Santa Cruz: Milei podría intervenir la Justicia por crisis institucional y denuncia de golpe
El diputado nacional José Luis Garrido, referente político del gobernador Claudio Vidal, presentó un proyecto de ley que propone la intervención federal del Poder Judicial de Santa Cruz. La iniciativa, ingresada este miércoles al Congreso Nacional, apunta a “garantizar la forma republicana de gobierno y la independencia de los jueces”, en un contexto de máxima tensión dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Objetivo del Proyecto
El texto prevé que el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, tenga la potestad de designar un interventor federal con autoridad para revisar, suspender o ratificar a jueces y funcionarios judiciales de toda la provincia. El artículo 1° del proyecto tiene como objetivo “restablecer el normal funcionamiento institucional” del Poder Judicial santacruceño, que atraviesa una crisis política sin precedentes.
Características de la Intervención
El documento consta de 11 artículos y declara la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz por un plazo inicial de 180 días, prorrogable por igual término. Durante ese período, todos los magistrados y funcionarios quedarán en comisión.
El interventor, nombrado por el presidente, podrá dictar reglamentos, revisar nombramientos y remover o suspender jueces si lo considera necesario para garantizar la independencia judicial. El interventor no podrá ejercer funciones jurisdiccionales, pero sí tendrá facultades administrativas amplias para reorganizar el sistema judicial, garantizar la transparencia y “restaurar la legalidad institucional”.
Supervisión y Cumplimiento
El proyecto instruye al Ministerio de Justicia de la Nación para supervisar el proceso y al Ministerio de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la intervención mediante el uso de fuerzas federales, si fuera necesario.
Origen de la Crisis
La propuesta llega en medio de una crisis sin precedentes en la Justicia santacruceña, que comenzó cuando el gobernador Claudio Vidal impulsó la reforma de la composición del TSJ ampliándolo de cinco a nueve miembros, en el marco de una serie de cambios en la Justicia.
Esto generó una disputa interna en la cúpula del Poder Judicial que derivó en la remoción de Daniel Mariani como presidente del Tribunal Superior de Justicia y la designación de Reneé Fernández en su reemplazo por parte de los vocales Fernando Basanta, Paula Ludueña y Alicia Mercau, en una resolución polémica.
Denuncias y Contra-Denuncias
El conflicto escaló cuando Mariani denunció un “golpe de Estado palaciego” dentro del Poder Judicial y advirtió la posibilidad de juicio político contra sus pares por “mal desempeño y abuso de autoridad”. Mariani sostuvo que los nuevos vocales Sergio Acevedo y José González Nora, designados por la Legislatura, se encuentran “legalmente en funciones” y que la ley que amplió el número de miembros del TSJ de cinco a nueve sigue plenamente vigente.
Los cuatro vocales consideraron la nota de Mariani una “amenaza velada”, interpretando que estaba preparando una denuncia formal contra ellos. Mariani insistió en que aún “legalmente” seguía siendo el presidente del cuerpo y le tomó juramento a los restantes vocales designados por la Legislatura y el gobernador, Gabriel Contreras y Lucio De La Vega.
Fundamento Constitucional
El proyecto de Garrido se apoya en los artículos 5, 6 y 75 inciso 31 de la Constitución Nacional, que facultan al Congreso a intervenir una provincia cuando está en riesgo la forma republicana de gobierno o la independencia de sus poderes. El legislador argumentó que en Santa Cruz “se ha quebrado la institucionalidad del Poder Judicial” y que la intervención es “la única herramienta”.
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