SOMU en Crisis: Denuncias de Irregularidades y Corrupción en Elecciones 2025
El Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) se encuentra sumido en una profunda crisis interna, a pocos días de celebrar elecciones cruciales para su futuro. Las denuncias de irregularidades, falta de transparencia y presiones sobre la Junta Electoral han enrarecido el clima, generando un fuerte clima de sospecha y desconfianza. Este artículo explora en detalle las acusaciones que pesan sobre la actual conducción, liderada por Raúl Omar Durdos, y la Junta Electoral presidida por Jorge Eduardo Logwiniuk, así como las estrategias de la oposición para intentar garantizar un proceso electoral justo y equitativo. La contienda electoral, que se desarrollará del 1 al 5 de diciembre de 2025, se presenta como un punto de inflexión para el gremio, con la oposición denunciando un claro favoritismo hacia la lista oficialista.
- El Clima de Desconfianza y las Denuncias Iniciales
- La Impugnación de la Lista 22 Naranja y las Irregularidades Estatutarias
- Acusaciones de Corrupción y Favorecimiento a la Lista Oficialista
- El Impacto de las Denuncias en la Imagen del SOMU
- La Cuestión de los Requisitos Estatutarios y la Verificación de Candidatos
- El Rol de la Junta Electoral y la Necesidad de Imparcialidad
El Clima de Desconfianza y las Denuncias Iniciales
Desde las provincias del sur hasta las del norte, las voces disidentes dentro del SOMU se alzan contra lo que consideran un intento deliberado de manipular el proceso electoral. La Junta Electoral, encargada de velar por la transparencia y la imparcialidad, es acusada de actuar en beneficio de la lista oficialista, obstaculizando la participación de otras nóminas que podrían representar una alternativa a la conducción actual. Las denuncias se centran en la aplicación desigual de los criterios, el aval a candidatos que no cumplen con los requisitos estatutarios y la imposibilidad de presentar listas opositoras a nivel nacional. Este escenario ha generado un profundo malestar entre los afiliados, quienes temen que las elecciones no reflejen la verdadera voluntad de los trabajadores marítimos.
La Lista Granate 41, surgida de la unificación de dos sectores – la Unam Nacional y el Frente Marítimo – se ha convertido en el principal referente de la oposición. Sus candidatos, Gerónimo Molina (Secretario General) y Juan Carlos Cruz (Adjunto), denuncian haber sido víctimas de un trato discriminatorio por parte de la Junta Electoral, que habría avalado a los candidatos oficialistas mientras les impedía presentar su candidatura. La imposibilidad de competir en las elecciones a nivel nacional ha sido calificada como una violación de los derechos democráticos de los afiliados y un intento de perpetuar la actual conducción en el poder.
La Impugnación de la Lista 22 Naranja y las Irregularidades Estatutarias
La Lista Granate 41 ha formalizado ante la Junta Electoral la impugnación de la Lista 22 Naranja, tanto para los cargos nacionales como en varias seccionales, argumentando el incumplimiento y la violación de los requisitos estatutarios. Las denuncias se centran en la presencia de candidatos que no cumplen con los criterios de antigüedad, aportes sindicales y situación laboral establecidos en el Estatuto del SOMU. Se citan casos concretos, como el de candidatos en Puerto Deseado que habrían recibido aportes de una empresa petrolera y el de postulantes en Posadas que no cumplen con los requisitos mínimos de afiliación y actividad laboral.
Uno de los casos más llamativos es el del candidato oficial Vicente Miguel Ángel, por la seccional Posadas, quien se encuentra desempleado y, además, estaría percibiendo un fondo de desempleo de Anses. La oposición denuncia que este candidato no solo carece de la situación laboral requerida por el Estatuto, sino que también presenta irregularidades en sus aportes sindicales. A esto se suman las denuncias sobre otros candidatos de la lista oficial que tienen causas judiciales en trámite por violencia familiar, carecen de aportes recientes o incluso están procesados y condenados por delitos financieros. A pesar de estas irregularidades, la Junta Electoral habría oficializado la lista, generando aún más indignación entre los afiliados.
Acusaciones de Corrupción y Favorecimiento a la Lista Oficialista
La oposición acusa directamente a Raúl Omar Durdos de haber ordenado la oficialización de todas las listas de la 22 Naranja, mientras que habría obstaculizado la presentación de las listas opositoras. Esta práctica, según denuncian los dirigentes de la Lista Granate 41, constituye un claro ejemplo de corrupción y un intento de manipular el proceso electoral en favor de la conducción actual. Se argumenta que la Junta Electoral, bajo la presidencia de Jorge Logwiniuk, habría actuado de manera parcializada, aplicando criterios diferentes a las listas oficialistas y opositoras.
La Lista Granate 41 denuncia que se le impidió participar a nivel nacional, a pesar de haber presentado una candidatura unificada entre el Frente Marítimos y la Unam Nacional. Afirman que se les hicieron observaciones por motivos menores, las cuales fueron subsanadas, pero aún así se les negó la participación, inventando denuncias falsas. Esta situación ha generado un fuerte resentimiento entre los afiliados, quienes consideran que se les está negando el derecho a elegir libremente a sus representantes. La oposición advierte que el marítimo está cansado de la corrupción y exige un proceso electoral transparente y equitativo.
El Impacto de las Denuncias en la Imagen del SOMU
Las denuncias de irregularidades y corrupción han tenido un impacto negativo en la imagen del SOMU, generando desconfianza entre los afiliados y la opinión pública. La credibilidad del sindicato se ha visto seriamente comprometida, lo que podría dificultar su capacidad para negociar acuerdos colectivos y defender los derechos de los trabajadores marítimos. La falta de transparencia en el proceso electoral ha alimentado las sospechas y ha exacerbado las tensiones internas, creando un clima de inestabilidad que podría afectar el funcionamiento del gremio.
La oposición advierte que la actual conducción ha perdido el apoyo de la mayoría de los afiliados, quienes están hartos de la corrupción y la falta de representación. Exigen un cambio de rumbo y la implementación de medidas para garantizar la transparencia y la participación democrática en el sindicato. La Lista Granate 41 se presenta como una alternativa viable, con un programa que busca recuperar la credibilidad del SOMU y defender los intereses de los trabajadores marítimos. La contienda electoral se presenta como un desafío crucial para el futuro del gremio, con la oposición decidida a luchar por un proceso electoral justo y equitativo.
La Cuestión de los Requisitos Estatutarios y la Verificación de Candidatos
El Estatuto del SOMU establece una serie de requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar cargos directivos en el sindicato. Estos requisitos incluyen la antigüedad en el gremio, la situación laboral regular, los aportes sindicales y la ausencia de antecedentes penales o judiciales que puedan comprometer la imagen del sindicato. La oposición denuncia que la Junta Electoral no ha verificado adecuadamente el cumplimiento de estos requisitos por parte de los candidatos de la lista oficialista, permitiendo la participación de personas que no cumplen con los criterios establecidos.
La falta de verificación de los requisitos estatutarios ha generado una situación de desigualdad, ya que los candidatos de la oposición han sido sometidos a un escrutinio más riguroso que los de la lista oficialista. La oposición denuncia que se les han exigido pruebas y documentos que no se han solicitado a los candidatos oficialistas, lo que ha dificultado su participación en el proceso electoral. Esta práctica, según denuncian, constituye una violación de los principios de igualdad y transparencia que deben regir un proceso electoral democrático.
El Rol de la Junta Electoral y la Necesidad de Imparcialidad
La Junta Electoral tiene un rol fundamental en la organización y supervisión del proceso electoral del SOMU. Su principal función es garantizar la transparencia, la imparcialidad y la equidad en la contienda, velando por el cumplimiento de los requisitos estatutarios y protegiendo los derechos de los afiliados. Sin embargo, la oposición acusa a la Junta Electoral, bajo la presidencia de Jorge Logwiniuk, de haber actuado de manera parcializada, favoreciendo a la lista oficialista y obstaculizando la participación de las listas opositoras.
La falta de imparcialidad de la Junta Electoral ha generado un clima de desconfianza y ha puesto en duda la legitimidad del proceso electoral. La oposición exige que se investiguen las denuncias de irregularidades y que se tomen medidas para garantizar la transparencia y la equidad en la contienda. Se solicita la intervención de organismos externos, como la Dirección Nacional de Elecciones o la Justicia, para supervisar el proceso electoral y asegurar que se cumplan los principios democráticos. La credibilidad del SOMU depende de la imparcialidad de la Junta Electoral y de la garantía de un proceso electoral justo y equitativo.
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