Tucumán: Represión Policial y Defensa del Gobierno ¿Qué Ocurre?
El 11 de agosto de 2023, Tucumán se convirtió en el centro de una creciente preocupación nacional. Imágenes virales mostraron a la policía provincial reprimiendo violentamente a trabajadores estatales y repartidores de Pedidos Ya en Yerba Buena. Este incidente, lejos de ser aislado, es la punta del iceberg de una estrategia sistemática de represión, bautizada localmente como “Trencitos”, “Razzias” y “Mega Operativos”, implementada para proteger al gobernador Juan Manzur, un antiguo aliado clave del presidente Javier Milei. Este artículo profundiza en el contexto político y social de Tucumán, analizando las causas y consecuencias de esta escalada de violencia estatal, y explorando las implicaciones para la democracia y los derechos humanos en Argentina.
- El Contexto Político de Tucumán: Manzur y el Peronismo en la Mira
- “Trencitos”, “Razzias” y “Mega Operativos”: La Estrategia de Represión
- La Represión del 11 de Agosto: Un Punto de Inflexión
- El Rol de la Justicia y las Organizaciones de Derechos Humanos
- Implicaciones para la Democracia y los Derechos Humanos
El Contexto Político de Tucumán: Manzur y el Peronismo en la Mira
Juan Manzur, gobernador de Tucumán desde 2015, ha sido una figura central del peronismo en los últimos años. Su estrecha relación con el gobierno nacional anterior, y su posterior acercamiento a Javier Milei, lo han convertido en un objetivo para la oposición y para sectores críticos dentro del propio peronismo. Manzur, conocido por su estilo de gestión vertical y su control sobre la política provincial, ha construido una base de poder sólida a través del manejo de recursos y el clientelismo político. Su gobierno se ha caracterizado por una fuerte inversión en obras públicas y programas sociales, pero también por denuncias de corrupción y falta de transparencia. La cercanía inicial con Milei, que se manifestó en apoyos mutuos durante la campaña presidencial, generó controversia y alimentó las sospechas sobre posibles acuerdos ocultos.
La provincia de Tucumán, históricamente peronista, ha experimentado cambios significativos en los últimos años. El ascenso de Milei y su discurso anti-establishment han resonado en una parte del electorado, cansado de la política tradicional. Manzur, consciente de esta situación, ha intentado adaptarse a los nuevos tiempos, buscando un equilibrio entre mantener su base de poder peronista y cooptar elementos del discurso libertario. Sin embargo, esta estrategia ha generado tensiones internas y ha debilitado su posición frente a la oposición. La represión de las protestas sociales, como la del 11 de agosto, puede interpretarse como un intento de Manzur por reafirmar su autoridad y silenciar las voces disidentes.
“Trencitos”, “Razzias” y “Mega Operativos”: La Estrategia de Represión
Los términos “Trencitos”, “Razzias” y “Mega Operativos” se han convertido en sinónimos de represión en Tucumán. Se refieren a operativos policiales masivos, a menudo realizados de forma sorpresiva y con un uso excesivo de la fuerza, dirigidos a trabajadores estatales, docentes, jubilados y activistas sociales. Estos operativos, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, se caracterizan por detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, y violencia física y verbal contra los detenidos. El objetivo principal de estos operativos, según las denuncias, es desarticular las protestas sociales y criminalizar la protesta.
Los “Trencitos”, en particular, se refieren a operativos realizados por la policía en barrios populares, donde se detiene a jóvenes acusados de delitos menores, a menudo sin pruebas suficientes. Las “Razzias” son operativos más amplios, que involucran a diferentes fuerzas de seguridad y se dirigen a centros de trabajo, escuelas y universidades. Los “Mega Operativos”, por su parte, son operativos de gran envergadura, que se llevan a cabo con un despliegue masivo de efectivos policiales y recursos materiales. Estos operativos, según las denuncias, se utilizan para intimidar a la población y generar un clima de miedo.
La justificación oficial de estos operativos es la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos denuncian que estos operativos se utilizan como una herramienta de represión política, dirigida a silenciar las voces críticas y a proteger los intereses del gobierno provincial. La falta de transparencia en la realización de estos operativos, y la dificultad para acceder a información sobre los detenidos y las causas de las detenciones, alimentan las sospechas sobre su carácter represivo.
La Represión del 11 de Agosto: Un Punto de Inflexión
El 11 de agosto de 2023 marcó un punto de inflexión en la escalada de violencia en Tucumán. Las imágenes de la policía reprimiendo a trabajadores estatales y repartidores de Pedidos Ya generaron una ola de indignación en todo el país. Los trabajadores estatales protestaban por los retrasos en el pago de sus salarios y por las condiciones laborales precarias. Los repartidores de Pedidos Ya, por su parte, reclamaban por mejores condiciones de trabajo y por el reconocimiento de sus derechos laborales. La respuesta policial fue brutal, con golpes, balazos y detenciones arbitrarias.
La represión del 11 de agosto fue ampliamente condenada por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de la oposición y sindicatos. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y se exigió una investigación exhaustiva de los hechos. El gobierno provincial, por su parte, defendió la actuación de la policía, argumentando que los efectivos actuaron para mantener el orden público y proteger la propiedad privada. Sin embargo, esta justificación no convenció a la opinión pública, que exigió responsabilidades a los responsables de la represión.
El incidente del 11 de agosto puso de manifiesto la fragilidad del estado de derecho en Tucumán, y la impunidad con la que actúa la policía provincial. La falta de investigaciones efectivas sobre las denuncias de violencia policial, y la falta de sanciones para los responsables, contribuyen a perpetuar un clima de impunidad que favorece la represión.
El Rol de la Justicia y las Organizaciones de Derechos Humanos
La justicia en Tucumán ha sido criticada por su lentitud y falta de independencia en la investigación de las denuncias de violencia policial. Las investigaciones suelen ser superficiales y no se llegan a identificar a los responsables. La falta de recursos y la presión política dificultan el trabajo de los fiscales y jueces. Las organizaciones de derechos humanos, como la Liga de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han desempeñado un papel fundamental en la denuncia de la represión y en la defensa de los derechos de las víctimas.
Estas organizaciones han documentado numerosos casos de violencia policial, han brindado asistencia legal a las víctimas, y han presentado denuncias ante la justicia nacional e internacional. Sin embargo, su trabajo se ve obstaculizado por la falta de cooperación de las autoridades provinciales y por la dificultad para acceder a información relevante. A pesar de estas dificultades, las organizaciones de derechos humanos siguen siendo una voz crítica y una defensa fundamental de los derechos humanos en Tucumán.
La intervención de la justicia federal, a través de investigaciones iniciadas a partir de las denuncias presentadas por las organizaciones de derechos humanos, podría ser clave para romper el círculo de impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la represión. Sin embargo, la independencia de la justicia federal también está en cuestión, y es necesario garantizar que las investigaciones se realicen de forma imparcial y transparente.
Implicaciones para la Democracia y los Derechos Humanos
La escalada de violencia en Tucumán tiene graves implicaciones para la democracia y los derechos humanos en Argentina. La represión de las protestas sociales, la criminalización de la protesta, y la impunidad de la policía socavan los principios fundamentales del estado de derecho y amenazan la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. La falta de garantías para el ejercicio de estos derechos básicos puede conducir a una erosión de la democracia y a un aumento de la polarización social.
La situación en Tucumán también plantea interrogantes sobre el rol de las fuerzas de seguridad y la necesidad de una reforma policial integral. Es necesario fortalecer los mecanismos de control sobre la policía, garantizar la capacitación de los efectivos en materia de derechos humanos, y promover una cultura de respeto a los derechos fundamentales. La rendición de cuentas de la policía ante la justicia y ante la sociedad es fundamental para prevenir la violencia policial y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.
La defensa de la democracia y los derechos humanos en Tucumán requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos y la justicia. Es necesario denunciar la represión, exigir responsabilidades a los responsables, y promover una cultura de respeto a los derechos fundamentales. La protección de los derechos humanos no es solo una cuestión de justicia, sino también una condición necesaria para la construcción de una sociedad más justa, libre y democrática.
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