Santa Cruz exige transporte público federal y defiende el Boleto Estudiantil Gratuito ante recortes nacionales.
El transporte público en Argentina se encuentra en una encrucijada. La reciente reducción de subsidios nacionales ha generado una disparidad creciente entre las provincias, poniendo en riesgo la accesibilidad y la seguridad vial. Santa Cruz, como muchas otras jurisdicciones, enfrenta el desafío de mantener servicios esenciales como el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en un contexto económico adverso. Este artículo analiza la situación actual, los debates planteados en el encuentro nacional de autoridades de transporte, y las estrategias que Santa Cruz está implementando para mitigar los efectos de la crisis.
La Crisis de Subsidios y su Impacto Provincial
La quita de subsidios nacionales al transporte público ha desatado una ola de preocupación en las provincias argentinas. Mientras que la Provincia de Buenos Aires continúa recibiendo asistencia financiera, otras jurisdicciones han experimentado una reducción drástica o la eliminación total de estos recursos. Esta situación genera una inequidad flagrante, ya que las provincias con menor capacidad económica se ven imposibilitadas de sostener los niveles de servicio y tarifas existentes. La falta de fondos impacta directamente en la calidad del transporte, la frecuencia de los recorridos y la seguridad de los pasajeros. Además, dificulta la implementación de mejoras en la infraestructura y la modernización de la flota de vehículos.
La disparidad en la distribución de subsidios también se relaciona con la escasa presencia de organismos de fiscalización en el interior del país. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) concentra sus esfuerzos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando desprotegidas a las provincias, donde proliferan prácticas informales y se compromete la seguridad vial. Esta falta de control genera un círculo vicioso, ya que la ausencia de regulaciones claras y efectivas dificulta la inversión en el sector y perpetúa la precariedad del servicio.
El Compromiso de Santa Cruz con el Boleto Estudiantil Gratuito
En medio de este panorama desafiante, la Provincia de Santa Cruz ha reafirmado su compromiso de sostener el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) con fondos provinciales. Esta política educativa fundamental, que garantiza el acceso al transporte público a estudiantes de todos los niveles –primario, secundario y terciario/universitario–, es considerada por el gobernador Claudio Vidal como un pilar esencial para el desarrollo de la provincia. El BEG no solo facilita el acceso a la educación, sino que también promueve la igualdad de oportunidades y reduce la deserción escolar.
La continuidad del BEG, a pesar del contexto económico adverso, representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno provincial. Se trata de una inversión estratégica en el futuro de la provincia, que busca acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje desde el primer día hasta el último. Mantener esta política en funcionamiento requiere una gestión eficiente de los recursos y una priorización de las necesidades educativas de la población. La decisión de Santa Cruz de priorizar el BEG envía un mensaje claro sobre la importancia que se le otorga a la educación y al desarrollo social.
Fortalecimiento de los Controles de Seguridad y la Fiscalización
Uno de los temas centrales del encuentro nacional de autoridades de transporte fue la necesidad de fortalecer los controles de seguridad ante la limitada fiscalización de la CNRT fuera del AMBA. La falta de supervisión efectiva favorece la proliferación de prácticas informales en el sector, como el transporte pirata y la falta de cumplimiento de las normas de seguridad. Estas prácticas ponen en riesgo la vida de los pasajeros y generan una competencia desleal con las empresas de transporte legalmente constituidas.
Para abordar este problema, se propuso una mayor coordinación entre las provincias y la CNRT, así como la asignación de recursos adicionales para fortalecer la capacidad de fiscalización en el interior del país. También se planteó la necesidad de implementar tecnologías de control más avanzadas, como sistemas de geolocalización y cámaras de seguridad en los vehículos. El objetivo es garantizar que todos los servicios de transporte público cumplan con los estándares de seguridad establecidos y que los pasajeros puedan viajar con tranquilidad.
Revisión Técnica Vehicular y Digitalización de Licencias
El encuentro también abordó la situación de los talleres de Revisión Técnica Vehicular (RTV) a partir de las nuevas regulaciones. Se discutieron los desafíos que enfrentan estos talleres para adaptarse a los nuevos requisitos técnicos y administrativos, así como la necesidad de brindarles apoyo y capacitación para garantizar la calidad del servicio. La RTV es un componente fundamental de la seguridad vial, ya que permite detectar y corregir fallas mecánicas que podrían causar accidentes.
Otro tema relevante fue el proceso de digitalización de las licencias profesionales de las categorías C, D y E. Esta iniciativa busca modernizar el sistema de licencias y facilitar la verificación de la validez de las mismas a nivel nacional e internacional. La validez internacional de estas licencias continúa en gestión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que permitirá a los conductores argentinos trabajar en otros países y viceversa. La digitalización de las licencias también contribuirá a reducir el fraude y la falsificación de documentos.
Hacia una Política de Transporte Federal y Equitativa
El encuentro nacional de autoridades de transporte dejó en evidencia la creciente preocupación de las provincias ante un sistema de transporte público cada vez más desigual. La quita de subsidios nacionales y la falta de fiscalización efectiva han exacerbado las disparidades regionales, poniendo en riesgo la accesibilidad y la seguridad vial en muchas jurisdicciones. Ante esta situación, se planteó la necesidad de avanzar hacia una política federal sólida y equitativa, que garantice el acceso al transporte y la seguridad vial en todo el territorio nacional.
Esta política federal debería incluir una distribución más justa de los subsidios nacionales, una mayor coordinación entre las provincias y la CNRT, y un fortalecimiento de la capacidad de fiscalización en el interior del país. También es fundamental invertir en la infraestructura de transporte, modernizar la flota de vehículos y promover el uso de tecnologías más limpias y eficientes. El objetivo es construir un sistema de transporte público que sea accesible, seguro, sostenible y equitativo para todos los argentinos.
La discusión sobre la federalización del transporte no es nueva, pero la crisis actual ha puesto de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones que permitan superar las desigualdades regionales y garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. Se requiere un compromiso político firme y una visión estratégica a largo plazo para construir un sistema de transporte público que responda a las necesidades de las provincias y contribuya al desarrollo económico y social del país.
La implementación de un sistema de transporte federal y equitativo implica un cambio de paradigma en la gestión del transporte público en Argentina. Requiere una mayor colaboración entre el gobierno nacional y las provincias, así como una participación activa de los diferentes actores del sector, incluyendo las empresas de transporte, los sindicatos y la sociedad civil. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá construir un sistema de transporte público que sea justo, eficiente y sostenible.
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