Trazabilidad Pesquera en Argentina: ¿Solución Ambiental o Entramado Burocrático?
La batalla por la trazabilidad pesquera en Argentina se ha reavivado, desatando un debate que va más allá de la simple transparencia en la cadena de suministro. El proyecto SATPA, impulsado desde Chubut, choca con la realidad operativa del SiFIPA, un sistema ya existente y funcional. Este conflicto expone tensiones federales, intereses económicos en juego y una profunda desconfianza en la capacidad de las nuevas regulaciones para mejorar la competitividad del sector, en lugar de obstaculizarla. La discusión no es sobre la necesidad de rastrear el origen del pescado, sino sobre la forma de hacerlo y quién controlará ese proceso, revelando una pugna por el poder y el acceso a recursos en un sector vital para la economía nacional.
- El Origen del Conflicto: SATPA vs. SiFIPA
- La Dimensión Federal y la Lucha por el Control
- Paralelismos con la Experiencia Española: Una Advertencia
- El Impacto en la Competitividad y la Rentabilidad del Sector
- La Perspectiva de las Organizaciones No Gubernamentales
- El Dilema Central: ¿Un Leviatán Normativo o la Optimización de lo Existente?
El Origen del Conflicto: SATPA vs. SiFIPA
El expediente S-775/24, conocido como SATPA, tiene sus raíces en una iniciativa original del entonces diputado Gustavo Menna, ahora vicegobernador de Chubut. La propuesta busca crear un sistema nacional de trazabilidad para la pesca y la acuicultura, prometiendo a los consumidores información detallada sobre el origen del producto, incluyendo geolocalización, arte de pesca y datos de la embarcación. Sin embargo, la existencia de SiFIPA, un sistema operativo desde 2022, pone en tela de juicio la necesidad de una nueva estructura. SiFIPA ya ofrece trazabilidad, digitalizando actas de descarga y permitiendo a los inspectores registrar datos en tiempo real. La superposición de sistemas genera confusión y la sospecha de que SATPA busca más control que eficiencia.
La principal crítica a SATPA radica en su potencial para replicar controles ya existentes, añadiendo rigidez y costos innecesarios. Gremios, frigoríficos, armadores y cámaras del sector argumentan que el nuevo sistema no aporta mejoras significativas en comparación con SiFIPA, pero sí incrementa la burocracia y la complejidad operativa. Esta preocupación se agudiza en un contexto económico desafiante, con márgenes de ganancia ajustados, impuestos en aumento y mercados internacionales volátiles. La industria teme que SATPA se convierta en una carga adicional que ponga en riesgo su supervivencia.
La Dimensión Federal y la Lucha por el Control
El impulso de SATPA desde Chubut revela una clara intención de proyectar el poder político y económico de la provincia sobre la actividad pesquera a nivel nacional. Esta aspiración choca con los intereses de otras regiones, especialmente Mar del Plata, que concentra una gran parte de la flota y las plantas procesadoras del país. La resistencia en Mar del Plata se basa en el temor a que la trazabilidad se utilice como un instrumento fiscal, aduanero, ambiental y sanitario para ejercer un control excesivo sobre el sector. La disputa se enmarca en una tensión federal más amplia, donde las provincias buscan ampliar su influencia en áreas que tradicionalmente han sido de competencia nacional.
La preocupación no es solo la superposición de competencias, sino también el empoderamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) con agendas conservacionistas y medioambientalistas. Estas organizaciones podrían obtener un control significativo sobre la actividad pesquera a través de la fiscalización y el control, lo que generaría incertidumbre y desconfianza en el sector. La industria teme que las ONG impongan restricciones innecesarias que afecten la competitividad y la rentabilidad de las empresas. La participación de actores externos en la regulación de la pesca plantea interrogantes sobre la transparencia y la independencia de las decisiones.
Paralelismos con la Experiencia Española: Una Advertencia
El debate en torno a SATPA evoca la experiencia española, donde la injerencia de intereses foráneos y de grupos medioambientalistas en la política pesquera condujo a una proliferación de regulaciones que dificultaron la actividad pesquera. La necesidad de obtener autorización en Bruselas antes de pescar, junto con la imposición de restricciones ambientales, obligó a la flota viguesa a buscar alternativas en aguas más lejanas, como el FAO-41 y las proximidades de las Islas Malvinas. Este ejemplo sirve como una advertencia sobre los riesgos de una regulación excesiva y poco realista, que puede tener consecuencias negativas para la industria pesquera.
La lección de España es clara: la regulación debe basarse en criterios técnicos y económicos, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y región. No se puede imponer un modelo único desde arriba, sin considerar las necesidades y los desafíos de los actores involucrados. La transparencia y la participación de todos los interesados son fundamentales para garantizar que la regulación sea efectiva y justa. La experiencia española demuestra que una regulación mal diseñada puede tener efectos contraproducentes, perjudicando la competitividad y la sostenibilidad de la industria pesquera.
El Impacto en la Competitividad y la Rentabilidad del Sector
La industria pesquera argentina ya enfrenta numerosos desafíos, incluyendo impuestos elevados, derechos de extracción costosos, mercados internacionales en declive y la competencia de países con subsidios estatales. La introducción de un nuevo sistema de trazabilidad, como SATPA, podría agravar estos problemas, aumentando los costos operativos y reduciendo los márgenes de ganancia. La industria teme que SATPA se convierta en una carga adicional que ponga en riesgo su supervivencia, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La rentabilidad del sector ya está en niveles críticos, y cualquier medida que aumente los costos podría ser fatal.
Maximiliano Abad, representante del sector en Mar del Plata, ha advertido que otro corsé regulatorio podría ser la estocada final para un complejo exportador que ya ha perdido rentabilidad. La pesca no tiene un problema de rentabilidad, sino de supervivencia, ha afirmado. La industria no reclama impunidad, sino reglas claras y razonables que no la ahoguen mientras compite en un mercado global cada vez más exigente. La necesidad de adaptarse a las demandas de los consumidores en materia de trazabilidad es innegable, pero la forma de hacerlo debe ser eficiente y sostenible, sin poner en riesgo la viabilidad del sector.
La Perspectiva de las Organizaciones No Gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales de origen proteccionista y medioambientalista defienden la necesidad de un sistema de trazabilidad robusto como una herramienta para combatir la pesca ilegal y los abusos laborales en alta mar. Argumentan que la trazabilidad no es un lujo caprichoso, sino un salvoconducto para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y proteger los derechos de los trabajadores. Estas organizaciones ven en SATPA una oportunidad para acceder a información valiosa y ejercer un control más efectivo sobre la actividad pesquera.
Sin embargo, la industria pesquera desconfía de las motivaciones de estas organizaciones, acusándolas de tener una agenda ideológica que prioriza la conservación por encima del desarrollo económico. Temen que las ONG utilicen la trazabilidad como un pretexto para imponer restricciones innecesarias y obstaculizar la actividad pesquera. La desconfianza se basa en experiencias pasadas, donde las acciones de las ONG han tenido consecuencias negativas para el sector. La industria exige transparencia y participación en el proceso de regulación, para garantizar que se tengan en cuenta sus intereses y preocupaciones.
El Dilema Central: ¿Un Leviatán Normativo o la Optimización de lo Existente?
El debate en torno a SATPA plantea un dilema fundamental: ¿es necesario crear un nuevo sistema normativo complejo y burocrático para auditar lo que ya se rastrea electrónicamente a través de SiFIPA? ¿O es suficiente con perfeccionar y optimizar el sistema existente, corrigiendo sus falencias y mejorando su eficiencia? La industria pesquera aboga por la segunda opción, argumentando que SiFIPA ya ofrece una trazabilidad adecuada y que la creación de SATPA sería un despilfarro de recursos y una fuente de incertidumbre.
La decisión que tome el Senado esta semana será crucial para el futuro de la industria pesquera argentina. Si se opta por SATPA, se corre el riesgo de crear un entramado regulatorio complejo y costoso que entorpezca la actividad pesquera y ponga en riesgo su competitividad. Si se elige perfeccionar SiFIPA, se podrá mejorar la trazabilidad sin imponer cargas innecesarias a las empresas. La industria no busca impunidad, sino reglas claras y razonables que le permitan competir en un mercado global cada vez más exigente. La sostenibilidad del sector depende de la capacidad de encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos laborales y la promoción del desarrollo económico.
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