Tensión en la Patagonia: Disputa por Tierras Mapuches en Neuquén Escala
La Patagonia argentina, tierra de vastas extensiones y rica historia, se encuentra nuevamente en el centro de una creciente tensión territorial. El conflicto por la tierra entre comunidades mapuches y propietarios rurales, una problemática latente por décadas, ha resurgido con fuerza en el norte de Neuquén, específicamente en la estancia El Bosque, cerca de El Huecú. Este nuevo episodio, que involucra acusaciones de usurpación, reclamos ancestrales y la intervención de actores políticos y judiciales, pone de manifiesto la complejidad de una disputa que se arraiga en la historia colonial y persiste en el presente. La situación en El Huecú no es un caso aislado, sino un reflejo de un conflicto más amplio que se replica en diversas regiones de la Patagonia, donde la posesión ancestral de la tierra por parte de los pueblos originarios choca con los títulos de propiedad privados. Este artículo explorará en profundidad los detalles de este nuevo enfrentamiento, sus antecedentes, las perspectivas de las partes involucradas y el contexto más amplio del conflicto territorial en la Patagonia.
- El Incidente en El Bosque: Acusaciones Cruzadas
- Antecedentes del Conflicto: La Historia de Despojo y Reclamo
- La Mediación Fallida y el Rol del Estado
- El Contexto Provincial: Relevamientos y Conflictos Repetidos
- El Antecedente del Basurero Municipal: Una Grieta Más
- La Escalada del Conflicto: Actores Enfrentados
El Incidente en El Bosque: Acusaciones Cruzadas
El detonante de la actual crisis fue el intento de un grupo vinculado a la comunidad Mañke de tomar posesión de un lote dentro de la estancia El Bosque, de 6.500 hectáreas. María de las Mercedes de Larminat, propietaria de la estancia, denunció penalmente lo que calificó como una “usurpación violenta”, alegando que personas desconocidas rompieron el candado de una tranquera para ingresar a su propiedad. La estanciera, quien asegura poseer la escritura del campo, acusó a integrantes de la familia Avello y a empleados municipales de participar en el incidente. Su relato enfatiza la legalidad de su título de propiedad y rechaza cualquier posibilidad de mediación, argumentando que no existe base legal para los reclamos de la comunidad mapuche.
Por otro lado, Juan Maripil, segundo lonco de la comunidad Mañke, ofrece una versión diametralmente opuesta. Según su testimonio, la zona del Corral de Piedra, dentro de la estancia, está relevada para pastoreo comunitario y cuenta con el reconocimiento formal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del ministro Jorge Tobares. Maripil niega que se haya roto alguna estructura y afirma que el grupo solo intentaba ingresar a un territorio que históricamente ha sido utilizado por su comunidad. Además, denunció una actitud “racista” por parte de la estanciera, quien habría ordenado el retiro de una bandera mapuche. Esta acusación añade una dimensión ética y cultural al conflicto, resaltando la percepción de discriminación y falta de respeto hacia la identidad mapuche.
Antecedentes del Conflicto: La Historia de Despojo y Reclamo
El conflicto en El Huecú no surge de la nada, sino que se inscribe en un largo proceso histórico de despojo territorial sufrido por las comunidades mapuches en la Patagonia. Durante la llamada “Conquista del Desierto” a fines del siglo XIX, el Estado argentino avanzó sobre el territorio ancestral mapuche, despojando a sus habitantes de sus tierras y recursos. Este proceso, justificado en nombre del progreso y la civilización, implicó la represión violenta de la población indígena y la apropiación de sus territorios por parte de colonos y estancieros. La posterior distribución de tierras a través de títulos privados consolidó esta situación de injusticia, dejando a las comunidades mapuches en una situación de vulnerabilidad y exclusión.
Desde entonces, las comunidades mapuches han luchado por la reivindicación de sus derechos territoriales, reclamando la restitución de las tierras ancestrales que les fueron arrebatadas. Esta lucha ha adoptado diversas formas, desde la resistencia pacífica y la presentación de demandas judiciales hasta la ocupación de tierras y la confrontación directa con los propietarios. El conflicto en El Huecú es, por lo tanto, una manifestación más de esta larga y persistente demanda de justicia territorial. La comunidad Mañke, como muchas otras comunidades mapuches en la Patagonia, busca recuperar el control sobre sus tierras ancestrales y garantizar su derecho a la autodeterminación.
La Mediación Fallida y el Rol del Estado
Ante la escalada de la tensión, el subsecretario de Gobierno de Neuquén, Juan Grandi, intentó una mediación entre las partes involucradas. Sin embargo, esta iniciativa fracasó, evidenciando la dificultad de encontrar una solución negociada al conflicto. La falta de acuerdo se debe, en parte, a la polarización de las posiciones y a la desconfianza mutua entre la propietaria de la estancia y la comunidad mapuche. La estanciera se aferra a la legalidad de su título de propiedad, mientras que la comunidad reclama el reconocimiento de sus derechos ancestrales.
El rol del Estado en este conflicto es crucial, pero también complejo. Por un lado, el INAI ha realizado relevamientos técnicos que reconocen la existencia de 29 comunidades con territorio delimitado en la provincia de Neuquén. Sin embargo, en muchos casos, estas tierras aún no han sido transferidas formalmente a las comunidades, lo que genera incertidumbre y frustración. Por otro lado, la Fiscalía de Chos Malal, que investiga la denuncia de usurpación presentada por la estanciera, debe equilibrar el respeto a la propiedad privada con la protección de los derechos de los pueblos originarios. La actuación del Estado debe ser imparcial y garantizar el debido proceso, buscando una solución justa y equitativa para todas las partes involucradas.
El Contexto Provincial: Relevamientos y Conflictos Repetidos
La situación en El Huecú se enmarca en un contexto provincial más amplio, caracterizado por la repetición de conflictos territoriales entre comunidades mapuches y propietarios rurales. En Neuquén, como en otras provincias de la Patagonia, la disputa por la tierra es una constante, alimentada por la falta de claridad en la legislación y la lentitud en la resolución de los reclamos indígenas. Los relevamientos técnicos del INAI, aunque reconocen la existencia de territorios ancestrales mapuches, no siempre se traducen en la transferencia efectiva de las tierras a las comunidades.
Este vacío legal y la falta de implementación de políticas públicas adecuadas generan un clima de incertidumbre y desconfianza, que favorece la escalada de los conflictos. La comunidad Mañke, al igual que otras comunidades mapuches en la provincia, se siente frustrada por la falta de avances en la restitución de sus tierras y recurre a la ocupación de tierras como una forma de presión para hacer valer sus derechos. La situación se agrava aún más por la presencia de actores externos, como la familia Avello y empleados municipales, que, según la denuncia de la estanciera, estarían participando en la usurpación.
El Antecedente del Basurero Municipal: Una Grieta Más
Un antecedente reciente que agudizó la tensión en la zona fue la donación de un predio por parte de la familia Larminat para la construcción de un basurero municipal. Esta donación, aunque aparentemente beneficiosa para la comunidad local, provocó una reacción negativa por parte de la comunidad Mañke, que perdió allí un convenio laboral que empleaba a 11 familias. Este hecho demuestra que las decisiones que afectan a la comunidad mapuche deben ser consultadas y consensuadas con sus representantes, para evitar generar conflictos y resentimientos.
La pérdida del convenio laboral, sumada a la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales, alimenta la sensación de injusticia y exclusión entre los miembros de la comunidad Mañke. Este antecedente subraya la importancia de considerar las implicaciones sociales y culturales de las políticas públicas y de garantizar la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que las afectan. El conflicto en El Huecú, por lo tanto, no se limita a una disputa por la tierra, sino que se inscribe en un contexto más amplio de desigualdad y discriminación.
La Escalada del Conflicto: Actores Enfrentados
El conflicto en El Huecú, lejos de resolverse, parece escalar con cada nuevo capítulo, con actores políticos, judiciales y comunitarios cada vez más enfrentados. La propietaria de la estancia, respaldada por su título de propiedad, se muestra inflexible en su postura y rechaza cualquier posibilidad de negociación. La comunidad Mañke, por su parte, se mantiene firme en su reclamo de tierras ancestrales y denuncia la actitud “racista” de la estanciera. En medio de este enfrentamiento, el Estado se encuentra en una posición delicada, tratando de equilibrar el respeto a la propiedad privada con la protección de los derechos de los pueblos originarios.
La intervención de actores externos, como la familia Avello y empleados municipales, complica aún más la situación, generando sospechas y desconfianza. La falta de diálogo y la polarización de las posiciones dificultan la búsqueda de una solución pacífica y duradera al conflicto. La escalada de la tensión podría tener consecuencias negativas para la convivencia pacífica en la región y podría generar nuevos enfrentamientos entre la comunidad mapuche y los propietarios rurales. Es fundamental que todas las partes involucradas demuestren voluntad política y busquen un espacio de diálogo para encontrar una solución justa y equitativa que respete los derechos de todos.
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