SOMU denuncia lockout patronal en el sector congelador y exige pago de salarios

La disputa entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresariales del sector pesquero argentino, CAPeCA, CAPIP y CEPA, ha escalado a un conflicto de gran envergadura. Lo que comenzó como una negociación salarial se ha transformado en una acusación formal de lockout patronal, con graves implicaciones para los trabajadores y la actividad marítima del país. El SOMU denuncia una paralización deliberada de la flota congeladora, mientras que las cámaras se niegan a pagar los días no trabajados debido al paro. Este artículo analiza en profundidad las acusaciones, los argumentos de ambas partes y las posibles consecuencias de esta crisis.

El Denuncia del SOMU: Lockout Patronal y Violación de la Ley Laboral

El núcleo de la controversia reside en la denuncia del SOMU, presentada ante el Ministerio de Capital Humano el 4 de julio. El sindicato acusa a CAPeCA, CAPIP y CEPA de implementar un lockout patronal desde marzo, al paralizar arbitrariamente la flota congeladora tras la habilitación de la pesca en la zona norte. Según el SOMU, las cámaras condicionaron el zarpe de los barcos a la actualización de los valores del salario de producción, y ante la falta de acuerdo, decidieron mantener la flota amarrada, incumpliendo su obligación legal de proporcionar tareas efectivas a los trabajadores. Esta acción, argumentan, afecta directamente el sustento de los empleados y sus familias.

La gravedad de la acusación radica en que el lockout patronal es una medida extrema, considerada ilegal en la legislación laboral argentina. Implica una suspensión deliberada del trabajo por parte del empleador, con el objetivo de presionar a los trabajadores a aceptar sus condiciones. El SOMU sostiene que esta estrategia es una violación flagrante de los derechos laborales y exige una intervención inmediata del Ministerio de Capital Humano para restablecer la normalidad.

La Perspectiva Empresarial: Días Trabajados, Salarios Pagados

Las cámaras empresariales, por su parte, rechazan categóricamente las acusaciones del SOMU. Argumentan que solo pagarán los días efectivamente trabajados, ya que la paralización de la flota es consecuencia directa del paro gremial y la falta de acuerdo salarial. Afirman que no existe una obligación legal de remunerar a los trabajadores durante un período de inactividad provocado por una medida de fuerza sindical. Esta postura se basa en la interpretación de que el empleador solo está obligado a pagar por el trabajo realizado.

Las cámaras también señalan que la situación económica del sector pesquero es delicada y que no pueden asumir los costos de mantener una flota inactiva sin recibir ingresos. Sostienen que la actualización salarial exigida por el SOMU es inviable en las actuales circunstancias y que cualquier acuerdo debe ser realista y sostenible para garantizar la viabilidad de las empresas. En resumen, su argumento central es que la responsabilidad de la paralización recae en el SOMU y que, por lo tanto, no están obligados a pagar los días no trabajados.

El Impacto en los Salarios Básicos y la Denuncia Adicional

La controversia se agrava aún más con la denuncia del SOMU de que las empresas han dejado de abonar los salarios básicos mensuales del personal embarcado, a pesar de que estos trabajadores no pueden embarcar debido a la decisión de las patronales y no por una medida gremial. El sindicato enfatiza que el derecho al salario básico es innegociable y que el argumento empresarial de que el 100% de la flota está en paro es falaz, ya que muchos barcos ni siquiera fueron convocados a zarpar y las vedas pesqueras establecidas por el Consejo Federal de Pesca (CFP) aún están vigentes.

Esta situación genera una profunda preocupación entre los trabajadores, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. El salario básico es fundamental para cubrir sus necesidades básicas y el cese de su pago representa un golpe devastador para sus finanzas personales y familiares. El SOMU considera que esta medida es una forma de presión adicional por parte de las empresas y una clara violación de los derechos laborales.

La Solicitud de Intervención Ministerial y las Posibles Acciones

Ante este escenario, el SOMU ha solicitado formalmente al Ministerio de Capital Humano que intime a las cámaras a restablecer el pago de salarios en un plazo de 48 horas. Además, el sindicato no descarta nuevas medidas de acción directa en caso de que sus demandas no sean atendidas. Estas medidas podrían incluir protestas, bloqueos y otras formas de presión para obligar a las empresas a negociar y cumplir con sus obligaciones laborales.

La intervención del Ministerio de Capital Humano es crucial para resolver este conflicto. Se espera que el gobierno actúe como mediador entre las partes, buscando un acuerdo que garantice los derechos de los trabajadores y la viabilidad del sector pesquero. La resolución de esta disputa no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y políticas, ya que afecta a una importante fuente de empleo y a la seguridad alimentaria del país.

Antecedentes y Contexto del Conflicto Pesquero Argentino

El conflicto actual entre el SOMU y las cámaras empresariales del sector pesquero no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de tensiones históricas y recurrentes entre el sindicato y las empresas, relacionadas con las condiciones laborales, los salarios y la seguridad en el trabajo. A lo largo de los años, se han producido numerosos paros, protestas y negociaciones fallidas que han afectado la actividad marítima del país.

Uno de los factores que contribuyen a la conflictividad es la estructura del sector pesquero argentino, caracterizada por la concentración de la propiedad y la precariedad laboral. Muchas empresas operan con márgenes de ganancia ajustados y buscan reducir costos a través de la flexibilización laboral y la disminución de los salarios. Esto genera un choque constante con las demandas del SOMU, que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y garantizar sus derechos.

Además, la regulación pesquera y la gestión de los recursos naturales también juegan un papel importante en el conflicto. Las políticas de cuotas de pesca, las vedas y las restricciones ambientales pueden afectar la rentabilidad de las empresas y generar tensiones con el sindicato, que defiende los intereses de los trabajadores en la industria.

Las Implicaciones Económicas de la Paralización de la Flota

La paralización de la flota congeladora tiene graves implicaciones económicas para el sector pesquero argentino y para la economía nacional en general. La industria pesquera es una importante fuente de divisas, empleo y alimentos, y su inactividad genera pérdidas significativas en todos estos ámbitos. La disminución de las exportaciones de productos pesqueros afecta la balanza comercial del país y reduce la disponibilidad de divisas para financiar otras actividades económicas.

Además, la paralización de la flota afecta a toda la cadena de valor del sector pesquero, desde los armadores y los trabajadores embarcados hasta los proveedores de servicios y las empresas procesadoras. La falta de actividad genera despidos, suspensiones y una disminución de los ingresos para miles de familias. En un contexto de crisis económica y alta inflación, esta situación agrava aún más la pobreza y la desigualdad social.

La prolongación del conflicto también puede afectar la imagen del sector pesquero argentino a nivel internacional, generando desconfianza entre los compradores y dificultando la reanudación de las exportaciones en el futuro. Es fundamental que se encuentre una solución rápida y satisfactoria para evitar mayores perjuicios económicos y sociales.

Fuente: https://pescare.com.ar/el-somu-exige-el-pago-de-salarios-basicos-a-la-flota-congeladora/