Santa Cruz impulsa autonomía provincial en licencias profesionales y seguridad vial nacional.

La seguridad vial en Argentina ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, impulsada por la necesidad de adaptar las normativas a los nuevos desafíos tecnológicos y a las demandas de mayor autonomía provincial. Un hito reciente en este camino es la reforma del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito, a través del Decreto 196/25. Este cambio normativo, discutido y acordado en una asamblea que reunió a representantes de 22 provincias, delega a las jurisdicciones provinciales la potestad de otorgar licencias profesionales, marcando un punto de inflexión en la gestión de la habilitación de conductores profesionales. El presente artículo analiza en profundidad este cambio, sus implicaciones, el contexto en el que se produce y el compromiso continuo de las provincias con una agenda federal de seguridad vial.

Índice

El Nuevo Marco Regulatorio: Decreto 196/25 y la Reforma del 779/95

El Decreto 196/25 representa una modificación sustancial al Decreto 779/95, que hasta ahora establecía los lineamientos generales para la regulación del tránsito en todo el país. La principal novedad radica en la delegación a las provincias de la competencia para otorgar licencias profesionales. Esta decisión responde a la necesidad de adaptar las regulaciones a las particularidades de cada jurisdicción, permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en el proceso de habilitación de conductores profesionales. Anteriormente, la Nación ejercía un control más centralizado sobre este aspecto, lo que generaba demoras y dificultades en algunas provincias. La reforma busca agilizar los trámites y garantizar que los conductores profesionales cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar su labor de manera segura.

La reforma no implica una eliminación de los estándares nacionales de seguridad vial. Por el contrario, las provincias deberán ajustar sus normativas y procedimientos a los lineamientos generales establecidos por la Ley Nacional de Tránsito y sus reglamentaciones. Esto asegura una armonización mínima en todo el país, evitando disparidades que puedan comprometer la seguridad de los usuarios de las rutas. La delegación de competencias implica también una mayor responsabilidad para las provincias, que deberán fortalecer sus capacidades institucionales y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos de evaluación y control de manera efectiva.

Autonomía Provincial y Desafíos en la Implementación

La delegación de la potestad para otorgar licencias profesionales a las provincias se enmarca en una tendencia más amplia hacia una mayor autonomía jurisdiccional en materia de seguridad vial. Esta autonomía permite a cada provincia adaptar sus políticas y regulaciones a las necesidades específicas de su territorio y de su población. Sin embargo, también plantea desafíos importantes en términos de implementación. Cada provincia deberá establecer sus propios criterios y procedimientos para la evaluación de los aspirantes a conductores profesionales, garantizando que se cumplan los estándares nacionales de seguridad. Esto requiere una inversión en infraestructura, capacitación de personal y desarrollo de sistemas de control.

Uno de los principales desafíos es la necesidad de garantizar la uniformidad en los criterios de evaluación en todo el país. Si bien cada provincia tiene la libertad de adaptar sus regulaciones, es fundamental que los requisitos mínimos para obtener una licencia profesional sean consistentes en todas las jurisdicciones. Esto evitará situaciones en las que un conductor profesional habilitado en una provincia no cumpla con los requisitos para conducir en otra. Para abordar este desafío, es necesario establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre las provincias, así como un sistema de intercambio de información y buenas prácticas.

La Asamblea de Provincias: Un Compromiso Federal con la Seguridad Vial

La asamblea que reunió a representantes de 22 provincias fue un evento clave para el debate y la aprobación de la reforma del Decreto 779/95. La presencia de María Sanz, subsecretaria de la agencia, acompañada por Cintia Riquelme, subsecretaria de Asuntos Jurídicos, demostró el compromiso de la Nación con el proceso de descentralización y la promoción de una agenda federal de seguridad vial. Durante el encuentro, los representantes provinciales pudieron expresar sus inquietudes y propuestas, y llegar a un consenso sobre los términos de la reforma. La participación activa de todas las provincias fue fundamental para garantizar que la reforma refleje las necesidades y expectativas de todas las jurisdicciones.

La asamblea también sirvió para renovar las autoridades del Consejo de Seguridad Vial, dando continuidad al trabajo conjunto entre Nación y las provincias en temas de seguridad vial. La renovación de las autoridades es un proceso importante para asegurar la representatividad y la eficacia del Consejo, que es el órgano encargado de coordinar las políticas y acciones de seguridad vial en todo el país. La continuidad del trabajo conjunto entre Nación y las provincias es esencial para lograr avances significativos en la reducción de siniestros viales y la protección de la vida de los usuarios de las rutas.

Temas Clave Abordados en la Asamblea: Más Allá de las Licencias Profesionales

Si bien la reforma del Decreto 779/95 fue uno de los principales temas tratados en la asamblea, la agenda incluyó una serie de otros temas clave para mejorar la seguridad en las rutas de todo el país. Entre estos temas se destacan la discusión sobre las reformas y mejoras en la normativa vial, el intercambio de buenas prácticas entre las distintas jurisdicciones y la coordinación de acciones para hacer frente a los nuevos desafíos tecnológicos y normativos. La asamblea brindó un espacio para el debate y la reflexión sobre los principales problemas que afectan la seguridad vial en Argentina, y para la búsqueda de soluciones innovadoras y efectivas.

La discusión sobre los nuevos desafíos tecnológicos se centró en la necesidad de adaptar las regulaciones a la aparición de nuevas tecnologías en el ámbito del transporte, como los vehículos autónomos y los sistemas de asistencia a la conducción. Estas tecnologías tienen el potencial de mejorar la seguridad vial, pero también plantean nuevos riesgos y desafíos que deben ser abordados de manera proactiva. La coordinación de acciones para hacer frente a estos desafíos requiere una colaboración estrecha entre Nación y las provincias, así como una inversión en investigación y desarrollo.

El Compromiso de Santa Cruz con la Seguridad Vial

La participación de la provincia de Santa Cruz en la asamblea reafirma el compromiso de la APSV (Agencia Provincial de Seguridad Vial) con la seguridad vial y la implementación de políticas públicas alineadas con las normativas nacionales y regionales. Santa Cruz ha sido una provincia activa en la promoción de la seguridad vial, implementando diversas iniciativas para reducir los siniestros viales y proteger la vida de sus ciudadanos. La provincia ha invertido en infraestructura vial, capacitación de personal y campañas de concientización, y ha establecido mecanismos de coordinación con otras provincias y con la Nación.

El compromiso de Santa Cruz con la seguridad vial se refleja en sus resultados, que muestran una disminución significativa en el número de siniestros viales en los últimos años. Sin embargo, la provincia reconoce que aún queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos de seguridad vial establecidos en la Ley Nacional de Tránsito. La reforma del Decreto 779/95 representa una oportunidad para fortalecer las políticas de seguridad vial en Santa Cruz y para avanzar hacia un sistema de transporte más seguro y eficiente.

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Fuente: https://noticias.santacruz.gob.ar/gestion/ministerio-de-seguridad/agencia-provincial-de-seguridad-vial/item/33512-la-agencia-provincial-de-seguridad-vial-de-santa-cruz-presente-en-la-101-asamblea-del-consejo-federal-de-seguridad-vial

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