Universidades Argentinas: Ley de Financiamiento Impulsa el Desarrollo y Salarios Docentes
La reciente sanción de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente a manos del Congreso de la Nación constituye, en la coyuntura actual, un nuevo hito en la defensa del sistema universitario argentino, señaló Javier Curcio, profesor Investigador Facultad de Ciencias Económicas UBA. Advirtió que la amenaza del veto presidencial -equivalente al dispuesto en 2024- expone las tensiones existentes entre el ordenamiento de las cuentas públicas y la preservación de la educación superior como política estratégica de desarrollo.
Objetivo de la Ley y Costo Fiscal
La norma tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento universitario a través de la actualización del valor real del presupuesto de las universidades nacionales, la recomposición salarial y el aumento de las becas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PIB.
Se trata de un esfuerzo relevante, aunque no desmesurado en comparación con otros rubros del gasto público afrontados por el gobierno nacional.
Evolución del Financiamiento Universitario
Javier Curcio señaló que para contextualizar la situación es importante señalar, en primer lugar, que desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en 2005, el financiamiento universitario proveniente del sector público nacional mostró una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo de 0,84% del PIB en 2017.
Desde entonces comenzó un sendero descendente que lo posicionó en 0,72% del PIB en 2023 y en 0,57% en 2024. Los datos del presupuesto vigente para 2025 (que fue prorrogado del ejercicio anterior sin contar con la aprobación del parlamento por segundo año consecutivo) señalan una proyección equivalente a 0,50% para 2025, de mantenerse los créditos actuales que no contemplan la recomposición dispuesta por la mencionada Ley.
Dicho en otras palabras, en los últimos 8 años el esfuerzo relativo del Estado para financiar a las universidades nacionales se habrá reducido en una proporción equivalente al 40% del máximo observado en 2017, retrotrayendo el nivel de inversión al de hace dos décadas.
Impacto del Retroceso en la Inversión
El retroceso mencionado -de acuerdo a lo explicado por el economista- implica, en la práctica, una disminución sostenida de la inversión en infraestructura edilicia y tecnológica, salarios docentes crecientemente rezagados y un deterioro progresivo en la calidad de los servicios que las universidades prestan a la comunidad.
Los hospitales universitarios, que cumplen una función esencial en la atención médica y al mismo tiempo en la formación de profesionales de la salud, enfrentan crecientes dificultades para sostener insumos básicos y equipos.
De igual modo, los programas de extensión, que acercan conocimiento y asistencia a comunidades en todo el país, ven restringida su capacidad de acción, con lo cual se limita uno de los principales puentes entre la universidad y la sociedad.
A ello se suma la insuficiencia de las becas estudiantiles que, reducidas en su cobertura real, restringen las oportunidades de los sectores de menores ingresos para completar sus estudios, debilitando el papel de la universidad como motor de movilidad social y equidad territorial.
Deterioro Salarial
Buena parte de la mencionada contracción fue absorbida por los salarios universitarios que sufrieron un deterioro significativo en comparación con la inflación y con otros sectores que fueron ajustados en menor magnitud.
Tomando como punto de partida el comienzo de la gestión actual de gobierno, se observa una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de UUNN cercana al 30% hasta el mes de junio de 2025. Dicho ajuste más que duplica al de los trabajadores del sector público en general (que se deterioró 14,4% en el mismo período) y es 50 veces más fuerte que el del sector privado registrado, donde los incrementos salariales
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