SOMU: Durdos desafía a la justicia y planea autoproclamarse ganador en medio de denuncia por fraude electoral.

La democracia sindical en Argentina se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), uno de los gremios más poderosos del país, protagoniza una controversia de gran envergadura, acusada de intentar perpetuar su conducción a través de un presunto fraude electoral. La negativa a reconocer una sentencia judicial que suspendió las elecciones, la obstinación en continuar con el proceso y la inminente autoproclamación de resultados preestablecidos han encendido las alarmas y desatado una ola de denuncias penales. Este artículo analiza en profundidad la situación, los actores involucrados, las estrategias desplegadas y las posibles consecuencias de esta crisis institucional que amenaza con desestabilizar al SOMU y sentar un peligroso precedente para la representación de los trabajadores.

El Conflicto Electoral: Origen y Desarrollo

El conflicto se originó en la convocatoria a elecciones internas en el SOMU, un proceso que desde el principio estuvo marcado por acusaciones de irregularidades y falta de transparencia por parte de las listas opositoras. Estas denuncias culminaron en la presentación de una medida cautelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, solicitando la suspensión del proceso electoral. La Sala III de la Cámara dictaminó a favor de la oposición, ordenando la suspensión de las elecciones. Sin embargo, la respuesta de la conducción sindical, encabezada por Raúl Omar Durdos y su Junta Electoral, fue contundente: negarse a notificar la sentencia y continuar con el simulacro electoral.

La estrategia del oficialismo, conocido como ‘La Naranja 22’, se basa en ganar tiempo hasta el viernes 5 de diciembre, fecha en la que la Junta Electoral planea proclamarse reelecta hasta 2029, basándose en un escrutinio que ya se considera predeterminado. Jorge Eduardo Logwiniuk, presidente de la Junta Electoral, justifica esta actitud argumentando que el tribunal no emitió una notificación dirigida expresamente a ese organismo, una excusa que ha sido ampliamente cuestionada por la oposición y observadores legales. Esta actitud desafiante a la autoridad judicial ha generado una profunda crisis de legitimidad en el sindicato y ha puesto en riesgo la estabilidad de la representación de los trabajadores marítimos.

La Acusación de Fraude Electoral y las Denuncias Penales

Las listas opositoras han denunciado enérgicamente lo que consideran un “fraude electoral” en toda regla. Argumentan que la negativa a acatar la sentencia judicial y la insistencia en continuar con el proceso electoral son una clara muestra de la intención de manipular los resultados y perpetuar el poder de la conducción actual. Ante esta situación, han presentado denuncias penales por desobediencia al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, buscando que la justicia actúe con celeridad para hacer efectiva la medida cautelar.

Un ejemplo concreto de estas denuncias se ha registrado en Chubut, donde Alexis López, dirigente y candidato de la Lista 100 Azul, denunció ante la Fiscalía Federal de Rawson al secretario de la Seccional Puerto Madryn, César Zapata, por continuar con las urnas abiertas a pesar de la suspensión del acto electoral. López denunció que la conducción actual intenta avanzar con las elecciones para proclamarse electos de manera irregular, desconociendo la autoridad judicial y poniendo en riesgo la transparencia democrática del sindicato. Estas acciones, según la oposición, constituyen un claro intento de fraude electoral y una afrenta al sistema democrático.

Antecedentes de Intervención y la Amenaza de Judicialización

El accionar de la conducción sindical con Raúl Durdos a la cabeza no es un hecho aislado. Existe un antecedente de intervención del SOMU en 2016, cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral decretó la intervención judicial tanto del sindicato como de la obra social, a raíz de las irregularidades denunciadas. Este antecedente plantea la posibilidad de que la actual crisis institucional derive en una nueva intervención, lo que podría implicar la suspensión de las autoridades sindicales y la designación de un interventor para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión del gremio.

La conducción de Durdos, sin embargo, apuesta a seguir al frente del sindicato mientras se dirimen las cuestiones judiciales de fondo, una estrategia riesgosa que podría prolongar la crisis y profundizar la judicialización del conflicto. El oficialismo confía en que la lentitud de los procesos judiciales le permita mantener el control del sindicato hasta que se agoten todas las instancias legales, aunque esta apuesta podría resultar contraproducente si la justicia decide actuar con firmeza y hacer efectiva la suspensión de las elecciones.

El Rol de la Justicia y las Posibles Consecuencias

El rol de la justicia es crucial en esta crisis. La oposición espera que la justicia actúe con diligencia para hacer efectiva la medida cautelar y evitar que se consumen los actos que podrían configurar un fraude electoral. La rapidez con la que la justicia responda a las denuncias penales y las solicitudes de cumplimiento de la sentencia judicial será determinante para preservar la legitimidad del proceso electoral y garantizar la transparencia en la representación de los trabajadores marítimos.

Las posibles consecuencias de esta crisis institucional son múltiples. En el peor de los escenarios, la autoproclamación de resultados preestablecidos podría desencadenar una intervención judicial del SOMU, lo que implicaría la suspensión de las autoridades sindicales y la designación de un interventor. Esta situación podría generar un clima de inestabilidad y conflictividad en el sindicato, afectando la representación de los trabajadores y la negociación colectiva. En un escenario más favorable, la justicia podría obligar a la conducción sindical a acatar la sentencia judicial y convocar a nuevas elecciones, garantizando así la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.

La Importancia de la Transparencia Sindical y la Defensa de la Democracia

Este conflicto en el SOMU pone de manifiesto la importancia de la transparencia sindical y la defensa de la democracia en la representación de los trabajadores. La falta de transparencia en los procesos electorales, la manipulación de los resultados y la negativa a acatar las decisiones judiciales son prácticas que socavan la legitimidad de los sindicatos y erosionan la confianza de los trabajadores en sus representantes.

Es fundamental que los sindicatos garanticen la participación democrática de todos los afiliados en la elección de sus autoridades, promuevan la transparencia en la gestión de los recursos y rindan cuentas a sus representados. La defensa de la democracia sindical es esencial para fortalecer la representación de los trabajadores y garantizar la defensa de sus derechos e intereses. La sociedad civil, las organizaciones laborales y las autoridades gubernamentales tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la transparencia sindical y la defensa de la democracia en la representación de los trabajadores.

Fuente: https://partedepesca.com.ar/d/durdos-intentaria-el-viernes-autoproclamarse-reelecto-hasta-2029/