TSJ de Madrid eleva al Supremo causa contra fiscal general por caso Ayuso
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha girado una instrucción de competencia al Tribunal Supremo para que investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su actuación en el caso de presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Indicios Delictivos
El TSJM ha apreciado indicios de delito en la actuación del fiscal general, quien habría filtrado información confidencial a medios de comunicación sobre la investigación fiscal a González Amador. La causa se enmarca en una querella presentada por el propio González Amador contra García Ortiz, quien presuntamente habría utilizado su posición para perjudicar al novio de Ayuso.
El TSJM ha considerado que los hechos que se imputan a García Ortiz podrían constituir un delito de revelación de secretos, por lo que ha decidido enviar la causa al Tribunal Supremo, al ser el órgano competente para investigar a los altos cargos del Estado.
Presunta Persecución Política
La querella de González Amador acusa a García Ortiz de utilizar su cargo para perseguir políticamente a Ayuso, a quien considera una rival política. El fiscal general ha negado estas acusaciones y ha defendido que su actuación se ha ajustado a la legalidad.
El envío de la causa al Tribunal Supremo abre un nuevo capítulo en la investigación sobre las presuntas filtraciones de información confidencial en el caso de González Amador. El TSJM ha considerado que la investigación debe continuar en el alto tribunal, que tendrá la última palabra sobre la responsabilidad del fiscal general.
Repercusiones Políticas
La decisión del TSJM ha generado un fuerte revuelo político. La oposición ha pedido la dimisión de García Ortiz, mientras que el Gobierno ha defendido la presunción de inocencia del fiscal general.
Las repercusiones políticas de esta investigación son inciertas. Si el Tribunal Supremo confirma los indicios de delito, podría suponer un importante desgaste político para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha apoyado la gestión de García Ortiz.
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