Valentina Bassi clama por la ley de Discapacidad: Abandono y crueldad ante el veto de Milei
El reciente veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad ha desatado una ola de indignación y desesperación entre las familias y organizaciones que representan a las personas con discapacidad en Argentina. La ley, aprobada por unanimidad en el Senado, buscaba paliar una situación cada vez más crítica, marcada por la desactualización de los honorarios de los profesionales de la salud, la dificultad para acceder a tratamientos y traslados, y el riesgo de cierre de escuelas especializadas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, se ha convertido en una de las voces más resonantes en la defensa de esta ley, denunciando el abandono y la crueldad que, según ella, implica la decisión del gobierno. Este artículo explora en profundidad la problemática, las consecuencias del veto, y las demandas de las familias afectadas.
El Contexto de la Emergencia: Una Realidad Ignorada
La situación de las personas con discapacidad en Argentina ha sido históricamente precaria, pero en los últimos meses se ha agravado significativamente debido a la crisis económica y la falta de políticas públicas efectivas. La inflación galopante ha erosionado el poder adquisitivo de las familias, dificultando el acceso a los servicios básicos necesarios para el cuidado y la rehabilitación de sus seres queridos. Los honorarios de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad –terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.– no se actualizan desde hace meses, lo que ha llevado a muchos de ellos a reducir su atención o a abandonar la profesión. Esto genera una brecha enorme en el acceso a la salud y a la rehabilitación, afectando especialmente a las familias de bajos recursos.
Además de la falta de recursos económicos, las familias enfrentan obstáculos burocráticos y administrativos para acceder a los beneficios y programas sociales a los que tienen derecho. La demora en la aprobación de las asignaciones familiares, la dificultad para obtener turnos en los centros de salud, y la falta de información clara y accesible son algunos de los problemas más comunes. Esta situación genera un círculo vicioso de exclusión y marginalización, que impide a las personas con discapacidad desarrollar todo su potencial y participar plenamente en la sociedad.
La Ley de Emergencia en Discapacidad: Una Esperanza Vetada
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por unanimidad en el Senado a mediados de julio, representaba una luz de esperanza para las familias y organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. La ley contemplaba una serie de medidas urgentes para paliar la situación de crisis, como la actualización de los honorarios de los profesionales, la creación de un fondo especial para financiar programas de atención y rehabilitación, y la protección de las escuelas especializadas. También establecía la necesidad de revisar y actualizar el marco legal que regula la discapacidad, para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
El veto del presidente Milei a la ley ha generado una profunda decepción y frustración entre las familias y organizaciones. El gobierno argumenta que la ley es fiscalmente inviable y que podría generar un descalabro en las finanzas públicas. Sin embargo, los defensores de la ley sostienen que el costo de no actuar es mucho mayor, ya que la falta de atención y rehabilitación puede generar problemas de salud más graves y costosos a largo plazo. Además, argumentan que la ley no representa un gasto adicional significativo, sino una reasignación de recursos existentes.
Valentina Bassi: Una Voz que Resuena en la Lucha
Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, se ha convertido en una de las figuras más visibles en la defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Su testimonio, cargado de emoción y desesperación, ha conmovido a la opinión pública y ha puesto de manifiesto la realidad que enfrentan las familias afectadas. Bassi ha denunciado el abandono y la crueldad del gobierno, y ha exigido a los legisladores que escuchen las demandas de las familias y rechacen el veto presidencial.
En sus declaraciones públicas, Bassi ha relatado las dificultades que enfrenta su familia para acceder a los servicios necesarios para el cuidado de su hijo. Ha denunciado la falta de profesionales disponibles, la demora en la obtención de turnos, y el alto costo de los tratamientos y terapias. También ha advertido sobre el riesgo de cierre de las escuelas especializadas, que son fundamentales para la inclusión educativa de los niños con discapacidad. Su testimonio ha servido para visibilizar la problemática y para generar conciencia sobre la importancia de proteger los derechos de las personas con discapacidad.
El Impacto del Veto en la Vida Cotidiana
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene consecuencias directas e inmediatas en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias. La desactualización de los honorarios de los profesionales ha llevado a muchos de ellos a reducir su atención o a abandonar la profesión, lo que dificulta el acceso a la salud y a la rehabilitación. La falta de recursos económicos impide a las familias costear los tratamientos y terapias necesarias, lo que puede generar un deterioro en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El riesgo de cierre de las escuelas especializadas es otra de las consecuencias más preocupantes del veto. Estas escuelas son fundamentales para la inclusión educativa de los niños con discapacidad, ya que ofrecen un ambiente adaptado a sus necesidades y les brindan el apoyo necesario para desarrollar todo su potencial. El cierre de estas escuelas obligaría a muchos niños a abandonar sus estudios, lo que limitaría sus oportunidades de futuro. Además, el veto dificulta el funcionamiento de los talleres protegidos, donde las personas con discapacidad pueden adquirir habilidades laborales y desarrollar su autonomía.
El ejemplo del taller protegido mencionado por Bassi ilustra la gravedad de la situación. La disparidad entre el salario de los trabajadores con discapacidad y el costo del combustible para el transporte dificulta el acceso a la terapia y a la escuela. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas que garanticen la inclusión social y económica de las personas con discapacidad.
Las Demandas de las Familias y Organizaciones
Las familias y organizaciones que representan a las personas con discapacidad han realizado una serie de demandas al gobierno y al Congreso. Exigen el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y la pronta implementación de las medidas contempladas en la ley. También solicitan la actualización de los honorarios de los profesionales, la creación de un fondo especial para financiar programas de atención y rehabilitación, y la protección de las escuelas especializadas.
Además, exigen una revisión y actualización del marco legal que regula la discapacidad, para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Solicitan una mayor participación de las personas con discapacidad y sus familias en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que les afectan. Y, finalmente, exigen un mayor compromiso del gobierno con la inclusión social y económica de las personas con discapacidad.
La invitación de Bassi a los legisladores a ponerse en los zapatos de las familias afectadas es un llamado a la empatía y a la responsabilidad. La necesidad de que los senadores y diputados bajen a la calle y escuchen las demandas de las personas con discapacidad es un llamado a la acción. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad es una lucha por la justicia social y por la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.
Artículos relacionados