Santa Cruz: Denuncian Falta de Seguridad y Fraude en la Flota Pesquera – AGOMU exige controles urgentes.
La actividad pesquera en la provincia de Santa Cruz, Argentina, se encuentra bajo una creciente lupa debido a las denuncias de la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (AGOMU) sobre graves deficiencias en la seguridad laboral, la falta de controles estatales y las prácticas fraudulentas en el pesaje de la captura. Este artículo profundiza en las acusaciones de AGOMU, exponiendo un panorama preocupante de negligencia, incumplimiento normativo y la vulnerabilidad de los trabajadores del mar. A través del análisis de incidentes recientes, la revisión de la legislación vigente y las declaraciones de los representantes sindicales, se busca comprender la magnitud del problema y la urgencia de implementar medidas correctivas para garantizar la integridad física y los derechos laborales de los marineros santacruceños.
La Crisis de Seguridad en la Flota Pesquera de Santa Cruz
La denuncia de AGOMU se centra en la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz ante solicitudes de información y de inspección, específicamente relacionadas con el Buque Pesquero Liliana (BP Liliana) y la Flota Amarilla. Esta inacción, según el gremio, agrava la situación de riesgo para los tripulantes, especialmente a la luz de incidentes recientes como el encallamiento de los buques Argenova IV y Xin Shi Ji 30, y el naufragio del BP Carlillo. Estos eventos no solo demuestran la falta de preparación y equipamiento adecuado a bordo, sino también la ausencia de controles efectivos por parte de las autoridades competentes.
El caso del Xin Shi Ji 30 es particularmente alarmante. La evacuación de la tripulación con salvavidas, pero sin los trajes de inmersión reglamentarios, evidencia una flagrante violación de la normativa de seguridad marítima. Lo mismo ocurrió con los marineros del BP Carlillo, quienes se vieron obligados a lanzarse al agua sin la protección fundamental que ofrecen estos trajes. Estas situaciones ponen de manifiesto la necesidad urgente de fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza Marítima Nro.2-986 y el Artículo 204.0203 del REGINAVE, que establecen la obligatoriedad del uso de trajes de inmersión en buques pesqueros que operen a más de tres millas náuticas de la costa.
La Falta de Fiscalización y el Rol de las Autoridades
AGOMU denuncia la ausencia de fiscalización sobre los barcos y sus descargas en los puertos de Santa Cruz. La falta de balanzas para pesar la captura y la dependencia exclusiva de las declaraciones de los capitanes, a través de los partes de pesca, generan un ambiente propicio para el fraude y la manipulación de datos. Esta situación, agravada por la inexistencia de entidades de control y coordinación en algunos puertos, pone en riesgo la correcta contabilización de la captura y la justa remuneración de los trabajadores.
La ausencia de la Unidad de Evaluación de la Pesca y la Seguridad en el Ámbito Portuario (UNEPOSC) en la fiscalización de estas irregularidades es otro punto crítico señalado por el gremio. La UNEPOSC, como organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa pesquera y la seguridad en los puertos, debería estar presente y activa en la supervisión de las operaciones de descarga y pesaje. Su ausencia contribuye a la impunidad y perpetúa las prácticas fraudulentas.
El Caso de Santa Cruz Puede S.A.U. y las Prácticas Fraudulentas
La empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., responsable del BP Liliana, también es objeto de las denuncias de AGOMU. El gremio acusa a la empresa de no garantizar las condiciones de seguridad a bordo y de incurrir en prácticas fraudulentas en el pesaje de la captura. En particular, se denuncia el uso indebido de cajones de langostino para almacenar merluza, lo que permite manipular el peso y reducir la cantidad de pescado que corresponde a los marineros.
Según la Resolución N° 9/2022, Artículo 8°, los buques fresqueros que capturen langostino deben utilizar cajones con una capacidad máxima de 17 kilogramos. Sin embargo, se ha constatado que estos cajones se están utilizando para almacenar merluza, y que se llenan con un peso superior al permitido. Esta práctica, además de ser ilegal, perjudica directamente a los trabajadores, quienes reciben una remuneración inferior a la que les corresponde por su trabajo.
La Vulnerabilidad Laboral y la Falta de Regulación Gremial
La ausencia de una cámara empresarial representativa de la Flota Amarilla ha generado un contexto de improvisación y acuerdos precarios para los trabajadores. Los convenios laborales se establecen mediante actas y pagos discrecionales, lo que deja a los marineros en una situación de vulnerabilidad y sin la protección que les brinda un contrato laboral formal. Gran parte de los salarios se pagan “por fuera” del marco de la Ley laboral, lo que perjudica los aportes jubilatorios de los trabajadores.
Como consecuencia de esta situación, muchos marineros se ven obligados a jubilarse con pensiones mínimas, debido a la falta de regulación gremial y estatal. La informalidad laboral y la falta de controles dificultan la verificación de los ingresos reales de los trabajadores, lo que impide que reciban una jubilación digna. Esta situación es especialmente preocupante para aquellos que han dedicado toda su vida al trabajo en el mar.
Caleta Paula: Un Puerto sin Control
Caleta Paula se destaca como el único puerto en los caladeros provinciales que carece de control de pesaje. Esta situación genera incertidumbre sobre cómo el Consejo Federal Pesquero calcula la cantidad de merluza capturada en la provincia. Actualmente, el registro se basa en partes de pesca estimativos, donde el capitán reporta la cantidad de cajones y un peso aproximado de 30 kg por cajón. Esta metodología, según AGOMU, es susceptible de manipulación y no garantiza la transparencia en el control de la captura.
La práctica de los “marineros de balanza” de establecer que todos los cajones pesan mágicamente 30 kg, convierte el control en una farsa. Esta situación evidencia la necesidad urgente de instalar balanzas en Caleta Paula y de implementar un sistema de pesaje riguroso y transparente, que permita verificar la cantidad real de merluza capturada y garantizar la justa remuneración de los trabajadores.
La seguridad de los trabajadores del mar no puede seguir dependiendo de la desidia y la falta de controles. Ricardo Cardozo, referente de AGOMU, enfatizó la urgencia de implementar medidas correctivas para garantizar la integridad física y los derechos laborales de los marineros santacruceños.
El Marco Legal y las Resoluciones del Consejo Federal Pesquero
La fragilidad normativa y la permisividad en la aplicación de la Ley Federal de Pesca N° 24.922 y las resoluciones del Consejo Federal Pesquero son factores que contribuyen a la crisis de seguridad en la flota pesquera de Santa Cruz. La falta de controles efectivos y la impunidad ante las infracciones fomentan las prácticas fraudulentas y ponen en riesgo la vida de los trabajadores.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para fortalecer el marco legal y garantizar su cumplimiento. Esto implica aumentar la fiscalización, imponer sanciones ejemplares a quienes infrinjan la normativa y promover la participación de los trabajadores en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad laboral.
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