institucionales y el Decreto 575/2025
Dicho proceso incluyó distintos cruces institucionales. Tras conocerse la sentencia, el Gobierno nacional dictó el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados en la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de supervisar los bienes decomisados.
La iniciativa generó tensiones con el Poder Judicial, debido a que la Corte había determinado que la administración de esos bienes corresponde a los jueces penales, como garantía de independencia judicial. En ese contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en atribuciones propias del Poder Judicial.
En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al sostener que alteraba de forma inconstitucional el sistema de gestión de bienes de origen ilícito y afectaba la autonomía de la Corte Suprema, así como su autarquía presupuestaria.
Investigación y Operación de Lavado de Dinero
Durante la investigación, la Justicia determinó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 operó una organización criminal dedicada al lavado de dinero, vinculada principalmente a la empresa Austral Construcciones, dirigida por Báez. Las maniobras se canalizaron a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó tanto en el país como en el exterior.
De acuerdo con lo acreditado en el expediente, el esquema permitió la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso a la Argentina por un total de USD 54.872.866,69. El dinero se depositaba en cuentas de bancos internacionales —generalmente en jurisdicciones con bajos controles fiscales— a nombre de distintas personas jurídicas, para luego ser reintroducido mediante operaciones financieras que simulaban inversiones legítimas.
Además del episodio conocido como “La Rosadita”, el tribunal dio por probadas otras maniobras de lavado independientes, entre ellas la compra de un campo en Mendoza —la estancia El Carrizalejo— y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la avenida
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