Usurpación del ex Instituto Perón: Ministerio de Capital Humano se suma como querellante y apunta a Grabois.
El 7 de junio de 2025, la Ciudad de Buenos Aires fue testigo de un evento que desató una controversia legal y política: la ocupación del edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2593/2601. Este incidente, protagonizado por un grupo de aproximadamente setenta personas lideradas por Juan Grabois, no solo implicó una violación a la propiedad pública, sino que también puso en tela de juicio las dinámicas de protesta social y la respuesta del Estado. El Ministerio de Capital Humano, al ser reconocido como parte querellante en la causa judicial, ha asumido un rol central en la búsqueda de justicia y en la defensa del patrimonio público. Este artículo analizará en profundidad los detalles de la ocupación, el proceso legal en curso, los actores involucrados y las implicaciones de este caso para el futuro de las protestas y la gestión de bienes públicos en Argentina.
- Contexto Histórico y el Edificio del Ex Instituto Perón
- La Ocupación del 7 de Junio: Detalles del Incidente
- El Rol de Juan Grabois y Otros Actores Involucrados
- La Intervención Judicial y el Reconocimiento del Ministerio de Capital Humano como Parte Querellante
- Implicaciones Legales y Políticas de la Ocupación
Contexto Histórico y el Edificio del Ex Instituto Perón
El edificio en cuestión, ubicado en Austria 2593/2601, tiene una rica historia ligada al peronismo y a la formación política y sindical en Argentina. Originalmente construido como el Instituto Juan Domingo Perón, sirvió como centro de capacitación y debate durante el gobierno de Juan Domingo Perón, promoviendo los principios de la justicia social y la soberanía nacional. Tras décadas de cambios políticos y económicos, el instituto fue disuelto y el edificio pasó por diferentes manos y usos, incluyendo la instalación de un bar temático llamado “Un Café con Perón”. A pesar de su transformación, el edificio conservaba un fuerte valor simbólico para diversos sectores de la sociedad, especialmente para aquellos que se identifican con el legado peronista. La ocupación del edificio, por lo tanto, no puede entenderse sin considerar su significado histórico y su potencial como espacio de memoria y reivindicación política.
En los años recientes, el edificio había sido objeto de debate sobre su futuro uso. Diferentes organizaciones sociales y políticas habían expresado su interés en recuperarlo como un centro cultural y educativo, dedicado a la promoción de los valores peronistas y a la formación de nuevos líderes sociales. Sin embargo, estas iniciativas no habían logrado concretarse debido a la falta de acuerdo entre las partes involucradas y a la complejidad de los trámites administrativos. La ocupación del 7 de junio de 2025, en este contexto, puede interpretarse como una forma de presión para acelerar la recuperación del edificio y darle un nuevo destino acorde con su historia y su significado simbólico.
La Ocupación del 7 de Junio: Detalles del Incidente
El 7 de junio de 2025, un grupo de aproximadamente setenta personas, lideradas por Juan Grabois, irrumpió en el edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón. El ingreso se produjo mediante la rotura de una puerta de blindex que comunicaba las dependencias del edificio con el bar temático “Un Café con Perón”. Según los testimonios y las pruebas recabadas por la investigación, la ocupación no fue un acto espontáneo, sino que fue cuidadosamente planificada y coordinada por Grabois y sus colaboradores. Una vez dentro, los manifestantes profirieron consignas contra el Gobierno, desconocieron la disolución del Instituto y manifestaron su intención de “resistir” y “defender el lugar”.
La ocupación fue transmitida en directo a través de las redes sociales de Juan Grabois, lo que permitió a sus seguidores y simpatizantes seguir de cerca los acontecimientos y expresar su apoyo a la iniciativa. En las imágenes y videos difundidos, se podía observar a los manifestantes instalando carteles y pancartas con mensajes reivindicativos, organizando asambleas y debates, y preparando espacios para la convivencia y la actividad política. La transmisión en vivo también sirvió para denunciar la supuesta represión policial y para movilizar a más personas en apoyo a la ocupación. La presencia de legisladores como Itai Hagman y Natalia Zaracho acompañando la ocupación ilegal, según denuncia el Ministerio de Capital Humano, añade una capa de complejidad política al incidente.
El Rol de Juan Grabois y Otros Actores Involucrados
Juan Grabois, líder del movimiento “Conflicto y Unidad Popular”, es una figura central en este caso. El Ministerio de Capital Humano sostiene que Grabois no actuó como un mero asistente, sino que desempeñó un rol activo en la planificación y ejecución de la ocupación. Según la denuncia, Grabois fue el principal impulsor de la iniciativa, coordinando a los manifestantes, dirigiendo las acciones y utilizando sus redes sociales para difundir información y movilizar apoyo. Grabois, conocido por su activismo social y su crítica al sistema político y económico, ha defendido la ocupación como una forma legítima de protesta y de reivindicación de los derechos de los trabajadores y los sectores populares.
La presencia de los legisladores Itai Hagman y Natalia Zaracho en la ocupación también ha generado controversia. Si bien ambos legisladores han manifestado su apoyo a la iniciativa, argumentando que se trata de una forma de defender el patrimonio público y de promover la memoria histórica, sus acciones han sido cuestionadas por algunos sectores de la oposición, que los acusan de incitar a la violencia y de apoyar actos ilegales. La participación de legisladores en una ocupación ilegal plantea interrogantes sobre los límites de la protesta política y sobre la responsabilidad de los representantes electos en el cumplimiento de la ley.
La Intervención Judicial y el Reconocimiento del Ministerio de Capital Humano como Parte Querellante
Tras la ocupación del edificio, la Justicia intervino para investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la causa, ordenó la realización de peritajes y la toma de testimonios de los testigos y los involucrados. En su resolución del día de la fecha, Ramos sostuvo que el Ministerio de Capital Humano reúne los requisitos establecidos en los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación para ser tenido como parte querellante, con plenas facultades para impulsar el proceso hasta la condena de los responsables. Este reconocimiento implica que el Ministerio de Capital Humano podrá presentar pruebas, realizar interrogatorios, impugnar las pruebas de la defensa y solicitar las sanciones correspondientes.
La decisión del juez Ramos de reconocer al Ministerio de Capital Humano como parte querellante ha sido interpretada como un respaldo a la defensa del patrimonio público y al cumplimiento de la ley. El Ministerio ha manifestado su satisfacción por esta decisión y ha reafirmado su compromiso con la persecución penal de los responsables de la ocupación. La intervención judicial, en este contexto, se presenta como una herramienta fundamental para garantizar el orden público y para proteger los derechos de propiedad y la seguridad jurídica.
Implicaciones Legales y Políticas de la Ocupación
La ocupación del edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón plantea una serie de implicaciones legales y políticas. Desde el punto de vista legal, los ocupantes podrían ser acusados de delitos como allanamiento de morada, daño a la propiedad, resistencia a la autoridad y disturbios. Las penas previstas para estos delitos varían según la gravedad de los hechos y la participación de cada uno de los involucrados. Desde el punto de vista político, la ocupación ha generado un debate sobre los límites de la protesta social, la legitimidad de la desobediencia civil y la responsabilidad de los líderes políticos en el fomento de la violencia.
El caso también ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer criterios claros y transparentes para la gestión de los bienes públicos y para la resolución de los conflictos relacionados con su uso y destino. La falta de acuerdo entre las partes involucradas y la complejidad de los trámites administrativos pueden generar situaciones de incertidumbre y de frustración, que pueden desembocar en actos de protesta y de violencia. La ocupación del edificio del ex Instituto Perón, en este sentido, puede servir como un llamado de atención para que el Estado adopte medidas más efectivas para garantizar el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica.
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