Senado busca reactivar obra pública vial con fondos del impuesto a los combustibles
El estado crítico de la infraestructura vial argentina, agravado por una drástica reducción en la inversión pública, ha encendido las alarmas en el Senado. Legisladores de la oposición proponen una solución audaz: redirigir fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles para revitalizar la obra pública, especialmente el mantenimiento y mejora de las rutas nacionales. Esta iniciativa no solo busca paliar el deterioro existente, sino también prevenir costos aún mayores a futuro, considerando que la falta de mantenimiento multiplica exponencialmente los gastos de rehabilitación. La urgencia se manifiesta en corredores estratégicos, como la Ruta Nacional 7 en Mendoza, donde el riesgo de accidentes y el impacto en el desarrollo productivo regional son cada vez más evidentes. La falta de respuestas oficiales a pedidos de informes y la centralización de recursos sin ejecución alimentan la preocupación y la demanda por una acción inmediata.
- El Deterioro de la Infraestructura Vial: Un Problema Nacional
- La Propuesta del Senado: Redirección de Fondos del Impuesto a los Combustibles
- La Caída de la Inversión Pública: Un Contexto Preocupante
- El Argumento Económico: Mantenimiento vs. Rehabilitación
- La Falta de Transparencia y la Demanda de Informes
- El Impacto en el Desarrollo Productivo del Interior del País
El Deterioro de la Infraestructura Vial: Un Problema Nacional
La situación de las rutas nacionales argentinas ha alcanzado un punto crítico, con un deterioro generalizado que afecta la seguridad vial, la eficiencia del transporte y el desarrollo económico de las provincias. El abandono del mantenimiento preventivo ha provocado que pequeñas fallas se conviertan en problemas mayores, requiriendo intervenciones costosas y complejas. La Ruta Nacional 7, que conecta Mendoza con Chile a través del Paso Internacional Los Libertadores, es un claro ejemplo de esta problemática. Su estado precario no solo dificulta el tránsito de vehículos, sino que también representa un riesgo constante para los conductores y usuarios. Legisladores como Julio Cobos han propuesto declarar la emergencia vial para agilizar las licitaciones y destinar recursos urgentes a la reparación de esta y otras rutas en condiciones similares.
El impacto del deterioro vial se extiende más allá de la seguridad y la comodidad de los usuarios. Las economías regionales, que dependen en gran medida del transporte terrestre para llevar sus productos al mercado, se ven afectadas por los mayores costos y tiempos de viaje. El aumento en los gastos de transporte se traduce en precios más altos para los consumidores y una menor competitividad para los productores. En provincias como Salta, donde la producción agrícola y ganadera es fundamental, el estado de las rutas dificulta el acceso a los centros de acopio y comercialización, limitando el potencial de crecimiento del sector.
La Propuesta del Senado: Redirección de Fondos del Impuesto a los Combustibles
Ante la urgencia de la situación, senadores de la oposición han presentado un proyecto para redirigir parte de la recaudación del Impuesto a los Combustibles hacia el mantenimiento y mejora de las rutas nacionales. La iniciativa, impulsada por el senador salteño Sergio Leavy, propone modificar la Ley 23.966 para incrementar la participación de las provincias en la distribución del tributo. Específicamente, se plantea traspasar a las provincias el 13,54% del impuesto correspondiente originalmente a Vialidad Nacional, y un 4,31% del fondo destinado a infraestructura hídrica. El objetivo es dotar de recursos a las jurisdicciones para que puedan intervenir en corredores estratégicos cuya conservación ha sido desatendida por la Nación.
La justificación de esta propuesta radica en la necesidad de descentralizar la gestión de la infraestructura vial y dar mayor autonomía a las provincias para atender sus necesidades específicas. Los senadores argumentan que las jurisdicciones conocen mejor las condiciones de sus rutas y pueden asignar los recursos de manera más eficiente. Además, la transferencia de fondos permitiría agilizar la ejecución de obras, evitando los retrasos y la burocracia que a menudo caracterizan a los proyectos gestionados a nivel nacional. La propuesta busca, en definitiva, optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar que se inviertan en las áreas donde más se necesitan.
La Caída de la Inversión Pública: Un Contexto Preocupante
La propuesta del Senado se enmarca en un contexto de drástica reducción de la inversión pública en infraestructura, que ha afectado a todos los niveles del Estado. Según un informe de la Fundación Mediterránea, la inversión pública a nivel nacional pasó del 0,8% del PBI en 2023 al 0,3% en 2024. En las provincias, la caída fue del 1,4% al 0,8%, y en los municipios, del 0,3% al 0,2%. Este retroceso coincide con el congelamiento de obras y la centralización de recursos sin ejecución, lo que ha generado una situación de parálisis en el sector.
La falta de inversión en infraestructura no solo afecta la calidad de las rutas y otros servicios públicos, sino que también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. La obra pública es un motor importante de la actividad económica, generando empleo, impulsando la demanda de materiales de construcción y promoviendo el desarrollo de las industrias relacionadas. La paralización de obras y la reducción de la inversión pública, por lo tanto, tienen un efecto multiplicador en la economía, afectando a diversos sectores y limitando el potencial de crecimiento del país.
El Argumento Económico: Mantenimiento vs. Rehabilitación
El senador Sergio Leavy ha advertido que “por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas, luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación”. Esta afirmación pone de manifiesto la importancia del mantenimiento preventivo como una estrategia económica inteligente. La falta de mantenimiento permite que pequeñas fallas se agraven, requiriendo intervenciones más costosas y complejas en el futuro. Invertir en mantenimiento, por lo tanto, no solo garantiza la seguridad vial y la eficiencia del transporte, sino que también permite ahorrar recursos a largo plazo.
La rehabilitación de una ruta deteriorada implica no solo la reparación de la superficie de rodamiento, sino también la reconstrucción de la base y el subsuelo, lo que requiere una mayor cantidad de materiales, mano de obra y tiempo. Además, la rehabilitación de una ruta implica interrupciones en el tránsito, lo que genera costos adicionales para los usuarios y las empresas de transporte. El mantenimiento preventivo, por el contrario, se realiza de manera gradual y no requiere interrupciones significativas en el tránsito, lo que minimiza los costos y molestias para los usuarios.
La Falta de Transparencia y la Demanda de Informes
La falta de respuestas oficiales a los pedidos de informes presentados por la Cámara de Diputados a la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad Nacional alimenta la preocupación sobre la gestión de los recursos destinados a la obra pública. La opacidad en la asignación de fondos y la falta de información sobre las prioridades del Gobierno generan desconfianza y dificultan el control ciudadano. La demanda de informes es un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y la negativa a proporcionar información solo agrava la situación.
La necesidad de transparencia se vuelve aún más crítica en un contexto de reducción de la inversión pública y centralización de recursos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus impuestos y a exigir que se inviertan de manera eficiente y responsable. La falta de información impide que la sociedad civil participe activamente en el debate sobre las políticas públicas y dificulta la identificación de posibles irregularidades o malas prácticas. La transparencia, por lo tanto, es un pilar fundamental para fortalecer la democracia y garantizar el buen gobierno.
El Impacto en el Desarrollo Productivo del Interior del País
El diputado Emiliano Estrada ha destacado que el mantenimiento vial es el componente más urgente de la obra pública, y ha señalado que su abandono no solo implica riesgo de vida, sino también una amenaza directa al desarrollo productivo del interior del país. Muchas economías regionales dependen de caminos en condiciones para trasladar su producción al mercado, y el deterioro de las rutas dificulta el acceso a los centros de acopio y comercialización, limitando el potencial de crecimiento del sector.
En provincias como Río Negro y Neuquén, donde la producción frutícola y vitivinícola es fundamental, el estado de las rutas afecta la calidad de los productos y aumenta los costos de transporte. En provincias como Santiago del Estero y Formosa, donde la agricultura familiar es predominante, el deterioro de las rutas dificulta el acceso a los mercados y limita las oportunidades de desarrollo para los pequeños productores. La inversión en infraestructura vial, por lo tanto, es una condición necesaria para promover el desarrollo económico y social del interior del país.
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