Vecinalista Atacada Señala a la Banda del Gordo Mandinga en Juicio por Sicariato en Chubut
El atentado contra Johana Díaz, presidenta de la vecinal del barrio Planta de Gas en Trelew, Chubut, ha destapado una trama de violencia arraigada en la provincia, vinculada a una poderosa familia criminal conocida como la “Banda del Gordo Mandinga”. Este caso, que culmina con un juicio por jurados, no solo pone en riesgo la vida de una líder comunitaria, sino que expone las profundas heridas sociales y la impunidad que parecen favorecer a los grupos delictivos en la región. La acusación directa de Díaz hacia la familia Tolosa, como autores intelectuales del ataque, ha añadido una capa de complejidad al proceso judicial, revelando viejas rencillas carcelarias y una escalada de violencia que amenaza la seguridad de la comunidad.
- El Atentado y la Identificación de los Sospechosos
- La “Banda del Gordo Mandinga”: Un Linaje Criminal en Chubut
- Las Viejas Rencillas Carcelarias: El Detonante del Ataque
- Los Alegatos Finales: Acusación y Defensa en Confrontación
- La Voz de la Víctima: Miedo, Decepción y Desconfianza en la Justicia
- Contradicciones en las Declaraciones y la Inocencia Reafirmada
El Atentado y la Identificación de los Sospechosos
En octubre de 2023, Johana Díaz y su esposo, Carlos Sáez, fueron víctimas de un ataque a sangre fría. Mientras circulaban en su vehículo, fueron interceptados y baleados por individuos que dispararon quince veces contra el automóvil, a pocos metros de una escuela. Díaz sufrió un impacto de bala en la cabeza, milagrosamente sobreviviendo por apenas dos centímetros. Sáez, a pesar de estar herido, logró identificar a los agresores, desencadenando una investigación que apuntó rápidamente a Fernando y Brandon Artiles, acusados de actuar como sicarios.
La rápida identificación de los Artiles por parte de Sáez fue crucial para el avance de la investigación. Sin embargo, la verdadera magnitud del caso se reveló cuando Díaz, durante sus declaraciones en el juicio, señaló a la familia Tolosa, alias la “Banda del Gordo Mandinga”, como los cerebros detrás del atentado. Esta acusación no solo amplió el alcance de la investigación, sino que también expuso una red de poder y violencia que opera en la provincia de Chubut.
La “Banda del Gordo Mandinga”: Un Linaje Criminal en Chubut
La familia Tolosa, conocida como la “Banda del Gordo Mandinga”, es un nombre que infunde temor en la provincia de Chubut. Se les atribuyen numerosos delitos, incluyendo el robo de ganado, la apropiación ilegal de campos y la extorsión. Su poder se basa en una estructura familiar sólida y en la capacidad de intimidación que ejercen sobre la comunidad. La banda ha logrado operar con relativa impunidad durante años, aprovechando las debilidades del sistema judicial y la falta de recursos para combatir el crimen organizado.
La historia de la “Banda del Gordo Mandinga” se remonta a varias generaciones atrás. Se dice que el fundador, apodado “El Gordo Mandinga”, estableció las bases de un imperio criminal basado en el control del territorio y la explotación de los recursos naturales. Sus descendientes han continuado con su legado, expandiendo sus actividades delictivas y consolidando su poder en la región. La banda ha logrado infiltrarse en diversos sectores de la sociedad, incluyendo la política y la economía, lo que les ha permitido mantener su influencia y evadir la justicia.
Las Viejas Rencillas Carcelarias: El Detonante del Ataque
Según el testimonio de Johana Díaz, el ataque contra ella y su esposo fue una represalia por viejas rencillas originadas en la cárcel entre Carlos Sáez y Luciano Tolosa. Durante su tiempo en prisión, Sáez y Tolosa se enfrentaron por disputas territoriales y diferencias ideológicas. Tolosa, resentido por estos conflictos, habría ordenado a los hermanos Artiles que atentaran contra la vida de Díaz y Sáez como una forma de venganza.
Esta conexión carcelaria añade una dimensión particularmente oscura al caso. Revela cómo las disputas internas en las prisiones pueden extenderse al exterior, generando violencia y poniendo en riesgo la vida de personas inocentes. La facilidad con la que Tolosa pudo supuestamente contratar a sicarios desde la cárcel plantea serias interrogantes sobre la seguridad de los centros penitenciarios y la capacidad de las autoridades para controlar las actividades delictivas dentro de sus muros.
Los Alegatos Finales: Acusación y Defensa en Confrontación
Durante los alegatos finales del juicio, el fiscal Gustavo Núñez presentó pruebas contundentes que apuntan a la culpabilidad de los hermanos Artiles, acusándolos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Núñez destacó la brutalidad del ataque, enfatizando que Díaz se salvó de la muerte por apenas dos centímetros. También resaltó la identificación inmediata de los agresores por parte de Sáez, a pesar de estar herido.
Por otro lado, la defensa, a cargo de Gladys Olavarría, rechazó rotundamente la versión de la fiscalía. Olavarría argumentó que Fernando Artiles se encontraba trabajando en el campo de los Tolosa el día del ataque, mientras que Brandon estaba realizando tareas de albañilería en otro punto de la ciudad. La defensora también cuestionó la credibilidad del testimonio de Díaz y Sáez, señalando contradicciones en sus declaraciones. Además, argumentó que la pericia forense indica que solo hubo un tirador, lo que sugiere que uno de los imputados es inocente.
La Voz de la Víctima: Miedo, Decepción y Desconfianza en la Justicia
Johana Díaz, visiblemente afectada, compartió su angustia y frustración durante su intervención en el juicio. A través de lágrimas y enojo, reveló que vive con miedo desde hace dos años y que había confiado en la justicia para obtener respuestas, pero se siente profundamente decepcionada. Expresó su temor de que los Artiles reciban una pena leve y que no pasen mucho tiempo en prisión.
La declaración de Díaz refleja la desconfianza generalizada en el sistema judicial que existe en muchas comunidades afectadas por la violencia. Su sentimiento de impotencia y desesperanza es comprensible, dado el historial de impunidad que ha caracterizado a la “Banda del Gordo Mandinga” y otros grupos delictivos en la provincia de Chubut. Su decisión de solicitar un juicio por jurados, en lugar de un juicio ante un juez común, demuestra su convicción de que solo un jurado popular puede garantizar un veredicto justo y equitativo.
Contradicciones en las Declaraciones y la Inocencia Reafirmada
El proceso judicial estuvo marcado por un constante contrapunto entre las partes. Olavarría acusó a Díaz y Sáez de mentir, señalando contradicciones en sus testimonios. Recordó que Sáez, en su declaración ante el tribunal, negó conocer a los hermanos Artiles, a pesar de haberlos guiado previamente a su domicilio. La defensora argumentó que Sáez siempre quiso culpar a los Artiles, independientemente de la verdad.
Al final del juicio, los imputados reafirmaron su inocencia, negando cualquier participación en el atentado contra Johana Díaz y Carlos Sáez. Mientras tanto, el jurado popular se retiró a deliberar, con la responsabilidad de determinar el destino de los hermanos Artiles y de enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la violencia y la impunidad en la provincia de Chubut. La espera del veredicto se prolonga, generando tensión y expectativas en la comunidad.
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