Vialidad Nacional: Freno Judicial Salva Empleos y Rutas en Santa Cruz
La reciente medida cautelar dictada por un Juzgado Federal de San Martín ha frenado, al menos temporalmente, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), generando un respiro para sus 160 trabajadores en el Distrito Santa Cruz y, por extensión, para la infraestructura vial crítica de la provincia. Este fallo, impulsado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central (SEVINA), no solo representa una victoria legal para los empleados, sino que también pone de manifiesto las tensiones entre las políticas de ajuste gubernamental y la protección de los derechos laborales y la continuidad de servicios esenciales. El decreto 461/2025, que pretendía desmantelar la DNV y transferir sus funciones a otras entidades, ha sido suspendido en su ejecución por un período de seis meses, permitiendo un análisis más profundo de sus implicaciones y una posible renegociación.
- El Contexto Legal: Ley Bases y el Decreto 461/2025
- Los Argumentos de SEVINA: Defensa de los Derechos Laborales y la Estabilidad
- La Decisión Judicial: Verosimilitud del Derecho y Peligro en la Demora
- Impacto en Santa Cruz: Rutas Abandonadas y la Necesidad de Vialidad Nacional
- El Futuro de la DNV: Posibles Escenarios y Negociaciones
El Contexto Legal: Ley Bases y el Decreto 461/2025
La disputa legal se originó en el marco de la Ley N.º 27.742, conocida como “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que delegaba facultades al Poder Ejecutivo para llevar a cabo reformas estructurales. SEVINA argumentó inicialmente que la DNV estaba excluida del ámbito de aplicación de esta ley. Sin embargo, la demanda se amplió tras la publicación del Decreto 461/2025, que concretaba la disolución de la DNV y la transferencia de sus competencias al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. El sindicato denunció que este decreto violaba los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que garantizan la estabilidad laboral de los empleados de Vialidad Nacional.
El núcleo del conflicto reside en los artículos 32 y 33 del Decreto 461/2025. El artículo 32 establecía una condición provisoria para la estabilidad del personal, lo que, según SEVINA, vulneraba las garantías laborales existentes. El artículo 33, por su parte, subordinaba cualquier movimiento de personal a la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, lo que se consideró una intromisión en la autonomía sindical y una violación del principio de estabilidad laboral. La jueza consideró que estos artículos, en conjunto, creaban una situación de incertidumbre jurídica y ponían en riesgo los derechos de los trabajadores.
Los Argumentos de SEVINA: Defensa de los Derechos Laborales y la Estabilidad
La estrategia legal de SEVINA se centró en la defensa de los derechos laborales consagrados en los CCT N° 874/07 "E" y N° 827/06 "E", que garantizan la estabilidad plena e inamovilidad de los agentes de la DNV. El sindicato argumentó que la centralización del poder decisorio sobre traslados y destinos del personal vaciaba el sistema de garantías convencionales. Además, invocó la Constitución Nacional y los Convenios de la OIT (N.º 87, 98 y 151), que protegen el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva. SEVINA enfatizó que el Estado, como empleador, no puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo protegidas por normas colectivas vigentes.
La defensa de SEVINA no se limitó a los aspectos laborales. El sindicato también argumentó que la disolución de la DNV afectaría la capacidad del Estado para llevar a cabo la gestión y el mantenimiento de la red vial nacional, especialmente en provincias como Santa Cruz, donde la infraestructura vial se encuentra en un estado precario. La continuidad operativa de la DNV se consideró crucial para la conectividad y el desarrollo económico de la región. La jueza, al considerar los argumentos de SEVINA, reconoció la "vulnerabilidad social" de los trabajadores y la necesidad de una especial consideración cautelar.
La Decisión Judicial: Verosimilitud del Derecho y Peligro en la Demora
El Juzgado Federal de San Martín hizo lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por SEVINA, basándose en dos pilares fundamentales: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora (periculum in mora). La jueza consideró que SEVINA había demostrado la existencia de un derecho legítimo a la protección de los derechos laborales y sindicales, y que la ejecución del Decreto 461/2025 podría causar un daño irreparable a los trabajadores y a la infraestructura vial nacional.
La jueza destacó que, al haberse dictado el decreto, la ejecución solo dependía de actos administrativos posteriores, lo que ponía al personal en una condición de inestabilidad jurídica que violentaba la normativa convencional vigente. La decisión judicial subraya que la redacción del artículo 32 del Decreto 461/2025, al disponer una condición provisoria y transitoria para la estabilidad del personal, vulnera normas y garantías laborales vigentes. Asimismo, el artículo 33, al subordinar todo movimiento de personal a la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, vulnera el principio de estabilidad y los derechos laborales y sindicales.
Impacto en Santa Cruz: Rutas Abandonadas y la Necesidad de Vialidad Nacional
La medida cautelar tiene una relevancia particular para la provincia de Santa Cruz, donde 1400 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo la emblemática Ruta N° 40 y la Ruta N° 3, se encuentran en un estado de abandono en cuanto a mantenimiento. La Ruta N° 40, en particular, presenta un deterioro significativo en muchos tramos, lo que dificulta el transporte de personas y mercancías y afecta la economía de la región. La continuidad operativa de la DNV es esencial para la conservación y el desarrollo de estas vías vitales para la conectividad y el crecimiento económico.
La disolución de Vialidad Nacional, según se temía, habría dejado a la provincia sin la capacidad técnica y operativa necesaria para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación de la red vial. La transferencia de funciones a otras entidades, como el Ministerio de Economía y la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, se consideró insuficiente para garantizar la atención adecuada de las necesidades de Santa Cruz. La medida cautelar, por lo tanto, ha evitado una situación que podría haber agravado aún más el estado de la infraestructura vial provincial.
La preocupación en Santa Cruz no se limitaba al impacto en la infraestructura vial. La anunciada disolución de Vialidad Nacional también generó incertidumbre entre los trabajadores de la provincia, que temían perder sus empleos y sus derechos laborales. La medida cautelar ha brindado un alivio temporal a estos trabajadores, permitiéndoles continuar desempeñando sus funciones y protegiendo sus fuentes de ingresos. La situación, sin embargo, sigue siendo incierta, ya que la medida cautelar tiene una vigencia limitada de seis meses.
El Futuro de la DNV: Posibles Escenarios y Negociaciones
Con la medida cautelar en vigor, el Gobierno Nacional se encuentra ante la necesidad de reevaluar su estrategia en relación con la DNV. La suspensión de la ejecución del Decreto 461/2025 abre la puerta a posibles negociaciones con SEVINA y otros sindicatos del sector. El objetivo de estas negociaciones podría ser encontrar una solución que permita garantizar la estabilidad laboral de los empleados de Vialidad Nacional y la continuidad de los servicios esenciales que presta la DNV.
Uno de los escenarios posibles es la modificación del Decreto 461/2025, incorporando garantías para la estabilidad laboral de los empleados y asegurando la continuidad de las funciones de la DNV. Otra opción podría ser la creación de una nueva entidad que asuma las competencias de Vialidad Nacional, pero con una estructura que proteja los derechos de los trabajadores y garantice la eficiencia en la gestión de la red vial. La decisión final dependerá de la voluntad política del Gobierno Nacional y de la capacidad de negociación de las partes involucradas.
Es importante destacar que la medida cautelar no implica la anulación definitiva del Decreto 461/2025. La jueza simplemente ha suspendido su ejecución por un período de seis meses, lo que permite un análisis más profundo de sus implicaciones y una posible renegociación. Al término de este período, el Gobierno Nacional podrá retomar la ejecución del decreto, a menos que se haya llegado a un acuerdo con SEVINA y otros sindicatos. La situación, por lo tanto, sigue siendo fluida y requiere un seguimiento constante.
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