Salvan Puente Ciudad de la Paz: Amparo por Valor Patrimonial en Palermo
El Puente de Ciudad de la Paz, una estructura centenaria en el corazón de Palermo, Buenos Aires, se encuentra en el centro de una intensa batalla legal y social. Organizaciones civiles han presentado un amparo colectivo ambiental para frenar su inminente demolición, argumentando su valor patrimonial y denunciando irregularidades en el proceso impulsado por el Gobierno de la Ciudad. Este conflicto no es solo sobre la preservación de una construcción histórica, sino sobre el derecho a la ciudad, la participación ciudadana y la protección del patrimonio cultural en un contexto de desarrollo urbano acelerado. La historia del puente, su significado para la comunidad y las alternativas propuestas para su conservación son elementos clave en esta disputa que pone en tela de juicio las prioridades del gobierno porteño.
Historia y Valor Patrimonial del Puente de Ciudad de la Paz
Construido en 1918 por la Compañía de Tramways Lacroze, el Puente Vehicular Ciudad de la Paz es mucho más que una simple infraestructura de transporte. Su diseño, representativo de la ingeniería de principios del siglo XX, lo convierte en un testimonio valioso de la evolución urbana de Buenos Aires. Originalmente concebido para el paso de tranvías, el puente ha sido testigo de décadas de transformaciones en el barrio de Palermo y en la ciudad en su conjunto. Su estructura metálica, con sus arcos y detalles ornamentales, refleja un estilo arquitectónico característico de la época, que evoca un pasado industrial y un compromiso con la calidad y la durabilidad.
En 2017, el puente fue incluido en el catálogo preventivo de inmuebles patrimoniales con Protección Ambiental, mediante la Resolución N°111-SSREGIC-17. Este reconocimiento oficial confirma su valor histórico, arquitectónico y cultural, y establece la necesidad de protegerlo y conservarlo para las futuras generaciones. Sin embargo, la inclusión en el catálogo preventivo no garantiza una protección definitiva, ya que requiere un proceso de catalogación formal que aún no se ha completado. La falta de avance en este proceso es uno de los principales argumentos de las organizaciones civiles que se oponen a la demolición del puente.
El valor patrimonial del Puente de Ciudad de la Paz no se limita a sus características físicas. También reside en su significado simbólico para la comunidad local. Durante décadas, el puente ha sido un punto de referencia para los vecinos de Palermo, un lugar de encuentro y un elemento distintivo del paisaje urbano. Su demolición implicaría la pérdida de un símbolo de identidad y de una parte importante de la memoria colectiva del barrio. Además, el puente forma parte de un conjunto de infraestructuras históricas que contribuyen a la singularidad y el encanto de Palermo, un barrio conocido por su rica historia y su vibrante vida cultural.
La Demolición Planificada y las Irregularidades Denunciadas
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), ha impulsado la licitación pública N° 2025-01-0011-00, cuyo objetivo es desarmar el Puente de Ciudad de la Paz y reemplazarlo por una nueva estructura para tránsito pesado. Esta decisión ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones civiles, vecinos y expertos en patrimonio, quienes denuncian la falta de transparencia en el proceso y la violación de normativas legales. La principal crítica se centra en la demolición de un inmueble catalogado como patrimonial sin haber completado el procedimiento legal de catalogación definitiva.
Según la demanda presentada por las organizaciones, el Ejecutivo porteño ha incumplido durante ocho años su deber de enviar un proyecto de ley a la Legislatura para formalizar la catalogación del puente. Esta omisión ha permitido que el gobierno avance con el proyecto de demolición sin contar con la aprobación legislativa necesaria. Además, se denuncia la falta de participación ciudadana en el proceso, ya que la Constitución de la Ciudad establece la obligatoriedad de convocar una audiencia pública para debatir proyectos que afecten bienes patrimoniales. Esta omisión vulnera el derecho a la democracia ambiental y social, consagrado tanto por la Carta Magna local como por el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566).
El argumento oficial para justificar la demolición se basa en supuestos riesgos estructurales y en la necesidad de facilitar el paso de vehículos pesados. Sin embargo, informes técnicos contratados por el propio Gobierno de la Ciudad descartan un colapso inminente y proponen soluciones alternativas que permitirían conservar la estructura original. Estas alternativas incluyen refuerzos estructurales que permitirían mantener la circulación de vehículos livianos, ambulancias y autobombas, así como una propuesta de ingeniería que permitiría construir puentes internos conservando la estructura original. La existencia de estas alternativas pone en duda la necesidad real de demoler el puente y sugiere que la decisión del gobierno se basa en otros criterios, como la conveniencia económica o la imposición de un modelo de desarrollo urbano centrado en el automóvil.
Alternativas de Conservación y Viabilidad Técnica
A pesar de los argumentos oficiales que justifican la demolición, existen alternativas técnicas y económicamente viables para conservar el Puente de Ciudad de la Paz. Informes técnicos independientes y propuestas de ingeniería demuestran que es posible reforzar la estructura existente para garantizar su seguridad y funcionalidad, sin necesidad de recurrir a la demolición. Estas alternativas no solo permitirían preservar el valor patrimonial del puente, sino que también podrían resultar más económicas y sostenibles a largo plazo.
Una de las propuestas más destacadas es la realización de refuerzos estructurales que permitirían mantener la circulación de vehículos livianos, ambulancias y autobombas. Esta solución, que requiere una inversión menor que la construcción de un nuevo puente, garantizaría la continuidad de la función social del puente, al tiempo que preservaría su valor histórico y arquitectónico. Otra alternativa consiste en la construcción de puentes internos que permitirían conservar la estructura original y al mismo tiempo facilitar el paso de vehículos pesados. Esta solución, que requiere una mayor inversión, podría ser considerada como una opción a largo plazo, que garantizaría la conservación del puente y la mejora de la infraestructura de transporte en la zona.
Las organizaciones civiles que se oponen a la demolición del puente han presentado estas alternativas al Gobierno de la Ciudad, solicitando que se evalúen de manera rigurosa y transparente. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha mostrado un interés genuino en considerar estas opciones, insistiendo en la necesidad de demoler el puente y construir una nueva estructura. Esta actitud ha generado sospechas sobre las verdaderas motivaciones del gobierno y ha reforzado la convicción de que la decisión de demoler el puente es arbitraria e injustificada.
El Amparo Colectivo Ambiental y las Solicitudes a la Justicia
Ante la inminente amenaza de demolición, las organizaciones Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler y La Ciudad Somos Quienes La Habitamos han presentado una Acción de Amparo Colectivo Ambiental ante la justicia porteña. Esta acción judicial busca frenar la demolición del puente y garantizar el cumplimiento de las normativas legales en materia de protección del patrimonio cultural y participación ciudadana. La demanda solicita a la justicia que ordene la suspensión inmediata de cualquier acción de desarme o demolición sobre el puente, la anulación del proceso licitatorio en curso, el cumplimiento del envío del proyecto de catalogación definitiva a la Legislatura y la abstención del CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales) de tratar su descatalogación.
El amparo colectivo ambiental se basa en la defensa del derecho a un ambiente sano, la protección del patrimonio cultural y el derecho a la participación ciudadana. Las organizaciones argumentan que la demolición del puente viola estos derechos fundamentales y que el gobierno porteño ha actuado de manera irregular e ilegal al impulsar el proyecto sin contar con la aprobación legislativa necesaria ni con la participación de la comunidad. La presentación del amparo representa un último recurso para evitar la pérdida de un bien patrimonial de gran valor histórico y cultural, y para defender el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan su ciudad.
La respuesta de la justicia a este amparo será crucial para determinar el futuro del Puente de Ciudad de la Paz. Si la justicia falla a favor de las organizaciones, se suspenderá la demolición y se obligará al gobierno a cumplir con las normativas legales y a considerar las alternativas de conservación propuestas. Si la justicia falla en contra, el gobierno podrá avanzar con el proyecto de demolición, lo que implicaría la pérdida de un testimonio histórico irremplazable y un duro golpe para la defensa del patrimonio cultural en la ciudad de Buenos Aires.
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